Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de Noviembre de 1997. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Serie C No. 35

Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 1997
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Suárez Rosero Vs. Ecuador
Acto:Fondo
Solicitante:El Salvador
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Castillo Páez Vs. Perú

Sentencia de 3 de noviembre de 1997

(Fondo)

En el caso C.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces: *

H.S.P., Presidente

Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Máximo Pacheco Gómez, J. y

A.A.B., Juez

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

V.M.R.R., S. adjunto a.i.

de acuerdo con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”), dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso.

I

  1. El 13 de enero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante esta Corte un caso contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) que se originó en la denuncia número 10.733, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de noviembre de 1990. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 26 y siguientes del Reglamento de la Corte entonces vigente[1]. La Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hubo violación de los siguientes artículos de la Convención: 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en concordancia con el artículo 1.1 de la misma Convención, por “el secuestro y posterior desaparición de E.R.C.P. por parte de la Policía Nacional del Perú en violación de la Convención”. En su demanda la Comisión también solicitó a la Corte que ordenara que el Estado llevase “a cabo las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los culpables” de dicha desaparición, que informara sobre el paradero del señor C.P. y que localizara y entregara sus restos a sus familiares. Además, pidió a la Corte declarar que el Estado “debe reparar plenamente, tanto material como moralmente, a los familiares de E.R.C.P. por el grave daño sufrido a consecuencia” de los hechos y que debe “compensar material y moralmente al Dr. Augusto Zúñiga Paz por los daños sufridos [en el atentado contra su vida] como consecuencia de la defensa del joven C.P..” Por último, solicitó que se condenara al Estado al pago de las costas de este proceso.

    II

  2. La Corte es competente para conocer el presente caso. El Perú ratificó la Convención el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981.

    III

  3. El 16 de noviembre de 1990, la Comisión recibió la denuncia sobre el secuestro y posterior desaparición de E.R.C.P. y tres días después solicitó información al Estado sobre su paradero. Mediante comunicaciones de 25 y 28 de noviembre de 1990 y de 19 de marzo de 1991 la Comisión reiteró dicha solicitud. El 28 y 29 de mayo de 1991 los peticionarios remitieron información adicional a la Comisión, la cual fue transmitida al Estado el 26 de junio de 1991. Dicha información incluyó una solicitud de adopción inmediata de medidas destinadas a garantizar la seguridad de varios testigos presenciales de los hechos y del padre del señor C.P., señor C.P.C.C..

  4. El 3 de octubre de 1991 el Estado respondió a las solicitudes de la Comisión y señaló que “no exist[ían] evidencias que señal[aran] que el 21 de octubre de 1990, miembros de la PNP-PG. detuvieran a R.C.P., conforme se señala en las conclusiones del Informe No. 159-90-IGPNP-01 de fecha 21 de noviembre de 1990”. En cuanto a las medidas de protección para varios testigos, en nota de 6 de enero de 1992 el Estado informó a la Comisión que “la Comisaría de Villa El Salvador [venía] prestando las debidas garantías para la vida e integridad física” de las personas mencionadas.

  5. El 10 de agosto de 1992 los peticionarios remitieron información adicional a la Comisión y el 11 de septiembre del mismo año presentaron sus observaciones a la respuesta del Estado, las cuales fueron transmitidas a éste el 24 de septiembre siguiente.

  6. El 18 de diciembre de 1992 el Perú remitió a la Comisión el Oficio No. 033-92-P-CS de la Corte Suprema de la República, el cual contenía la Resolución Suprema de la Segunda Sala Penal de ese Tribunal de 7 de febrero de 1991, en la cual, según la Comisión, “se p[uso] fin al proceso judicial relacionado con la detención y posterior desaparición del señor C.P.”.

  7. El 22 de enero de 1993 los peticionarios remitieron a la Comisión sus comentarios a las observaciones del Perú.

  8. El 16 de septiembre de 1994 la Comisión celebró una audiencia en la que estuvieron presentes las partes.

  9. El 26 de septiembre de 1994, en su 87º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe 19/94, en cuya parte final acordó:

  10. Declarar que el Estado peruano es responsable de la violación, en perjuicio de E.C.P., del derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a una efectiva protección judicial, así como de las garantías judiciales del debido proceso legal que reconocen, respectivamente, los artículos 7, 5, 4, 25 y 8 de la Convención Americana.

  11. Declarar asimismo que en el presente caso el Estado peruano no ha cumplido con la obligación de respetar los derechos y garantías que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana.

