Resolution No. 19 IACHR. Precautionary Measure No. 1025/18 (Cuba), 04-04-2019

• Case Outcome: Granted
• Case Type: Precautionary Measures
• Respondent State: Cuba
• Date: 04 April 2019
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Resolution Number: 19

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 19/2019

Medidas cautelares No. 1025-18

Manuel Alejandro León Velázquez y otros respecto de Cuba

(Periodistas del “Diario de Cuba”)

4 de abril de 2019

1. INTRODUCCIÓN

1. El 23 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH), recibió una solicitud de medidas cautelares, presentada por Centro de Información Legal “Cubalex” (“los solicitantes”) a favor de M.A.L.V., Adriana Zamora García y O.R.Á. (“los beneficiarios”) instando a que requiera al Estado de Cuba (en adelante “el Estado”), la protección de la vida e integridad personal de personas que se encontrarían en una situación de riesgo. Según la solicitud recibida, las personas propuestas beneficiarias serían miembros del medio de comunicación “Diario de Cuba”¹ y estarían siendo objeto de amenazas, persecución, intimidación y asedio en el marco de sus labores periodísticas.

2. Tras ser recibida la solicitud la Comisión solicitó información adicional a los solicitantes el 31 de enero de 2019. Los solicitantes presentaron información adicional el 8 de febrero y el 14 de marzo de 2019.

3. Luego de analizar la información disponible, a la luz del contexto aplicable la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos a la vida e integridad personal de de A.Z.G., M.A.L.V. y O.R.Á. del medio “Diario de Cuba”, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias integrantes del medio “Diario de Cuba” identificadas en la presente resolución. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas. Lo anterior incluye, la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión de los integrantes del medio “Diario de Cuba”; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

2. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LOS SOLICITANTES

4. Los solicitantes hacen referencia a diferentes presuntos eventos de riesgo que estarían relacionados con sus actividades como periodistas del medio de prensa digital Diario de Cuba y, en particular, se refieren a hostigamientos, intimidaciones, amenazas y represión por parte de Seguridad del Estado; desde detenciones de hasta 72 horas, allanamientos de vivienda y confiscación de elementos de trabajo hasta prohibiciones de salidas al exterior para participar de eventos o cursos. Según las solicitantes, todo ello tendría como finalidad desactivar su trabajo en el país.

• Manuel Alejandro León Velázquez y su núcleo familiar

5. El propuesto beneficiario mientras pasaba por un punto de control a la entrada de G. habría sido detenido en junio del 2017 por tres días, mientras su vivienda presuntamente fue allanada por oficiales de Seguridad del Estado, confiscando equipos y documentos. Su esposa, padres e incluso su suegra habrían sido amenazados con privarlos de su libertad y la policía habría tratado de convencerlos de que vigilen y delaten el trabajo del periodista. Al liberarlo, las autoridades le habrían advertido que podrían acusarlo de “usurpación de funciones”, “difusión de noticias falsas” y “asociación para delinquir”, por su pertenencia a la opositora “Alianza Democrática Oriental”². De acuerdo a la información aportada, el 5 de noviembre de 2018 el propuesto beneficiario regresaba de un taller de periodismo en Madrid y habría sido retenido, interrogado y sus pertenencias revisadas en el aeropuerto en la Habana. Asimismo, el 7 de noviembre de 2018 habría sido detenido en el punto de control “Rio Frío” por autoridades policiales, quienes le registraron sus pertenencias y posteriormente, le habrían decomisado material de estudio sobre redacción periodística y la credencial de “Diario de Cuba”.

