La singularidad del archipiélago: El Consejo de Filipinas

Autor:Isabel Martínez Navas
Páginas:153-208
 
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CAPÍTULO 6
LA SINGULARIDAD DEL ARCHIPIÉLAGO:
EL CONSEJO DE FILIPINAS
En el comienzo de la década de los sesenta recobró impulso la propuesta de creación
de un Ministerio de Ultramar. El sector disidente del partido que sostenía al Gobierno plan-
teó en las Cortes el no establecimiento del Departamento de Ultramar como uno más de
los incumplimientos del Gabinete, si bien O’Donnell zanjó la cuestión rechazando que el
hacerse cargo simultáneamente de los asuntos de Guerra y Ultramar hubiese perjudicado
el despacho de estos últimos1. Dos años después, el nuevo Gobierno del marqués de Mi-
raflores resolvió establecer un Departamento de Ultramar.
La novedad de la creación de un nuevo Ministerio, apenas dos meses después de ini-
ciada la andadura del también nuevo Gabinete, fue acogida en la prensa del momento con
una falta de interés prácticamente unánime. Incluso los más cercanos a las posiciones del
Gobierno, que no dudaban en mostrarse partidarios de la existencia de un Departamento
de Ultramar, no podían sino llamar la atención sobre la escasa novedad que representaba
éste, en relación a la anterior Dirección General de Ultramar, en los términos en que ha-
bía sido introducido por el Real Decreto de 20 de mayo de 18632. Según éste, el nuevo
Departamento sería competente en relación «a todos los asuntos de las provincias de Ul-
tramar, a excepción de los que corresponden a los de Estado, Guerra y Marina, que con-
tinuarán por ahora dependiendo de los mismos», es decir, ni más ni menos que lo que ve-
nía haciendo en la última década la Dirección General de Ultramar, de manera que más parecía
que se había cambiado, sin más, un director por un ministro3. Coincidían también buena
1«No hablaré de la necesidad absoluta, imprescindible, de establecer un Ministerio de Ultramar, para
que se empiece a gobernar a aquellas provincias; de esa necesidad que, en tres años que el Gobierno actual ocu-
pa ese escaño, debía haberla satisfecho, porque no hay ninguna nación colonial que no tenga su Ministerio de
Ultramar», Diario de Sesiones, 11 de abril de 1861, interpelación del Diputado Ríos Rosas al Ministro, cit. por
A. SÁNCHEZ ANDRÉS, La política colonial española, pp. 108-109.
2Gaceta de Madrid del Jueves, 21 de mayo de 1863.
3En este sentido, el diario La Iberia, del 22 de mayo de 1863, se afirmaba no ver en la reforma «otra
cosa que un ministro en vez de un director». Esta y otras opiniones cruzadas en la prensa periódica en los días
21 y 22 de mayo de 1863, en A. SÁNCHEZ ANDRÉS, La política colonial española, pp. 110-120.
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parte de las crónicas publicadas en los días que siguieron a la creación del nuevo Ministe-
rio en el rechazo a la forma en que se había resuelto su establecimiento, aprovechando la
finalización del período de sesiones de las Cortes, hurtando así a la Soberanía nacional el
debate acerca del modelo de administración de los territorios de Ultramar que quería es-
tablecerse.
El nuevo Ministerio encargado del despacho de los asuntos en que había venido ocu-
pándose en la última década la Dirección General de Ultramar, fue objeto de numerosas
reestructuraciones, reflejo de las diferentes orientaciones dadas a la política ultramarina en
las tres últimas décadas del siglo XIX4. Una dirección política por la que fueron pasando, a un
ritmo en ocasiones vertiginoso, ministros que permanecieron al frente de este Departa-
mento apenas un mes, o que acreditaban conocimientos muy limitados de la realidad ul-
tramarina.
A partir de 1868, el inicio del conflicto cubano y el replanteamiento general de la cues-
tión ultramarina a cargo de los primeros Gobiernos del Sexenio, impulsaron la creación de
diversos órganos consultivos radicados en el seno del Ministerio de Ultramar, con los que
trató de darse respuesta a la insistente apuesta asimilista de nuevo acogida en la Constitu-
ción aprobada por las Cortes en 1869. Fueron estableciéndose comisiones o juntas de ca-
rácter temporal, a las que se demandó la pronta consulta de aspectos concretos de la polí-
tica ultramarina5. Desde el final del año siguiente, un órgano consultivo de carácter estable
se ocupó en asesorar al Gobierno en todo lo relacionado con el Archipiélago filipino, apa-
reciendo al tiempo como representante de los intereses de aquellas islas, a las que conti-
nuó negándose representación en las Cortes. Un Consejo que, años más tarde, extendió
sus competencias a las posesiones españolas del golfo de Guinea y, más adelante, por un
corto período, al conjunto de las provincias ultramarinas.
1. CREACIÓN DEL CONSEJO DE FILIPINAS Y PRIMEROS PASOS
En el mes de diciembre de 1870, el ministro interino de Ultramar, Segismundo Moret,
promovía la instalación de un Consejo de Filipinas en el seno del Departamento que había
dirigido desde marzo de ese año. Un Decreto de 4 de diciembre de 18706creaba en el Mi-
