Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Enero de 2009. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 194

Fecha de Resolución:28 de Enero de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Ríos y otros Vs. Venezuela
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Ríos y otros vs. Venezuela

Sentencia de 28 de enero de 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso Ríos y otros vs. Venezuela,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

C.M.Q., P.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

P.P.P.S., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la causa y objeto de la controversia

  1. El 20 de abril de 2007, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) en relación con el caso 12.441, el cual se originó en la petición No. 4109/02, presentada en la Secretaría de la Comisión el 23 de julio de 2002 por Luisiana Ríos, L.A.C.A. y E.S.G., actuando en nombre propio y en representación de los señores J.G., I.B., D.P.H., W.M., W.G. e I.M., todos trabajadores de la emisora de televisión Compañía Anónima Radio Caracas Televisión (en adelante “RCTV”). El 27 de febrero de 2004 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 06/04 y el 26 de octubre de 2006 aprobó el Informe de fondo No. 119/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones al Estado[2]. El 8 de abril de 2007 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor P.S.P., miembro de la Comisión, y a los señores S.A.C., Secretario Ejecutivo, e I.J.Á., entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión, y como asesores legales a las señoras E.A.-Mershed, actual Secretaría Ejecutiva Adjunta, D.B., L.C.S. y S.S.. También fueron designados como asesores legales el señor A.E.D. y la señora A.G., quienes ya no son funcionarios de la Comisión.

  2. Los hechos presentados por la Comisión se refieren a actos y omisiones, cometidos por funcionarios públicos y particulares, que constituyeron restricciones a la labor de buscar, recibir y difundir información de 20 personas, todas ellas periodistas o trabajadores de la comunicación social que están o han estado vinculados a RCTV. En particular, la Comisión alegó que dichas personas fueron sujetas a diversas amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y físicas, incluidos lesiones por disparos de armas de fuego, y que hubo atentados a las instalaciones del canal de televisión RCTV, entre los años 2001 y 2004. Además, la Comisión señaló falta de diligencia en la investigación de tales incidentes y omisión de acciones de prevención por parte del Estado.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Luisiana Ríos Paiva, L.A.C.A., E.G.S.G., J.G.F., I.J.B., D.J.P.H., W.M., W.F.G.B., I.C.M.M., E.P., S.S., Anahís del Carmen Cruz Finol, H.A.H.G., A.A., A.J.M., L.C.C.A., A.U., P.A.N.G., N.P. y C.C., presuntas víctimas en este caso. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.

  4. El 19 de julio de 2007 los representantes de 16 de las 20 presuntas víctimas, señores C.A.C., P.N., O.Q.C. y M.S.S. (en adelante “los representantes”)[3], presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión, así como a una serie de “hechos supervinientes” a la presentación de la demanda, entre los que destacaron la decisión del Gobierno venezolano de “cerrar la señal abierta de la estación de RCTV, al no renovarle la concesión” el 27 de mayo de 2007[4]. Los representantes pretenden que tales hechos sirvan a este Tribunal para conocer el contexto histórico en el que culminaron los hechos de la demanda, ya que estiman que el cierre constituye la “concreción de las amenazas” que habrían tenido lugar desde finales del año 2006. Así, solicitaron a la Corte que además de las violaciones alegadas por la Comisión, declare que el Estado es responsable por la violación del artículo 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención, en relación con el artículo 13 de la misma, por el trato diferenciado en cuanto a la expresión del pensamiento que recibieron personas vinculadas con “medios no partidarios del gobierno”. En sus alegatos finales solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), en perjuicio de las presuntas víctimas mujeres. Por último, solicitaron a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación.

  5. El 21 de septiembre de 2007 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. En este escrito el Estado interpuso dos excepciones preliminares, a saber: “parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces integrantes de la Corte” y “necesidad de agotamiento de los recursos dispuestos en el ordenamiento jurídico venezolano, como causal de admisibilidad de las demandas que se intentan ante el sistema interamericano de derechos humanos”. Asimismo, solicitó a la Corte que declare improcedentes e inexistentes las violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 5, 8, 13, 24 y 25 de la Convención, imputadas por la Comisión y las presuntas víctimas. Solicitó que, como consecuencia de la improcedencia de las denuncias, se declare sin lugar la demanda y el escrito de solicitudes y argumentos, así como también las reclamaciones y reparaciones solicitadas. El Estado designó al señor G.S.N. como Agente y al señor L.D.M. como Agente Alterno en el presente caso[5].

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  7. Previo examen preliminar realizado por el entonces Presidente de la Corte y de conformidad con los artículos 34 y 35.1 del Reglamento, el 22 y 23 de mayo de 2007 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) notificó la demanda vía facsimilar al Estado[6] y a los representantes[7], respectivamente. El 22 de mayo de 2007 la demanda fue despachada al Estado y a los representantes vía courier, junto con la totalidad de los anexos, los cuales fueron recibidos por los representantes el 31 de mayo de 2007. Por problemas de la empresa de courier contratada, la demanda no fue recibida por el Estado en el tiempo estimado, por lo que fue nuevamente enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano el 7 de junio de 2007, a través de la Embajada de Venezuela. El 9 de julio de 2007 el Estado designó al señor P.P.P.S. como J. ad hoc.

  8. Una vez que el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda (supra párr. 5), el 12 de octubre de 2007 el entonces Presidente de la Corte dictó un Acuerdo mediante el cual decidió no aceptar la solicitud del Estado, interpuesta en forma de excepción preliminar, de que los jueces C.M.Q. y D.G.-Sayán fueran separados del conocimiento del caso, y sometió el acuerdo al pleno de la Corte. El 18 de octubre de 2007 el Tribunal dictó una resolución en que declaró improcedente la referida solicitud del Estado y aceptó la excusa planteada por el Juez García-Sayán.

  9. El 16 de noviembre de 2007 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

  10. El 17 de diciembre de 2007 los representantes remitieron documentos como prueba y manifestaron que “por razones de impedimento grave” no pudieron ser aportados junto con su escrito de solicitudes y argumentos. La Corte pidió al Estado y a la Comisión remitir las observaciones que estimaran pertinentes. El 18 de enero de 2008, tras una prórroga otorgada, la Comisión comunicó que no tenía observaciones que formular, mientras que el Estado no se pronunció al respecto.

  11. El 11 de junio de 2008 la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), doce testimonios y seis peritajes ofrecidos por la Comisión, los representantes y el Estado[8], respecto de los cuales las partes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones. Además, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de un testigo propuesto por cada parte, así como sus alegatos finales orales sobre una excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Presidenta decidió incorporar al acervo probatorio del...

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