6. Los solicitantes indicaron que el propuesto beneficiario habría sido interrogado en lo referente al referéndum constitucional³ y habría sido liberado con una supuesta acusación de usurpación de funciones públicas bajo advertencia de no salir de la provincia. Según fue informado por los solicitantes, el 30 de enero de 2019 el propuesto beneficiario habría sido nuevamente detenido en el mismo punto de control y trasladado a la Unidad de Operaciones Policiales, donde le cuestionaron la razón de su viaje y le indicaron “a ninguno de los opositores ni los que se hacen llamar periodistas les permitirían salir de la provincia”. Los solicitantes señalaron que en esa ocasión también le habrían preguntado al propuesto beneficiario por sus planes para el 24 de febrero pasado y presuntamente lo mantuvieron detenido arbitrariamente por dos días.

• Adriana Zamora Garcia y su núcleo familiar

7. De acuerdo con la solicitud, en enero de 2018 la propuesta beneficiaria habría recibido una citación firmada por el “teniente R.” de Inmigración y Extranjería para que se presente en dicho departamento, donde habría sido interrogada y acusada de cometer un supuesto delito de “usurpación de funciones públicas”, por trabajar como periodista en un “periódico ilegal financiado por el departamento de estado de los Estados Unidos para socavar a la revolución”.

8. Los solicitantes alegan que dos oficiales de la Seguridad del Estado, con ánimo de paralizar su trabajo periodístico, la habrían amenazado insistentemente con que “podría tener complicaciones en su embarazo”, que “dependía de ella y su trabajo no le favorecía”. Asimismo, manifestaron que “hacen cosas pero su mano nunca se iba a ver”. Según la información aportada, la propuesta beneficiaria y su esposo habrían sido citados por las autoridades en reiteradas ocasiones, sin embargo, ni ella ni su esposo E.C.B. se han presentado ante ellas, siendo que la propuesta beneficiaria estaba hospitalizada y a su esposo no le habría sido entregada la citación en persona como establece la ley. Posteriormente, un policía habría presionado y amenazado a la arrendante del inmueble donde vive la propuesta beneficiaria junto a su familia presuntamente con el fin de desalojarlos. La propietaria habría sido amenazada con ser procesada administrativamente por rentar ilegalmente, obligándola a su vez a firmar una constancia para entregarla.

9. La propuesta beneficiaria, quien habría dado a luz recientemente, presuntamente se fue a vivir a la casa de su madre. El 2 de noviembre tanto su esposo como su madre habrían sido citados, interrogados e intimidados por oficiales de la Seguridad del Estado. Según informaron, el esposo de la propuesta beneficiaria tendría prohibición de salir del país y le habrían asegurado que tenían preparado un caso por “peligrosidad predelictiva” en su contra para encarcelarlo por dos años y asegurando que se le extendiera por más tiempo para impedirle criar a su hijo, señalándole que “pasaría malos ratos”. Tales oficiales asimismo, le habrían hecho saber que lo seguían, lo mantenían vigilado, refiriéndose a los lugares que había visitado, personas con las que había hablado y el modo en que estaba vestido, indicándole que “no los dejarían vivir tranquilos”. Por último, los oficiales de seguridad le habrían advertido que se cuidara porque podría “tener un accidente” o algún desconocido podría golpearlo cuando saliera a realizar su trabajo periodístico. Además, tales oficiales presuntamente mencionaron que se tenía una lista de periodistas de “Diario de Cuba” listos para ir a la cárcel después de que se aprobara la nueva Constitución, que no les importaba que denunciara nada, que solo sería noticia por unos días.

- Osmel Ramírez Álvarez y su núcleo familiar

10. De acuerdo con la información brindada, en noviembre de 2017 el propuesto beneficiario y su familia habrían sido objeto de un operativo en su hogar de cuatro horas durante las cuales oficiales de la Seguridad del Estado habrían revisado su casa, confiscando equipos de trabajo y documentos, permaneciendo el propuesto beneficiario detenido e incomunicado por tres días en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado conocida como Pedernales, en Holguín.

11. Según habrían informado las autoridades al propuesto beneficiario, el motivo de su detención habría sido el de “propaganda enemiga” por sus reportes sobre los abusos de la empresa estatal “Cubatabaco” contra los productores de tabaco de Mayarí y sobre las violaciones a la Constitución y a la Ley Electoral...