nisterio de Ultramar un cuerpo consultivo permanente, presidido por el propio ministro y
con competencias en relación al Archipiélago filipino.
a. Naturaleza y finalidad del Consejo de Filipinas
La decisión de crear un órgano consultivo estable para los asuntos relativos al Archi-
piélago venía acompañada de una doble justificación: por una parte, debía explicarse la ne-
cesidad de un nuevo cuerpo consultivo, diferente del Consejo de Estado. Por otro, era ne-
cesario argumentar porqué este órgano consultivo en materia ultramarina resultaba preciso
4E. MONTANOS FERRÍN, «El Ministerio de Ultramar», en Actas del IV Simposium de Historia de la
Administración, Madrid, INAP, 1983.
5De la Junta Especial de Reformas de Administración y Gobierno de las islas Filipinas y de la Junta Con-
sultiva de Reformas de Filipinas, me he ocupado en el capítulo 6.
6Col.Leg., 1870, tomo 105, p. 853-858, pub. en la Gaceta de Madrid del Sábado, 17 de diciembre.
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tan sólo en relación a Filipinas. A ambos extremos dio respuesta Moret llamando la aten-
ción sobre la singularidad del Archipiélago filipino, tan distante y diferente de la Península
y de las provincias antillanas. «No pueden ya hoy mirarse de igual manera —dirá en la Ex-
posición de motivos del Decreto de creación del Consejo de Filipinas— las provincias es-
pañolas de América y las de Oceanía. Las primeras, por su adelanto, por su riqueza y por
el régimen que para su gobierno han creado las Cortes constituyentes y de antiguo habían
ya proclamado todos los partidos políticos, pueden dirigir por sí su vida y no necesitan
de la tutela de la administración. Sus representantes tienen asiento en la Cámara; su or-
ganización provincial y municipal se funda en la descentralización y toda su organización
política, en fin, tiende a entregarlas la propia dirección de sus asuntos; pues ya sucede así
en Puerto Rico y no está lejano el día en que se extienda a Cuba. Lo contrario acontece
en las islas Filipinas. Ni por su cultura, ni por su ilustración general, ni por su riqueza, ni
por las condiciones mismas de aquellas regiones, están en aptitud de dirigirse por sí».
Esa singularidad hacía precisa una administración «entendida y justa, basada en co-
nocimientos especiales» que —a decir del responsable de Ultramar— había demostrado su
eficacia en otros escenarios coloniales como Holanda o Inglaterra en los que, junto a la di-
rección administrativa de sus colonias, existían cuerpos consultivos especializados que,
además de aconsejar al Gobierno, contribuían al desarrollo de certeras políticas de fo-
mento de la riqueza en los territorios ultramarinos. Un papel que no podía jugar el Con-
sejo de Estado, que por su alta consideración institucional y el carácter universal que re-
presentaba, no podía ser «el depositario de las tradiciones administrativas del Archipiélago
filipino». Tampoco podía serlo —insistía Moret— la Sección de Ultramar del Consejo de
Estado, pues a tal fin debería conformarse con personal especialmente conocedor de la or-
ganización, necesidades e intereses de las islas Filipinas, lo que resultaba aún más difícil
tras la última reorganización de la estructura del Consejo de la que había resultado una
única Sección de Hacienda y Ultramar7.
Esa singularidad del Archipiélago filipino demandaba reformas en diferentes niveles
que, sin embargo, se habían visto frecuentemente paralizadas por el desconocimiento de
las condiciones peculiares de las islas Filipinas. Para salvar esa dificultad, los responsables
de Ultramar habían recurrido a la constitución de juntas o comisiones especializadas, ha-
biéndose evacuado documentados proyectos que, con el cambio en la dirección política
del Ministerio y la disolución de la correspondiente Comisión, no llegaban a ponerse en
ejecución. Se pensaba entonces, sin embargo, en un órgano estable, vinculado orgánicamente
al Ministerio de Ultramar, que pudiera ser el auxilio eficaz de los ministros que se suce-
diesen, colaborando con ellos en el desarrollo de las múltiples reformas ya iniciadas o que
habrían de impulsarse en relación a aquellas provincias. Un cuerpo consultivo compuesto
de un reducido número de consejeros que reuniesen conocimientos y experiencia práctica
sobre las costumbres, usos y relaciones sociales de aquellas provincias. Segismundo Mo-
ret recurría así al establecimiento de uno más de los múltiples órganos consultivos de ca-
7Un Real Decreto de 12 de octubre de 1870, pub. en la Gaceta de Madrid del Domingo, 16 de octubre,
había modificado la estructura del Consejo de Estado, reduciendo el número de sus Secciones —de cinco a
cuatro— al agregar la existente de Ultramar a la de Hacienda, resultando así cuatro Secciones y ocupándose
todas ellas en los asuntos correspondientes a dos Ministerios: Sección de Estado y Gracia y Justicia, de Gue-
rra y Marina, de Hacienda y Ultramar, y de Gobernación y Fomento.
Los cuatro vocales que formaban parte de la extinta Sección de Ultramar se distribuyeron entre las cua-
tro resultantes.

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