Resolution No. 1 IACHR. Precautionary Measure No. 475/15 (Venezuela), 14-01-2017

• Case Outcome: Granted
• Case Type: Precautionary Measures
• Respondent State: Venezuela
• Date: 14 January 2017
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Resolution Number: 1

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCION 1/17

Medida cautelar No. 475-15

Miembros del partido Voluntad Popular respecto de Venezuela

14 de enero de 2017

I. INTRODUCCIÓN

1. El 17 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por la organización Bernardo Ignacio Pulido M., M. de los Ángeles H.N., H.A. Fuentes Curras (en adelante “los solicitantes”) solicitando que la Comisión requiera a la República Bolivariana de Venezuela que proteja la vida e integridad de 94 miembros y activistas del partido político Voluntad Popular (en adelante “los propuestos beneficiarios”). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo en vista de presuntas amenazas, actos de violencia, hostigamiento, alegadas torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias a las que estarían siendo objeto como consecuencia de su posición política contraria al actual Gobierno Venezolano.

2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que D.S., F.G., I.L., J.P. L. Gross, T.M., A.T., Raúl Emilio B., Á.C., Y.G. y Delson G. miembros y activistas del partido Voluntad Popular se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Venezuela que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de i) D.S., F.G., Ismael León y J.P.L.G., miembros del partido Voluntad Popular, ii) T.M., defensora de derechos humanos, y iii) A.T.; R.E.B., Ángel Contreras, Y.G. y D.G., detenidos en el Centro para Procesados 26 de julio y el Helicoide; b) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de D.S., F.G., I.L. y J.P. L. Gross a fin de que puedan desarrollar sus actividades como líderes de la oposición sin ser objeto de actos de hostigamiento, amenazas y actos de violencia; c) Adopte las medidas necesarias para garantizar que T.M. pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos por el ejercicio de sus funciones; d) Asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios alojados en el Centro para Procesados 26 de julio y en El Helicoide se adecuen a estándares internacionales; e) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e f) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

II. RESUMEN DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LAS PARTES

3. De acuerdo a los solicitantes, desde el mes de febrero de 2014 se habrían registrado “sistemáticas violaciones de derechos humanos” por parte del Gobierno Venezolano en contra de los dirigentes y activistas del partido político venezolano Voluntad Popular, quienes “han sido y están siendo víctimas de constantes agresiones, ataques y criminalización”. En este sentido, se alega que existe una “desmedida y multiforme” persecución política en contra de la dirigencia de esta organización con fines políticos, que está acompañada de detenciones, amenazas, acusaciones, citaciones, allanamientos ilegales, además de difamación e injuria por parte de los más altos funcionarios del Gobierno venezolano contra miembros de dicho partido. A raíz de ello, los solicitantes indican que se encuentran inmersos en una situación de riesgo en vista que el Gobierno Venezolano, a través de sus representantes, en especial a través del presidente Nicolás Maduro Moros, acusó de manera “sistemática, constante y sin ningún sustrato probatorio” a los miembros de Voluntad Popular de los hechos de violencia acaecidos en Venezuela durante el 2014. Por otro lado, a raíz de dichas acusaciones, los dirigentes y activistas de Voluntad Popular actualmente vivirían una ‘ola’ de discriminación, caracterizadas por: i) prohibición de viajar en líneas aéreas del Estado; ii) impedimento en el ingreso a instituciones públicas al tener algún distintivo de Voluntad Popular; iii) criminalización por convocar y participar en manifestaciones pacíficas todo lo cual ha sido denunciado ante la Defensoría del Pueblo. La información aportada por los solicitantes se resume a continuación:

A. Desde el 2014, miembros del partido Voluntad Popular están siendo objeto de constantes discursos estigmatizantes e intimidatorios, lo que presumiría un riesgo a su vida e integridad personal. Bajo este escenario, los solicitantes indican que algunas de las declaraciones más recientes serían:

