Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de Septiembre de 2005. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Serie C No. 133

Fecha de Resolución15 de Septiembre de 2005
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoRaxcacó Reyes Vs. Guatemala
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteHaití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala

Sentencia de 15 de septiembre de 2005

(Fondo, R. y Costas)

En el caso R.R.,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte Interamericana" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

M.E.V.R., J., y

A.S. Garrido, J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento") y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la siguiente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 18 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") sometió a la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante "el Estado" o "Guatemala"), la cual se originó en la denuncia No. 12.402, recibida por la Secretaría de la Comisión el 28 de enero de 2002.

  2. La Comisión presentó la demanda, a fin de que la Corte decidiera si el Estado incumplió sus obligaciones internacionales e incurrió en violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado, en razón de la presunta imposición de la pena de muerte obligatoria al señor R.E.R.R., por la comisión del delito de plagio o secuestro, para el cual dicha sanción no se encontraba prevista en la ley al momento en que Guatemala ratificó la Convención Americana; la supuesta pena desproporcionada que se le impuso; las condiciones carcelarias en las que se encuentra, y la presunta inefectividad de los recursos judiciales que se plantearon ante los tribunales locales. Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte varias medidas de reparación.

    II

    Competencia de la Corte

  3. Guatemala ratificó la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  4. El 28 de enero de 2002 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (en adelante “ICCPG”) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (en adelante “IDPPG”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana y solicitaron medidas cautelares a favor del señor R.R.. Dicha solicitud de medidas cautelares fue reiterada posteriormente.

  5. El 30 de enero de 2002 se comunicó al Estado la decisión de la Comisión Interamericana de otorgar medidas cautelares a favor del señor R.R..

  6. El 9 de octubre de 2002, durante el 116º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 73/02, en el que declaró admisible el caso y decidió continuar la consideración del fondo del mismo.

  7. El 8 de octubre de 2003, durante el 118º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 49/03, en el cual recomendó al Estado que:

  8. Otorgue a R.R. una reparación que incluya la conmutación de la sentencia.

  9. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades garantizados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5, 8 y 25 en particular, y garantice que a ninguna persona le sea impuesta de manera obligatoria la pena de muerte en Guatemala.

  10. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Guatemala del derecho consagrado en el artículo 4[.]2 de la Convención Americana a que la pena de muerte no se aplique a delitos que no la contemplaban al momento del depósito de la ratificación de la Convención por Guatemala, y adecue su legislación a dicho instrumento de conformidad con el artículo 2 del mismo.

  11. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Guatemala del derecho consagrado en el artículo 4[.]6 de la Convención Americana a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.

  12. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Guatemala de los derechos a la integridad personal y a un trato humano, consagrados en los artículos 5[.]1 y 5[.]2 de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención de[l señor] R.R. [Reyes].

  13. El 19 de diciembre de 2003 la Comisión remitió al Estado el Informe de Fondo No. 49/03 y le solicitó que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo, dentro de dos meses contados a partir de la fecha de envío. Mediante nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios que había aprobado el referido Informe de Fondo, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, y les pidió que le suministraran, en el plazo de un mes, la información a la que se refiere el artículo 43.3 de su Reglamento, en relación con su posición sobre la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana.

  14. El 26 de enero de 2004, luego de una prórroga concedida, los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión de 19 de diciembre de 2003, en la cual indicaron su deseo de someter el caso a la Corte Interamericana.

  15. El 22 de julio de 2004, luego de una prórroga concedida, el Estado envió su respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión en el Informe de Fondo No. 49/03.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  16. El 18 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1) a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a la señora S.V. y al señor S.A.C., y como asesores legales a los señores A.D., V.H.M. y B.T. y a la señora M.C.P..

  17. El 7 de octubre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.

  18. El 7 de octubre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), a saber, CEJIL, ICCPG e IDPPG.

  19. El 26 de noviembre de 2004 el Estado, luego de una prórroga concedida, designó al señor H.E.M.C. como Agente y al señor L.E.C.R. como Agente Alterno en el presente caso. Asimismo, el Estado designó J. ad hoc al señor A.S. Garrido.

  20. El 7 de diciembre de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), a la cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.

  21. El 8 de diciembre de 2004 el señor A.S.G. presentó un acta de declaración jurada en la que consignó su aceptación al cargo de Juez ad hoc, así como una declaración de confidencialidad respecto de la información que obtenga en función del mismo.

  22. El 10 de enero de 2005 el Estado solicitó una prórroga de cinco días hábiles a fin de tomar “una decisión sobre la persona que sustituirá al [señor] A.S. Garrido”, quien fue designado J. ad hoc en el caso R.R..

  23. El 12 de enero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que no era posible otorgar una prórroga para una nueva designación de Juez ad hoc en el presente caso, puesto que ya había uno nombrado y que éste había aceptado el cargo sin que hasta la fecha haya presentado su renuncia al mismo (supra párr. 16).

  24. El 11 de febrero de 2005 el Estado presentó su contestación de la demanda y sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en la cual ofreció prueba testimonial.

  25. Los días 30 y 31 de marzo de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a las partes que después del análisis de los escritos principales presentados por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, el pleno de la Corte Interamericana consideró que en el presente caso no era necesario convocar a audiencia pública. A su vez, ese mismo día la Secretaría solicitó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado la remisión de las listas definitivas de testigos y peritos propuestos por cada uno de ellos.

  26. El 4 de mayo de 2005 el P. dictó una Resolución mediante la cual estimó conveniente recibir, a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit), los testimonios de los señores R.E.R.R. y R.O.G.V., ofrecidos por la Comisión y los representantes; y de los señores E.Z.C., M.C.R.M. y C.M.T., ofrecidos por el Estado; así como los peritajes del señor A.M.B., ofrecido por la Comisión y por los representantes, y de la señora A.C.C., ofrecido por los representantes. Asimismo, el P. otorgó un plazo improrrogable de siete días, contado a partir de la recepción de tales affidávits, para que la Comisión, los representantes y el Estado presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. Además, en dicha Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 6 de junio de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Finalmente, el P. rechazó la solicitud de los representantes de celebrar una...

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