Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22-02-2011

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StatePanamá
Date22 February 2011
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de FEBRERO de 2011 Caso BAENA RICARDO Y OTROS vs. PANAmÁ

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

VISTO:

  1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 2 de febrero de 2001 (en adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”)

  1. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Sentencia emitidas por la Corte Interamericana el 21 de junio de 2002, el 22 de noviembre de 2002, el 6 de junio de 2003, el 28 de noviembre de 2005, el 30 de octubre de 2008, el 1 de julio de 2009 y el 28 de mayo de 2010. En esta última, el Tribunal declaró

1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 13 y 14 de la […] Resolución, el Estado ha cumplido con la entrega de los cheques correspondientes al segundo de los cuatro pagos convenidos en relación con 262 víctimas o derechohabientes de las 266 personas firmantes de los acuerdos, y con la remisión de los comprobantes correspondientes (puntos resolutivos primero y cuarto, literal a, de la Resolución de 30 de octubre de 2008).

2. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando 16 de la […] Resolución, se encuentra pendiente de cumplimiento por parte del Estado la obligación de realizar el depósito bancario individualizado y de enviar los comprobantes respectivos, en relación con aquellas personas que no han firmado los acuerdos o que con posterioridad a la firma se retractaron (punto resolutivo tercero y cuarto, literal b, de la Resolución de 30 de octubre de 2008).

Y RES[OLVIÓ]:

1. Requerir al Estado de Panamá que continúe adoptando las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a los pagos pendientes previstos en los acuerdos en relación con las víctimas o derechohabientes que los han firmado.

2. Requerir al Estado de Panamá que adopte las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento de los depósitos bancarios correspondientes a las víctimas o derechohabientes no firmantes o que se retractaron de la firma del acuerdo, conforme a lo establecido en los acuerdos homologados por el Tribunal y en la Resolución de 30 de octubre de 2008.

3. Reiterar, en relación con las víctimas o derechohabientes no firmantes o que con posterioridad a la firma del acuerdo se retractaron, que las discrepancias sobre la determinación de la totalidad de los derechos derivados de la Sentencia y los montos de indemnizaciones y reintegros respecto del cumplimiento de lo dispuesto en los puntos resolutivos sexto y séptimo de la Sentencia deben ser resueltas en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, lo cual comprende la posibilidad de recurrir a las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales.

4. Reiterar que el Tribunal mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la Sentencia al solo efecto de recibir: a) los comprobantes de pago a las víctimas o derechohabientes firmantes de los acuerdos, y b) los comprobantes de los depósitos bancarios respecto de aquellas personas que no han firmado los acuerdos o que con posterioridad a la firma se retractaron.

5. Solicitar al Estado de Panamá que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de noviembre de 2010, un informe en el cual indique las medidas adoptadas en cumplimiento de esta Resolución y remita la documentación de los pagos y depósitos bancarios efectuados correspondientes al tercer desembolso anual, y la demás información solicitada en la […] Resolución.

[…]

  1. Los escritos de 30 de julio, 24 de septiembre y 17 de noviembre de 2010 y sus anexos, mediante los cuales la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) presentó su informe e información adicional en relación con el cumplimiento de la Sentencia

  1. La nota de la Secretaría de la Corte Interamericana (en adelante “la Secretaría”) de 19 de noviembre de 2010 mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte Interamericana (en adelante “el Presidente”) y con base en el punto resolutivo cuarto de la Resolución de 28 de mayo de 2010, solicitó al Estado que remitiera: “a) una lista individualizada de las personas que cobraron las sumas correspondientes al tercer desembolso anual previsto en los [a]cuerdos, con indicación de los montos respectivos, así como de las personas que no lo hicieron, ya sea porque no suscribieron los acuerdos o porque están pendientes trámites sucesorios, y b) copias de la documentación de dichos pagos y de la consignación de certificados de garantías”.

  1. Los escritos de 29 de noviembre y 10 de diciembre de 2010 y sus anexos, mediante los cuales el Estado remitió la “copia de los comprobantes de pago realizados en el mes de septiembre de 2010, así como [de] los depósitos bancarios de los no firmantes de los acuerdos de finiquitos y cuadros con el detalle de los pagos realizados” así como la “copia de los certificados de garantía de los tres […] no firmantes del finiquito realizados en el mes de septiembre de 2010”.

  1. El escrito de 1 de febrero de 2011 y sus anexos mediante los cuales Panamá remitió información adicional a su informe sobre el cumplimiento de la Sentencia.

  1. El escrito de 17 de mayo de 2010 y otros escritos presentados, mediante los cuales la Organización de Trabajadores Víctimas de la Ley 25 de 1990 de la República de Panamá (en adelante también “Organización de Trabajadores Víctimas”) se refirió al cumplimiento de la Sentencia.

  1. Los escritos de 27 de mayo, 3, 4 y 29 de junio de 2010 mediante los cuales las distintas personas que alegaban la representación de la Organización de Trabajadores Víctimas aclararon “que [son] abogados en la República de Panamá, para todo lo concerniente al […] derecho interno y “dej[aron] claro que [la Organización de Trabajadores Víctimas] s[igue] representando” a 15 víctimas del caso.

  1. Las notas de la Secretaría de 21 de junio y 6 de julio de 2010 mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se recordó que “el Tribunal solo atender[ía] las comunicaciones que provin[iesen] directamente de la Organización de Trabajadores Víctimas [… y que c]ualquier otra comunicación que dese[aran] realizar las víctimas representadas por dicha Organización o sus abogados en el ámbito interno, deber[ía] ser canalizada por medio de la mencionada Organización”.

  1. El escrito de 14 de enero de 2011 y su anexo, mediante los cuales el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) se refirió al cumplimiento de la Sentencia y remitió sus observaciones al informe estatal.

  1. El escrito de 19 de enero de 2011, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones al informe estatal y a las observaciones de los representantes.

CONSIDERANDO QUE:

  1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.

  1. Panamá es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 22 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de mayo de 1990.

  1. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[1].

  1. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.

  1. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT