La respuesta de la comunidad jurídica frente a la pandemia

• Author: Valery Tapia Sánchez

Ante la fuerte crisis de salud que se ha vivido no solo en México, sino en la mayoría de los países y territorios del mundo, debido a la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocida como Coronavirus, muchos hemos estado de acuerdo en que lo mejor que se puede hacer es seguir al pie de la letra las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la realidad es que vivimos en un país en el que impera el comercio informal y en el que la resonada recomendación de “Quédate en casa” no es una posibilidad para una gran parte de la población.

México también es un país con más de 4 millones de empresas, de las cuales, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas o Pymes, mismas que generan el 78% del empleo en el país[1]. En México también existen un sinnúmero de Asociaciones Civiles u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), las cuales buscan de manera altruista impulsar sectores vulnerables de la sociedad. Estas asociaciones, mismas que muchas veces no tienen un fin lucrativo y que viven de las donaciones realizadas por los particulares, también están sujetas al pago de impuestos; en caso de contar con trabajadores de cualquier tipo, al pago de nóminas y de los impuestos inherentes a éstas, así como realizar el pago de los servicios, tales como luz y agua.

Sin embargo, la respuesta por parte del gobierno de nuestro país no ha sido favorable para estos sectores de la economía. Hasta el momento no se ha suspendido el cobro de los servicios proporcionados por el gobierno o empresas gubernamentales, ni tampoco se han ofrecido prórrogas o modalidades especiales para el pago de impuestos. Lo anterior se suma a la incapacidad, en muchas ocasiones, de cumplir con obligaciones contractuales con particulares debido a la suspensión de actividades no esenciales derivada del Acuerdo emitido el pasado 31 de marzo por la Secretaría de Salud.[2]

Por todo lo anterior, la comunidad jurídica a través de su labor Pro Bono, trabajó en conjunto en una Guía Jurídica que aborda distintos temas de interés que surgen a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria. Distintas firmas, departamentos jurídicos de empresas y abogados actuando de manera individual se unieron para redactar esta guía, la cual responde dudas derivadas de la situación de emergencia sanitaria que vivimos actualmente en temas como laboral, inmobiliario, seguros, financiero y bancario y protección al consumidor, entre muchos otros.

BGBG Abogados, seguro en su convicción de que todos debemos aportar un granito de arena a la sociedad, se unió a este esfuerzo de la comunidad jurídica en México, aportando el conocimiento de varios de sus miembros para colaborar en los temas de seguros, financiero y bancario, y un apartado especial de Telecomunicaciones dentro de la sección de protección al consumidor.

[1]Según datos oficiales, de acuerdo con Forbes, para 2018: https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/

[2] ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true