Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Noviembre de 2007. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Vs. Perú. Serie C No. 174

Ponente:Cançado Trindade
Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2007
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Vs. Perú
Acto:Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

  1. Lamento no poder compartir la decisión tomada por la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la presente Sentencia de Interpretación en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. La Corte ha declarado inadmisible en su totalidad la demanda de interpretación sometida por los peticionarios en el cas d'espèce por haber entendido, a mi juicio equivocadamente, que dicha demanda no presenta cuestión alguna acerca del "sentido y alcance" de su anterior Sentencia (del 24.11.2006) sobre el fondo y las reparaciones en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso.

  2. La referida demanda, sin embargo, presenta, en su punto 7(a)[1], un planteamiento que considero de la mayor relevancia, que incide sobre una cuestión que, en mi entendimiento, tiene relación directa con la Sentencia sobre el fondo y las reparaciones en el presente caso, y que, además, pertenece - tal como he sostenido en el seno de esta Corte - al dominio del jus cogens: la cuestión del derecho de acceso a la justicia, a abarcar sus aspectos tanto formal como material, culminando en la prestación jurisdiccional o la realización de la justicia. Al fundamentar mi firme discrepancia con la mayoría de la Corte en la presente Sentencia, procederé, de inicio, a mis consideraciones preliminares.

    1. C.P..

  3. Al puro inicio de mi Voto Razonado en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre fondo y reparaciones (del 24.11.2006) en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, señalé que había concurrido con mi voto a la adopción de dicha Sentencia, "aunque la solución de este caso no me satisfaga" (párr. 1); en seguida, agregué "algunas precisiones de orden conceptual" (párrs. 1-7), bajo la presión acelerada del tiempo que se ha recientemente impuesto al proceso decisorio de la Corte. En nada me sorprende que los peticionarios hayan interpuesto una demanda de Interpretación de Sentencia (escrito del 05.02.2007, pp. 1-2), aunque pudieron haberlo redactado de forma más cuidadosa y refinada.

  4. Dos otros escritos fueron presentados a la Corte en el presente procedimiento de Interpretación de Sentencia: uno por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (del 01.08.2007, pp. 1-3), en que concluye que la presente demanda "no constituye propiamente un recurso de interpretación" pero sin razonar satisfactoriamente y sin demostrar por que llegó a esta conclusión, - y otro escrito por el Estado demandado (del 31.07.2007, pp. 1-3), en que proporcionó debidamente a la Corte, en lenguaje adecuado, todos los datos que consideró pertinentes para la deliberación de la Corte sobre la presente demanda de interpretación, sin impugnar esta última.

  5. Como la Corte Interamericana, en la presente Sentencia de Interpretación, ha sido, a mi juicio, sumamente sumaria y reticente, y ha dejado de aclarar el punto 7(a) de la demanda de los peticionarios, que incide en una materia - el acceso a la justicia - que, en mi entender, pertenece al dominio del jus cogens, - me permito agregar a dicha Sentencia mi presente Voto Disidente, en el cual dejo constancia de mis reflexiones como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada. Centraré mis reflexiones en cuatro cuestiones a la cuales atribuyo la mayor relevancia, que se desprenden del presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, a saber: a) el ejercicio del control de convencionalidad; b) las obligaciones convencionales de protección como obligaciones de resultado; c) la configuración de la responsabilidad del Estado en los planos del derecho interno y del derecho internacional; y d) el acceso a la justicia y la ampliación del contenido material del jus cogens. El campo estará entonces abierto a la presentación de mis consideraciones y advertencias finales.

    1. El Ejercicio del Control de Convencionalidad.

  6. El derecho público interno esperó más de un par de siglos para alcanzar un grado de cohesión y jerarquización de modo a dotarse de un mecanismo de control de "constitucionalidad" de las leyes y los actos administrativos[2]. Dicho control pasó a ser un medio para la protección de los derechos de la ciudadanía en general, y a fortiori, de todas las personas bajo la jurisdicción estatal, en un Estado de Derecho[3]. Estos desarrollos en el derecho interno repercutieron, como no podría dejar de ocurrir, en la doctrina jusinternacionalista, que de ellos tomó nota[4]. A partir de mediados del siglo XX se pasó a hablar de "internacionalización" del derecho constitucional, y más recientemente, en las dos últimas décadas, de "constitucionalización" del Derecho Internacional.

