Sentencia en el Caso Argüelles y otros Vs. Argentina

• Published date: 15 December 2014

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

_____________________________________________________________________________

CorteIDH_CP-38/14 ESPAÑOL

COMUNICADO DE PRENSA

SENTENCIA EN EL CASO ARGÜELLES Y OTROS VS. ARGENTINA

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el

día de hoy la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Argüelles

y otros Vs. Argentina, presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de

mayo de 2012. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el

siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

El caso se refiere a la alegada violación del derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en

los procesos internos iniciados en 1980 contra 20 oficiales militares argentinos por delitos de fraude militar,

entre otros, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina. Los procesos

judiciales tuvieron inicio en octubre de 1980 ante la jurisdicción militar argentina. Durante un periodo de

aproximadamente tres años desde la ratificación de la Convención Americana por parte Argentina, 18 de las

víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva. En junio de 1989 los 20 acusados fueron condenados por

el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, presentaron recursos ante la jurisdicción

ordinaria, y fueron juzgados por la Cámara Nacional de Casación Penal, en marzo de 1995. En esa

sentencia, la Cámara de Casación Penal rechazó los planteos de prescripción y de inconstitucionalidad;

rechazó las solicitudes de amnistía a través de la Ley N° 22.924 de Pacificación Nacional y Ley N° 23.521 de

Obediencia Debida; declaró la nulidad parcial de los planteos concernientes a asociación ilícita presentados

por el Fiscal General de las Fuerzas Armadas; redujo las penas impuestas a 19 condenados, y absolvió al

señor Ambrosio Marcial. En seguida, fueron presentados recursos extraordinarios y de queja ante la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, los cuales fueron rechazados por falta de fundamentación autónoma.

La Corte Interamericana admitió la excepción preliminar interpuesta por el Estado respecto de su

competencia ratione temporis. Por consiguiente, la Corte no tiene competencia para conocer los hechos y los

respectivos alegatos ocurridos con anterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia contenciosa

de la Corte por parte de Argentina, el 5 de septiembre de 1984. Además, el Tribunal se declaró competente

para conocer todos los hechos o actuaciones ocurridos con posterioridad a dicha fecha.

Con respecto al fondo del caso, la Corte declaró que el Estado es internacionalmente responsable por haber

violado los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, previstos respectivamente en los

artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en

perjuicio de los señores Argüelles, Aracena, Arancibia, Candurra, Cardozo, Di Rosa, Galluzzi, Giordano,

Machín, Maluf, Marcial, Mercau, Morón, Muñoz, Óbolo, Pérez, Pontecorvo, y Tomasek.

Por otra parte, la Corte también concluyó que el Estado violó el derecho a ser asistido por un defensor

letrado de su elección, contenido en el artículo 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas indicadas

anteriormente y, además, de los señores Allendes y Mattheus.

Respecto al plazo razonable del proceso judicial, la Corte consideró que durante la tramitación del proceso

en sede interna, el Estado incurrió en una falta de razonabilidad del plazo en el juzgamiento de los

procesados, en violación del artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 del mismo

instrumento, en perjuicio de las 20 víctimas indicadas anteriormente.

En relación con la alegada responsabilidad internacional del Estado por las presuntas violaciones a los

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en el presente caso, dadas sus particularidades y la cuestión

de su competencia ratione temporis, en virtud de la intervención de los órganos de la jurisdicción ordinaria,

con la observancia de las garantías del debido proceso y de los principios de independencia e imparcialidad