Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Enero de 2009. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 194

Ponente:Pasceri Scaramuzza
Fecha de Resolución:28 de Enero de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Ríos y otros Vs. Venezuela
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ad-hoc P.P.P.S..

En el caso R. y otros vs. La República Bolivariana de Venezuela

Data venia del criterio de la mayoría, P.P.P.S., Juez ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lamenta salvar su voto, por tener criterio contrario, tanto en la motiva como en la dispositiva, a excepción del punto 1 de la parte resolutiva del fallo)[1] y por tanto disentir de la mayoría de los integrantes de esta Corte, cuyos votos favorables aprobaron la sentencia de fondo en los restantes puntos que integraron la decisión de la que hoy me permito disentir. En tal sentido, paso de seguidas a razonarlo de la siguiente manera:

He disentido de la sentencia que antecede porque en mi opinión existen tanto razones de forma como de fondo para hacerlo; en efecto a mi juicio existen:

1) Razones formales:

Las razones formales están relacionadas con la excepción de no agotamiento de los recursos internos, que no fue decidida sino hasta la fecha de emisión del fallo, siendo desestimada por la mayoría sentenciadora. En mi criterio, por el contrario, debió ser acogida en virtud de las pretensiones contenidas en la demanda intentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consecuencialmente respecto a las solicitudes contenidas en el escrito autónomo de las presuntas víctimas.

En épocas tempranas en esta causa, fue alegado por ante la Comisión (y reiterada por ante esta Corte), la existencia de recursos internos. Así al folio 394 del expediente de las pruebas, Tomo 2, riela escrito presentado por el Agente del Estado Venezolano para los Derechos Humanos en donde se señaló: “…Agotadas como estén las primeras instancias penales de estos casos enumerados previamente, los peticionarios tendrán una segunda instancia a la cual podrán recurrir, y además de una gama de recursos extraordinarios como los de Casación, Amparo Constitucional: Autónomo, Sobrevenido, Conjunto, Habeas Data o H.C., Invalidación, Revisión Constitucional, recurso de Nulidad; los cuales aún no han Agotado…” Subrayado mío.

Aun cuando quien suscribe sostiene que las acciones penales no resultan congruentes ni suficientes para satisfacer las pretensiones perseguidas ante esta Corte como se analizará infra, hay que recordar, que el mismo Agente de Estado había señalado en el mismo escrito referido que: “Por otra parte, observa quien suscribe, que varios de los numerosos hechos de los denunciados al Ministro Público, consisten en agresiones verbales, propias a los tipos de difamación e injuria, los cuales no son hechos que debieran haberse denunciado ante el citado organismo, como lo hicieron los peticionarios a su decir, pues al responder tales ilícitos penales a la naturaleza de delitos de acción privada, la viña legal consiste en interposición directa de querella privada ante el tribunal de juicio penal competente por el territorio, lo cual no han ni siquiera intentado –como recurso jurídico interno venezolano--; ninguno de los accionantes en sede internacional”.

De lo expuesto es evidente que desde el inicio, el agotamiento de sus recursos internos, constituyó una defensa del Estado en la que se señaló que no solo no se habían agotado los recursos internos, sino que añadía que existían recursos distintos a los penales; esta defensa fue en su oportunidad, desechada por la Comisión y fue alegada nuevamente ante esta Corte y, tal como se desprende del fallo del cual disiento, fue desechada nuevamente por la misma. En tal sentido, la sentencia de la cual disiento realiza un pronunciamiento anticipado sobre cuestiones que deberían ser decididas antes que todo, por los órganos jurisdiccionales del Estado Venezolano. Por ello la demanda interpuesta por ante esta Corte debió ser declarada inadmisible, bien al inicio de este juicio o bien de forma previa a la decisión del fondo de la presente causa, y consecuencialmente, declarar terminado el presente asunto.

La anterior consideración se encuentra fundamentada en las razones que serán analizadas a continuación:

1.1 De la Congruencia

En mi entender, existen acciones, demandas o recursos en el derecho venezolano, que aun cuando pudieran dirimir y satisfacer eventualmente las mismas pretensiones que fueron solicitadas por los actores en esta instancia internacional (contenidas bien sea en la demanda intentada por la Comisión bien sea en su escrito autónomo), no fueron ejercidas por los solicitantes.

