Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de Noviembre de 2014. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Serie C No. 287

PonenteFerrer Mac-Gregor Poisot
Fecha de Resolución14 de Noviembre de 2014
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoRodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteColombia

VOTO CONCURRENTE DEL

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS (DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA) VS. COLOMBIA

SENTENCIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

Introducción: la necesidad de reconocer el derecho a la verdad como derecho autónomo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

* La desaparición forzada de personas constituye, lamentablemente, una de las violaciones graves a los derechos humanos más tratadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "el Tribunal Interamericano"). Su primer caso contencioso, en 1988, versó sobre la desaparición forzada de M.V.R. en Honduras. Desde entonces, la Corte ha conocido de 42 casos relativos a desapariciones forzadas, dentro de los 182 casos contenciosos que ha resuelto hasta la fecha. A partir de ese primer caso, la Corte Interamericana ha resaltado que la práctica de la desaparición forzada viola numerosas disposiciones de la Convención y "significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención".

* Es en el marco de esta línea jurisprudencial sobre desaparición forzada que, desde su primer caso contencioso, la Corte afirmó la existencia de un "derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, [lo cual] representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance". Asimismo, la Corte ha indicado que la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, y que dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad. Los familiares de la persona desaparecida tienen derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados.

* Aquel primer pronunciamiento sirvió de base para lo que hoy se denomina "el derecho a la verdad" o "el derecho a conocer la verdad" y desde entonces el Tribunal Interamericano ha venido reconociendo de manera progresiva su existencia, así como su contenido y sus dos dimensiones (individual y colectiva).

* En este sentido, el Tribunal Interamericano ha considerado que los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y la sociedad tienen el derecho a conocer la verdad, por lo que deben ser informados de lo sucedido. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana el derecho a conocer la verdad se ha considerado tanto un derecho que corresponde a los Estados de respetar y garantizar, como una medida de reparación que tienen la obligación de satisfacer. Este derecho también ha sido reconocido en diversos instrumentos de Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En el año 2006, en seguimiento de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un estudio sobre el derecho a la verdad. En dicho estudio, el Alto Comisionado concluyó que el derecho a la verdad es "un derecho autónomo e inalienable", "estrechamente relacionado con el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, y con su obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y de las infracciones graves del derecho humanitario, así como de garantizar recursos efectivos y reparación"; pero que a la vez "está estrechamente vinculado a otros derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir información".

* No obstante lo anterior, como se expone en el párrafo 510 de la Sentencia, en la mayoría de sus casos "la Corte ha considerado que el derecho a la verdad `se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convención'" y sólo en una ocasión esta Corte (en el caso G.L. y otros (Guerrilla de Araguaia) vs. Brasil) expresamente declaró una violación al derecho a la verdad como derecho autónomo, lo cual significó la violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25 del mismo tratado internacional.

* Formulo el presente voto concurrente debido a que estimo que la Corte, a la luz de la etapa jurisprudencial en que se encuentra el Tribunal Interamericano, de los avances en el derecho internacional de los derechos humanos, así como de la legislación y jurisprudencia de distintos Estados parte de la Convención sobre el derecho a conocer la verdad, en el caso que nos ocupa pudo haber declarado violado este derecho de manera autónoma (como anteriormente lo había realizado en el caso G.L. y otros vs. Brasil) y no subsumirlo en los artículos 8 y 25 como se realiza en la Sentencia. Particularmente teniendo en cuenta que han transcurrido 29 años desde los hechos del presente caso sin que exista certeza para los familiares de la mayoría de los desaparecidos sobre la verdad de lo ocurrido, debido a que, en palabras de este Tribunal Interamericano en la presente Sentencia, "El Estado no ha podido ofrecer una versión definitiva y oficial de lo sucedido a las presuntas víctimas" a pesar de las investigaciones y acciones emprendidas; por lo que estimo que la Corte puede avanzar en el futuro en su jurisprudencia para afianzar el pleno reconocimiento del derecho a conocer la verdad, reconociendo la autonomía de este derecho y estableciendo con mayor claridad su contenido, dimensiones y significación. Para una mayor claridad, se divide el presente voto en los siguientes apartados: (i) desarrollo del derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana (párrs. 7-15); (ii) desarrollo por otros órganos e instrumentos internacionales y ordenamientos jurídicos internos (párrs. 16-22), y (iii) conclusión (párrs. 23-29).

* Desarrollo del derecho a la verdad en la jurisprudencia

de la Corte Interamericana

* En 1997, en el caso C.P. vs. Perú, la Comisión Interamericana por primera vez alegó ante la Corte la presunta violación del derecho a la verdad. La Corte señaló que esto "se ref[ería] a la formulación de un derecho no existente en la Convención Americana aunque p[odría] corresponder a un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en este caso se enc[ontró] ya resuelto por la decisión de la Corte al establecer el deber que tiene el Perú de investigar los hechos que produjeron las violaciones a la Convención Americana". Posteriormente en el año 2000, en el caso B.V. vs.G., la Corte reconoció que las acciones del Estado impidieron que los familiares de la víctima conocieran "la verdad acerca de la suerte corrida por [la víctima]". Sin embargo, aclaró que "el derecho a la verdad se enc[ontraba] subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención".

* Al año siguiente, en el caso Barrios Altos vs. Perú, el Estado reconoció la violación del derecho a la verdad. Por su parte, la Comisión vinculó el derecho a la verdad no solamente a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sino también al artículo 13, en lo relativo al derecho a buscar y recibir información. La Corte consideró que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron, conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en Barrios Altos, pero recordó que este derecho está subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.

* Se observa en la jurisprudencia interamericana que ese mismo año la Corte comenzó a relacionar el derecho de conocer la verdad (denominándolo "derecho de conocer lo que sucedió") con el deber del Estado de investigar las violaciones a los derechos, de sancionar a los responsables de las mismas y de combatir la impunidad. Esta idea se fortaleció en la sentencia de reparaciones y costas del caso B.V. vs. Guatemala donde se citaron los desarrollos de Naciones Unidas sobre el derecho que toda persona tiene a la...

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