  12. Recomendar al Estado peruano que, en consideración al análisis realizado por la Comisión en el presente caso, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días realice una nueva investigación sobre los hechos denunciados, determine el paradero de la víctima, y proceda a identificar y sancionar a los responsables de la desaparición de E.C.P..

  13. Recomendar asimismo al Estado peruano que pague una justa indemnización compensatoria a los familiares directos de la víctima.

  14. Informar al Gobierno del Perú que no está autorizado a publicar el presente Informe.

  15. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de sesenta días, sobre el resultado de las recomendaciones contenidas en los párrafos 3 y 4 de las presentes recomendaciones.

  16. El 13 de octubre de 1994 la Comisión transmitió al Estado el Informe 19/94. Mediante comunicación de 17 de noviembre de 1994 el Perú informó a la Comisión que no había recibido dicho Informe. El 22 de noviembre de ese mismo año fue transmitida una copia del mencionado Informe al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

  17. El 3 de enero de 1995 el Estado presentó, en sus conclusiones sobre el caso, un informe preparado por un equipo de trabajo constituido por representantes de varios Ministerios de Gobierno. En dicho informe, el Estado concluyó que “no exist[ían] evidencias que compr[obaran] la detención de E.R.C.P. por parte de efectivos policiales y que no se puede responsabilizar al Estado peruano por la violación de la Convención ya que --en opinión del equipo de trabajo-- los recursos de la jurisdicción interna no [habían] sido agotados”.

  18. El 13 de enero de 1995 la Comisión sometió este caso a la consideración y decisión de la Corte.

    IV

  19. La demanda presentada a la Corte el 13 de enero de 1995 fue enviada al Estado por la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) junto con sus anexos el 9 de febrero del mismo año y fue recibida por éste el 13 de los mismos mes y año.

  20. La Comisión Interamericana designó como su delegado ante la Corte a P.R., quien posteriormente fue reemplazado por C.A.C. y A.T.M.; a D.E.A. como su abogado y como sus asistentes designó a las siguientes personas: J.M., J.M.V., R.G., K.S., V.K., V.G. y A.E.D., quienes representaron al reclamante ante la Comisión en calidad de peticionarios. Posteriormente, el señor M. renunció a sus funciones por medio de nota de 16 de septiembre de 1996.

  21. El 23 de marzo de 1995 el Estado comunicó a la Corte la designación de M.C.B. como agente y, al día siguiente, precisó que había nombrado a J.M.C. como agente alterno.

  22. El 24 de marzo de 1995 el Estado alegó, por escrito, las excepciones preliminares de falta de agotamiento de la jurisdicción interna e inadmisibilidad de la demanda. Además, en dicho escrito solicitó “la suspensión del procedimiento sobre el fondo hasta que [fueran] resueltas las excepciones deducidas”. Por resolución de 17 de mayo de 1995 la Corte resolvió declarar improcedente dicha solicitud y continuar la tramitación del caso.

  23. El 8 de mayo de 1995 el Estado presentó su contestación a la demanda mediante la cual “n[egó] y contra[dijo] en todas sus partes [la demanda] y solicit[ó] a la Corte... que por el mérito de [sus] fundamentos” la declarase infundada en todos sus extremos. Agregó que para que exista responsabilidad del Estado por una violación de un derecho determinado se requiere de un acto u omisión por parte de las autoridades del cual resulte un perjuicio que sea imputable al mismo y que de otra manera, puede tratarse de una infracción o delito de cuya autoría es sólo responsable el individuo que lo cometió y que en consecuencia solamente él es responsable por los efectos del hecho y por la reparación del daño cometido. En dicho escrito el Estado reiteró extensamente sus argumentos sobre la falta del agotamiento de los recursos internos (infra, párr. 21).

  24. En atención a lo solicitado por la Corte el 20 de mayo, 27 de julio y 24 de octubre de 1995 el Estado presentó, mediante comunicaciones de 26 de julio, 22 de septiembre y 28 de noviembre del mismo año, la documentación faltante en el expediente referente al proceso interno sobre el caso.

  25. El 31 de mayo de 1995 la Comisión presentó el expediente original que fuera tramitado ante ella.

  26. El 23 de septiembre de 1995 el Presidente otorgó a la Comisión plazo hasta el 23 de noviembre del mismo año para presentar su escrito de réplica y al Estado un plazo de dos meses calendario a partir del traslado de éste para presentar su escrito de duplica. Sin embargo...

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