Taiwán y la Ley Anti-Secesión China (2005): ¿Fin del Status Quo?

AuthorMaría José Cervell Hortal
Pages475-481

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El 14 de marzo de 2005 el 10.º Congreso Popular Nacional chino adoptaba la Ley Anti-Secesión (http://www.china.org.cn/english/2005lh/122724.htm), cuyo artículo 8 contempla la posibilidad de emplear medios «no pacíficos» en el caso de que Taiwán adopte en el futuro algún tipo de medida encaminada a declarar su independencia.

Se reavivaban así viejas tensiones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial y no resueltas hasta la fecha de hoy. La ley ha removido los frágiles cimientos de las relaciones China-Taiwán y se ha convertido en la excusa y la ocasión para analizar conceptos como reconocimiento, libre determinación, integridad territorial y, por supuesto, prohibición del uso de la fuerza. Aunque resulte desalentador, es nuestro deber anunciar desde estas primeras líneas que no será posible aportar una solución satisfactoria a la situación: la de China-Taiwán es, como tantas, una cuestión en la que muchos intereses políticos andan en juego y en la que los argumentos jurídicos no siempre son factibles o ni siquiera deseados por las partes implicadas.

La Ley Anti-Secesión parte de un concepto esencial: la reintegración de Taiwán en China en aras de preservar su integridad territorial y soberanía y asegurar así la estabilidad en el estrecho que separa los dos territorios (art. 1). Los artículos 2 a 5 ofrecen la definición del status quo bajo la perspectiva china. Así, el artículo 2 parte de la existencia de una China bajo cuya soberanía se integra Taiwán, advirtiéndose que la independencia de éste no será nunca consentida. Resolver el problema (art. 3) es un asunto interno, que no admite por tanto la injerencia de fuerzas extrañas al mismo. Los artículos, como se habrá comprobado, parten de un hecho indiscutible: la negación absoluta de la independencia de Taiwán. El artículo 5 introduce otra de las posibilidades que durante años se han barajado para la solución del problema: la fórmula una China, dos sistemas, concediendo a Taiwán un alto nivel de autonomía y la posibilidad de regirse por un sistema diferente aunque, una vez más, sin hacer concesión alguna a la independencia. El artículo 6 establece las medidas propuestas para asegurar la paz y la estabilidad en la zona y promover las relaciones entre las dos entidades (intercambios de personas, cooperación económica, comercial, educativa, científica, cultural, en la lucha contra el crimen...). En el artículo 7 se aboga por la reunificación pacífica (a través de consultas), enumerando las materias que podrán ser objeto de negociación (fin de hostilidades, desarrollo de las relaciones entre las dos entidades, pasos a seguir en la reunificación, status jurídico de las autoridades de Taiwán,...).Page 476

De todos los artículos (10, en total), ha sido el 8 el más polémico, al afirmarse que la defensa de la integridad china se hará, de ser necesario, incluso mediante medidas que impliquen el uso de la fuerza «en el caso de que las fuerzas secesionistas de la independencia de Taiwán actuaran bajo cualquier denominación o medio para provocar la secesión de Taiwán respecto de China, o que incidentes mayores relacionados con la secesión de China tuvieran lugar o que las posibilidades de una reunificación pacífica se agotaran de manera definitiva».

La Ley Anti-Secesión saca a la luz el aparentemente eterno problema existente entre las dos entidades territoriales: la integridad territorial de China y el derecho a la libre determinación de Taiwán pero, ¿cuáles son los orígenes de la tensión entre ambos conceptos en el caso que nos ocupa? O planteado de otra manera: ¿está Taiwán realmente legitimado para ejercer el derecho a la libre determinación?

La respuesta exige remontarnos a los antecedentes históricos. La isla de Taiwán (Formosa, como la denominaron los portugueses que arribaron a sus costas en 1544) se integraba en los territorios controlados por la dinastía china Ming (la primera ocupación china de la isla se produjo en 1661). Por el Tratado de Shimonoseki (http://www.taiwandocuments.org/ shimonoseki01.htm), de 17 de abril de 1895, Japón, tras varios meses de conflicto con China, exigió la transmisión de Formosa (Taiwán), aceptando así, implícitamente, que se trataba de un territorio sometido hasta esa fecha a la soberanía de aquel Estado, extendiéndose el control japonés sobre la isla hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de El Cairo de 1943, firmada, por Reino Unido, China y Estados Unidos, recogía la intención de las partes de que Taiwán fuera devuelta a la República de China, reafirmando dos años más tarde la Declaración de Potsdam de 26 de julio (en la que se plasmaron los términos de la rendición de Japón) el mismo deseo (ambos textos, en http://www.yale.edu/lawweb/avalon). Los Tratados de Paz de 1951 y el firmado en 1952 entre China y Japón albergaban, por su parte, la renuncia de Japón a ejercer cualquier título de soberanía sobre Taiwán. La cuestión se complicó en 1949, cuando la revolución de Mao triunfó en el continente y los nacionalistas se refugiaron en la isla, sede desde entonces de la República de China, mientras que la República Popular de China se establecía en la zona continental. A partir de ese momento, la ya problemática situación se vio salpicada por otra serie de interrogantes: ¿dos Chinas, una comunista y continental y otra nacionalista e insular?; si así era, ¿cuál de ellas ejercería el derecho legítimo de soberanía sobre la isla?

La...

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