Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Serie C No. 104

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2003
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Baena Ricardo y otros Vs. Panamá
Acto:Competencia
Solicitante:Paraguay
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá

Sentencia de 28 de noviembre de 2003

(Competencia)

En el caso B.R. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

A.A.C.T., P.;

S.G.R., V.;

H.S.P., Juez;

M.P.G., J.;

O.J., J.;

A.A.B., J., y

C.V. de R.R., Juez,

presentes, además,

M.E.V.R., S., y

P.S.A., S.A.,

de conformidad con el artículo 25.1 del Estatuto de la Corte (en adelante “el Estatuto”) y con los artículos 29, 55 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre Competencia en relación con el alegato del Estado de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) de que la Corte carece de competencia para supervisar el cumplimiento de sus sentencias.

I

Procedimiento ante la Corte

  1. El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra Panamá que se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 1994. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15 (Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y 50.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”).

  2. El 18 de noviembre de 1999 la Corte emitió la Sentencia de Excepciones Preliminares, en la cual resolvió, por unanimidad:

  3. Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

  4. Continuar con el conocimiento del presente caso.

  5. El 2 de febrero de 2001 la Corte dictó la Sentencia sobre el Fondo y las Reparaciones y Costas, en la cual, por unanimidad:

  6. declar[ó] que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.

  7. declar[ó] que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.

  8. declar[ó] que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.

  9. declar[ó] que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.

  10. declar[ó] que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores de la […] Sentencia.

  11. decid[ió] que el Estado debe pagar a los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que les correspondan según su legislación, pago que, en el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido, deberá hacerse a sus derechohabientes. El Estado procederá a fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios respectivos, a fin de que las víctimas y en su caso sus derechohabientes los reciban en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.

  12. decid[ió] que el Estado debe reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. En caso de no ser tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno. De la misma manera, a los derechohabientes de las víctimas que hayan fallecido el Estado les brindará las retribuciones por concepto de pensión o retiro que les corresponda. El Estado deb[ía] proceder a cumplir con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.

  13. decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar a cada uno de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, la suma de US$ 3.000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño moral. El Estado deb[ía] proceder a cumplir con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.

  14. decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar al conjunto de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, la suma de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, y la suma de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de costas, causados en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección. Estas sumas se pagarán por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  15. decid[ió] que supervisará el cumplimiento de [la] Sentencia y sólo después dará por concluido el caso.

  16. Los días 11 de mayo de 2001, 6 de junio de 2001, 27 de junio de 2001, 3 de septiembre de 2001, 20 de febrero de 2002 y 10 de mayo de 2002 el Estado presentó diversos escritos[1] en relación con el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.

  17. Los días 15 de noviembre de 2001 y 1 de febrero de 2002 la Comisión Interamericana remitió escritos[2] en relación con el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.

  18. Las víctimas y sus representantes legales presentaron diversas comunicaciones sobre el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 en las siguientes fechas[3]: 4, 5, 14, 18 y 21 de junio de 2001; 30 de julio de 2001; 14 de agosto de 2001; 19 de octubre de 2001; 11, 15 y 18 de enero de 2002; 1 de febrero de 2002; 12, 21 y 25 de marzo de 2002; 12 de abril de 2002; 3 de mayo de 2002; y 3, 13 y 19 de junio de 2002.

  19. Los días 14 y 15 de mayo de 2001 y el 12 de abril de 2002 el Defensor del Pueblo de Panamá remitió comunicaciones[4], en las cuales se refirió al cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.

  20. El 25 de febrero de 2002 por la mañana se celebró una reunión en la sede de la Corte[5], en la cual participaron el P. y el Vicepresidente de la Corte (en adelante “el Presidente” y “el Vicepresidente”), dos funcionarios de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), y seis representantes del Estado.

  21. El 25 de febrero de 2002 por la tarde se celebró una reunión en la sede de la Corte[6], en la cual participaron el P. y el Vicepresidente, dos funcionarios de la Secretaría, dos representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), cinco víctimas, y un representante de la Defensoría del Pueblo de Panamá. En dicha reunión las víctimas participantes entregaron un escrito a la Corte, al cual anexaron algunos documentos y un casete relacionados con el caso.

  22. El 20 de junio de 2002 se celebró una reunión en la sede de la Corte[7], en la cual participaron tres funcionarios de la Secretaría y tres víctimas.

  23. El 21 de junio de 2002 se celebró una reunión en la sede de la Corte[8], en la cual participaron el P. y el V., cuatro funcionarios de la Secretaría, el Director de CEJIL Mesoamérica y dos víctimas.

  24. El 21 de junio de 2002 el Tribunal emitió una Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia, en la cual resolvió:

  25. Que el Estado deb[ía] presentar un informe detallado a la Corte, a más tardar el 15 de agosto de 2002, de conformidad con lo expresado en los puntos considerativos dos y tres de la […] Resolución.

  26. Que las víctimas o sus representantes legales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deb[ían] presentar sus observaciones al informe del Estado dentro de un plazo de siete semanas contado a partir de su recepción.

    El informe que el Estado debía presentar, de conformidad con el punto considerativo segundo de la referida resolución, debía versar sobre:

    1. el pago a los 270 trabajadores o, en su caso, a sus derechohabientes, de los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales correspondientes (punto resolutivo sexto de la sentencia de 2 de febrero de 2001);

    2. el trámite nacional seguido para fijar los montos indemnizatorios respectivos, incluyendo los criterios o parámetros utilizados para su determinación, la información obtenida y la legislación aplicada (punto resolutivo sexto de la sentencia de 2 de febrero de 2001);

    3. el reintegro en sus cargos de los 270 trabajadores. De ser el caso, deb[ía] indicarse a la Corte si se les ha[bía] brindado alternativas de empleo que respet[aran] las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. Si esto tampoco ha[bía] sido posible, que inform[ara] si ha[bía] procedido al pago de la indemnización correspondiente a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno (punto resolutivo séptimo de la sentencia de 2 de febrero de 2001);

    4. el pago a los derechohabientes de las víctimas fallecidas de las retribuciones por concepto de pensión o retiro que les corresponda (punto...

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