La responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Author: Beatriz Goena Vives
• Pages: 37-69

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

CAPÍTULO I

LA RESPONSABILIDAD PENAL

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Hasta la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, las per-

sonas jurídicas no respondían penalmente. A pesar de su novedad, fue un

cambio bastante esperado. Venía anunciándose no solo en la doctrina y la

jurisprudencia, sino también en distintos instrumentos jurídicos de carácter

internacional y europeo, de los que trataré más adelante. Sin embargo —y

como no ha tardado en mostrar la reciente LO 1/2015, de 30 de marzo— la

forma en la que se ha abordado esta cuestión promete ser un giro con visas

de cambio revolucionario en nuestro ordenamiento penal.

2. Para analizar y comprender la discusión dogmática en torno a la

nueva responsabilidad penal corporativa, se requiere cierta perspectiva. En

este capítulo se tomará como prisma la historia inmediatamente anterior de

nuestro Código Penal (epígrafe 1), como vía para obtener la panorámica

completa de las tendencias político-legislativas de los últimos años. En pri-

mer lugar, se analizará la regulación vigente hasta el pasado 23 de diciembre

de 2010 (epígrafe 1.1). Posteriormente, se estudiarán las Decisiones Marco

de la Unión Europea más relevantes (epígrafe 1.2) y los proyectos legislati-

vos que intentaron darles cumplimiento (epígrafe 1.3).

1. EL SISTEMA ANTERIOR A LA LO 5/2010

1.1. Regulación en el Código Penal

1. Hasta 2010, el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas

previsto por nuestro Código Penal, se regulaba en los arts. 31 y 129. Es-

tos dos artículos preveían un sistema híbrido, confuso y, consecuentemente,

muy poco aplicado en la práctica jurisprudencial.

Beatriz Goena Vives

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1.1.1. Art. 129

1. Con anterioridad al Código Penal de 1995 no existía ninguna pre-

visión que sancionase penalmente a las personas jurídicas. El art. 129 fue

introducido por el nuevo Código Penal como respuesta a la tan debatida

cuestión de si conviene y es posible la responsabilidad penal de las personas

jurídicas 1.

Tradicionalmente, y especialmente en nuestro sistema continental, la po-

sibilidad de cometer un delito se ha asociado a la idea de libertad individual

o culpabilidad. En consecuencia, se entendía que las personas jurídicas no

podían delinquir. Además, se aducían motivos de conveniencia para que las

personas jurídicas no respondieran penalmente, tales como el mal que su-

pondría la pena sobre terceras personas o la ineficacia de las penas estricta-

mente pecuniarias que no conlleven privación de libertad. No obstante, la

realidad criminológica fue haciendo cada vez más patente la necesidad de

castigar penalmente a los sujetos colectivos. El motivo fundamental de esta

conveniencia era que las personas jurídicas se utilizan cada vez más como

instrumentos para cometer hechos delictivos.

2. Así, el art. 129 fue una primera respuesta, novedosa, a una tenden-

cia político-criminal cada vez más imperante. Este precepto, que también ha

sido reformado por la LO 5/2010, de 22 de junio, se encontraba en el Títu-

lo IV del Libro I del Código Penal, destinado a las llamadas «consecuencias

accesorias». De acuerdo con el régimen vigente hasta el pasado 23 de diciem-

bre de 2010, existían junto al comiso, una serie de medidas previstas para las

empresas, asociaciones y organizaciones delictivas. La mayoría de la doctrina

entendió que las consecuencias accesorias del art. 129 eran un tertium ge-

nus de naturaleza penal, distinto de las penas y medidas de seguridad 2. No

1 Cfr. sobre el debate en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (con ante-

rioridad al anteproyecto de reforma del 2008): BACIGALUPO SAGUESSE, La responsabilidad penal de

las personas jurídicas, Barcelona, Bosch, 1998, passim; BAJO FERNÁNDEZ, «Hacia un nuevo Derecho

penal: el de las personas jurídicas», en IGLESIAS PRADA (coord.), Estudios jurídicos en homenaje

al profesor Aurelio Menéndez, Tomo IV, Derecho civil y Derecho público, Madrid, Civitas, 1996,

pp. 5089-5104; FEIJOO SÁNCHEZ, Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente,

Madrid, Civitas, 2002, passim; GÓMEZ-JARA DÍEZ, La culpabilidad penal de la empresa, Madrid,