1. el 10 de enero de 2015, el Ministro de Comunas y Movimientos Sociales, E.J., asegurando que "los mismos que convocaron a La Salida el 23 de enero de 2014 y que luego estalló el 12 de febrero, son los que intentan provocar una situación de violencia", señalando de manera directa a Voluntad Popular;

2. el 14 de enero de 2015, D.C., en su programa Con el Mazo Dando habría afirmado que Voluntad Popular estaría vinculada con la empresa Herrera C.A, intervenida por el Gobierno por supuestamente “acaparar una gran cantidad de productos de primera necesidad”;

3. el 25 de febrero de 2015, el presidente de la República, habría denunciado dos supuestos actos terroristas registrados en los estados Zulia y Táchira, con el fin de generar “una ola de zozobra, angustia y violencia en el país”. El P. había indicado que en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia "un grupo de 20 encapuchados, de Voluntad Popular, secuestraron un camión cargado de medicamentos y lo quemaron"[;] ¿Eso se llama lucha democrática o terrorismo?", habría preguntado el mandatario nacional. De acuerdo a los solicitantes, estas afirmaciones no tendrían sustento fáctico y estarían destinadas a intimidar a los miembros de Voluntad Popular;

4. funcionarios del gobierno habrían buscado vincular a dirigentes y activistas de Voluntad Popular con los ciudadanos José Pérez V. y C.T., quienes presuntamente serían los asesinos de L.H., mujer que habría sido hallada descuartizada el día 7 de agosto de 2015 en un vehículo en la ciudad de Caracas;

5. el 25 de agosto de 2015, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, habría presentado en una rueda de prensa un video en el cual J.P.V. habría confesado supuestos planes para asesinar a la hija del presidente de la Asamblea Nacional, D.C.. En el audiovisual, el señor V. habría afirmado que A.S.G., dirigente de Voluntad Popular, lo habría instado a asesinar a D.C.;

6. el 23 de agosto de 2015, el director de organización y electoral del PSUV Táchira, diputado O.H., habría ofrecido declaraciones en las que habría calificado a Voluntad Popular de ser una organización que “encubre a criminales y terroristas”; entre otras afirmaciones.

B. Por otra parte, los solicitantes indican que la sede del partido Voluntad Popular fue atacada en varias ocasiones, resultando heridos algunos de los miembros de dicha organización. En este sentido, los solicitantes indican que:

1. el 13 de febrero de 2014, poco tiempo después de culminar una rueda de prensa, ofrecida por el Coordinador Político de Voluntad Popular, C.V., un grupo de doce (12) personas, portando armas de fuego de alto calibre e identificados como funcionarios del Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se presentó e ingresó en la sede del Partido Político Voluntad Popular, “sin mediar palabras y sin orden de allanamiento respectiva, argumentando la realización de un supuesto procedimiento; los funcionarios preguntaron ―¿dónde está C.V.?, después de alegar que buscaban a C.V. y de revisar toda la oficina, se retiraron del lugar amenazando a los ciudadanos que se encontraban en el lugar, indicándoles que ―después volverían por ellos”;

2. el día 17 de febrero de 2014, un grupo de cuatro (4) personas, portando armas de fuego y no identificados como funcionarios, ingresaron ‘violentamente’ en la sede del Partido Político Voluntad Popular. En este sentido, se alega que dichos funcionarios irrumpieron a la recepción con “una actitud agresiva”, apuntando con las pistolas a las personas que se encontraban allí, luego para entrar a las oficinas le dieron patadas a la puerta hasta derrumbarla, al entrar apuntaron con las pistolas a todos los dirigentes que se encontraban allí. Posteriormente, se habrían presentado a la oficina unos miembros de la Guardia Nacional, quienes quisieron ingresar violentamente a la oficina, y al no permitírsele la entrada por no tener orden judicial, habrían lanzado gas pimienta dentro de la oficina y de esa manera entraron, revisando varias oficinas y llevándose los equipos que contienen los videos internos,...