De la simple lectura de la demanda presentada por la Comisión -y de forma similar y ampliada en el escrito autónomo de solicitudes[2]-, se desprende que de acuerdo con el petitorio realizado ante esta Corte, se pidió se condenara al Estado venezolano por:

• violación a la libertad de expresión (artículo 13 de la Convención Americana)

• violación a las garantías judiciales y la protección judicial (artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1(1) del mismo instrumento)

• violación (por lo que respecta a J.A.M., A.A. y C.C., del derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1(1) del mismo instrumento.

▪ Y como consecuencia de ello que el Estado Venezolano:

• Que adopte todas las medidas necesarias para prevenir los actos tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado.

• Que adopte todas las medidas necesarias para prevenir los actos, tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información; por parte de los comunicadores sociales y personal asociado..

• Que realice una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso y haga público el resultado de tales investigaciones.

• Que garantice (por lo que respecta a L.R., L.A.C.A., E.S.G., J.G., I.B., D.P.H., W.M., W.G., I.M., E.P., S.S., Anahís Cruz, H.H., A.A., A.J.M., L.C., A.U., P.N., N.P. y C.C.) el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, particularmente el ejercicio de su actividad laboral.

• Que repare los daños materiales e inmateriales que la conducta de los órganos del Estado han causado (a los señores L.R.; L.A.C.A.; E.S.G.; J.G.; I.B.; D.P.H.; W.M.; W.G., I.M., E.P., S.S., Anahís Cruz, H.H., A.A., A.J.M., L.C., A.U., P.N., N.P. y C.C.)

• Que pague las costas y gastos legales incurridos por las víctimas y sus representantes en la tramitación del caso tanto a nivel nacional, como las que se originen en la tramitación del presente caso ante el sistema interamericano.

En concordancia con la posición que se sostiene acá y a manera de ejemplo, debe resaltarse que existe una acción adecuada dentro del ordenamiento jurídico venezolano para la protección autónoma de los derechos constitucionales, los cuales tienen una regulación similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el de la libertad de expresión, prevista en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante CRBV), el derecho a la defensa y al debido proceso (o lo que es lo mismo garantías judiciales y la protección judicial), previstas en los artículos 26 y 49 de la CRBV, derecho a la integridad personal, previsto en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción adecuada es la de amparo constitucional prevista en el artículo 27 de la CRBV, desarrollada de forma pre-constitucional en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en algunas sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual pudo haber sido efectiva en Venezuela, bien de haberse accedido de forma inmediata o directa, para el supuesto que no existieren acciones comunes capaces de proteger al justiciable, bien sea aun con el carácter subsidiario de otras acciones comunes previstas en el ordenamiento venezolano.

Del expediente sustanciado por ante esta Corte, se evidencia que ninguna acción de amparo constitucional fue ejercida a los fines de proteger o restablecer los derechos presuntamente violados o amenazados de violación, los cuales constitucionalmente encuentran previsión y regulación similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como se apuntó; es de resaltar que esta situación fue advertida preliminarmente por el Estado ante la Comisión.

Al hilo de lo expuesto se puede señalar que una eventual decisión de amparo podía haber satisfecho alguna o todas las pretensiones contenidas en la demanda, las cuales fueron transcritas supra –y que de forma similar y ampliada fueron solicitadas por las presuntas víctimas en su escrito autónomo- ordenándose, por ejemplo las medidas necesarias para prevenir los actos tanto de agentes del Estado como de particulares, que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado; o por ejemplo, medidas necesarias para prevenir los actos, tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información ordenando a la fuerza pública acciones concretas para evitar que hechos como los denunciados no se repitan; o garantizar a los demandantes identificados el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, particularmente el ejercicio de su actividad laboral; u, ordenar, a través por ejemplo de una acción de amparo contra sentencias o contra la omisión de actuación judicial, una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos señalados en la demanda.

Por otra parte, fuera del ámbito de la justicia constitucional, pero en el ámbito de la Jurisdicción...

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