Marcial Pons, 2005, passim; id., Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas

jurídicas, Montevideo, Buenos Aires, BdeF, 2010, passim; GRACIA MARTÍN, «La cuestión de la res-

ponsabilidad penal de las propias personas jurídicas», en ROMEO CASABONA (ed.), Dogmática penal,

política criminal y criminología en evolución, 1997, pp. 103-108; MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.),

Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto, Barcelona,

Bosch, 1996, passim; NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo

legislativo, Madrid, Iustel, 2008; ZUGALDÍA ESPINAR, Responsabilidad penal de empresas, fundacio-

nes y asociaciones: presupuestos sustantivos y procesales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, passim;

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas

jurídicas, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2009, passim.

2 En este sentido, cfr. SILVA SÁNCHEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y

las consecuencias accesorias del art. 129 Código Penal», Derecho penal económico, Madrid, Ma-

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obstante, hubo quien las consideró auténticas penas 3. En cualquier caso, el

art. 129.3 establecía claramente que el fin de estas medidas era prevenir la

continuidad en la actividad delictiva y sus efectos.

1.1.2. El art. 31.2

1. El segundo hito 4 en la evolución hacia un sistema penal de respon-

sabilidad de las personas jurídicas fue la reforma del Código Penal operada

por la LO 15/2003, de 25 de noviembre. Esta Ley introdujo un segundo

apartado en el art. 31, suprimido por la reforma de 2010.

2. El primer apartado del art. 31, que sigue vigente actualmente, esta-

blece, junto a la responsabilidad del representante, la del administrador de

hecho o de derecho de la persona jurídica. El requisito es que se den en la

persona jurídica todas las cualidades requeridas por el tipo para poder ser

considerada sujeto activo del delito.

3. El segundo apartado del art. 31 establecía que cuando la pena por

los supuestos del art. 31.1 consistiese en una multa, se hacía solidaria y di-

nuales de formación continuada, 2002, pp. 307-364. Cfr. también, GARCÍA ARÁN, «Algunas consi-

deraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas», Libro Homenaje al Profesor

Doctor Don Ángel Torío López, Granada, Comares, 1999, pp. 325-334, que señala que se trata de

una medida híbrida e incalificable; LANDROVE DÍAZ, Las consecuencias jurídicas del delito, 6.ª ed.,

Madrid, Tecnos, 2005, pp. 127-130, para quien las consecuencias accesorias son un tercer modelo

de sanción penal; LUZÓN PEÑA, «Las consecuencias accesorias como tercera vía de las sanciones

penales», en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (eds.), Estu-

dios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 545-551.

Por su parte, MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 9.ª ed., Barcelona, 2011, 34/78-84. En las

ediciones anteriores (que también son anteriores a la LO 5/2010), el autor entiende que son con-

secuencias accesorias especiales que privan a la persona física del instrumento peligroso que es la

persona jurídica.

3 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, «Las penas previstas en el art. 129 del Código Penal para las per-

sonas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas)», PJ, 1997 (46), pp. 327-342,

p. 328.

4 Debe distinguirse el art. 31.2 del art. 31. Este último no introdujo la responsabilidad

penal de las personas jurídicas. Antes bien, era la muestra de que las personas jurídicas no res-

pondían. En este sentido, el art. 31 actúa como «antipremisa» del actual art. 31 bis. De ahí que

al tratar de los artículos que sembraron el camino para el nacimiento del art. 31 bis no se haga

referencia detallada al art. 15 bis. Este, basado en el § 14 StGB, fue precedente de la fórmula de

responsabilidad recogida en el art. 31. Tanto el art. 15 bis como el art. 31 estaban encaminados

a colmar lagunas en materia de responsabilidad por delitos especiales propios; pero en ningún

caso atribuían responsabilidad a la persona jurídica. Es cierto que en un primer momento se

vinculó de forma errónea el originario art. 15 bis del Código Penal de 1973 con la cuestión de la

responsabilidad de y en las personas jurídicas. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Segun-

da del TS y el propio TC se encargaron en su día de centrar en sus justos límites la aplicación

del precepto. Por ello, su trayectoria legislativa es independiente de la reforma en materia de

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sobre los art. 15 bis y 31, cfr. por ejemplo, STC

253/1993, de 20 de julio (FFJJ 7 y 8) y STS 79/2007, de 7 de febrero (ponente: Diego Antonio

Ramos Gancedo) (FJ 7).