  7. Una y otra corrientes de pensamiento fomentaron una mayor cohesión en el ordenamiento jurídico, y ambas una mayor interacción entre los ordenamientos jurídicos internacional e interno en la protección de los derechos humanos[5]. En el marco de esta más amplia dimensión doctrinal, se vino a reconocer que, en el plano internacional propiamente dicho, los tratados de derechos humanos tienen una dimensión "constitucional", aquí mencionada no en sentido de su posición en la jerarquía de normas en el derecho interno, que de todos modos está rehén de lo que determinan las constituciones nacionales proyectándose de ahí con variaciones al orden internacional, sino más bien en el sentido mucho más avanzado de que construyen, en el propio plano internacional, un orden jurídico constitucional de respeto a los derechos humanos.

  8. La Corte Europea de Derechos Humanos, al referirse a la Convención Europea de Derechos Humanos, utilizó efectivamente la expresión "instrumento constitucional del orden público europeo (`instrument constitutionnel de l'ordre public européen')" en el caso L. versus Turquía (Excepciones Preliminares, 1995, párr. 75), y la Corte Interamericana comenzó a pronunciarse al respecto en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (fondo y reparaciones, Sentencia del 24.11.2006); podía y debía ahora haber desarrollado su razonamiento en la presente Sentencia de Interpretación, para aclarar su posición en atención al punto 7(a) de la demanda de Interpretación de Sentencia presentada (el 05.02.2007) por los peticionarios en el cas d'espèce. Para eso, cuenta con una disposición-clave de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 2, - que no encuentra paralelo en la Convención Europea de Derechos Humanos, - la cual puede promover la referida "constitucionalización".

  9. La "constitucionalización" del Derecho Internacional (un nuevo desafío a la ciencia jurídica contemporánea) es, a mi juicio, mucho más significativa que la atomizada y variable "internacionalización" del Derecho Constitucional (esta última, ya estudiada hace más de cinco décadas). El artículo 2 de la Convención Americana, en virtud del cual los Estados Partes están obligados a armonizar su ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la Convención Americana, abre efectivamente la posibilidad de un "control de convencionalidad", con miras a determinar si los Estados Partes han efectivamente cumplido o no la obligación general del artículo 2 de la Convención Americana, así como la del artículo 1(1).

  10. De ese modo, se puede alcanzar un ordre public internacional con mayor cohesión de respeto a los derechos humanos. La "constitucionalización" de los tratados de derechos humanos, a mi juicio, acompaña, así, pari passu, el control de su convencionalidad. Y este último puede ser ejercido por los jueces de tribunales tanto nacionales como internacionales, dada la interacción entre los órdenes jurídicos internacional y nacional en el presente dominio de protección.

  11. P., a continuación, recordar que, en mi Voto Razonado en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (fondo y reparaciones, Sentencia del 24.11.2006), señalé que

    "Como vengo sosteniendo hace tantos años, los recursos efectivos de derecho interno, a los cuales se refieren expresamente determinadas disposiciones de los tratados de derechos humanos, integran la propia protección internacional de los derechos humanos[6]. (...)

    (...) Los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. El caso de los Trabajadores Cesados del Congreso plantea la cuestión, para estudios futuros sobre el tema del acceso a la justicia, si la falta de claridad en cuanto al conjunto de los recursos internos puede también conllevar a una denegación de justicia.

    Me permito aquí recordar que, en mi Voto Razonado en el reciente caso G. y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), señalé que la Corte dio, en aquel caso, un paso adelante en cuanto a las prohibiciones del jus cogens, en el sentido en que yo venía propugnando hace ya algún tiempo en el seno del Tribunal[7], al reconocer que dicho derecho imperativo abarca igualmente el derecho de acceso a la justicia lato sensu, o sea, el derecho a la prestación jurisdiccional plena. (...)" (párrs. 2-4).

  12. Me permito agregar, en la misma línea de pensamiento, dos breves puntos adicionales atinentes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero, el ejercicio del control de convencionalidad cabe, a mi juicio, como ya señalado, tanto a los jueces nacionales como a los internacionales (i.e., los de la Corte Interamericana). Es por eso que siempre he tenido una cierta dificultad con el puro renvoi de alguna cuestión pendiente ante la Corte a los órganos nacionales para la solución del diferendo, por entender que la Corte debería...

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