Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30-01-2019

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StateArgentina
Date30 January 2019
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 30 DE ENERO DE 2019

CASO ARGÜELLES Y OTROS VS. ARGENTINA

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 20 de noviembre de 2014[1]. La Corte declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) por la violación de los derechos a la libertad personal[2] y a la presunción de inocencia, en perjuicio de 18 oficiales militares[3], así como por la violación de los derechos a ser asistido por un defensor letrado de su elección y a las garantías judiciales respecto de las referidas 18 personas y de otros dos oficiales militares[4]. Dichas violaciones se declararon en relación con los hechos relativos a los procesos internos que les iniciaron ante la jurisdicción militar en octubre de 1980, en aplicación del Código de Justicia Militar de Argentina por diversos delitos[5], las condenas que les fueron impuestas en junio de 1989 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, así como a los recursos que presentaron ante la jurisdicción ordinaria[6]. La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación adicionales (infra Considerando 1)
  2. La Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitida por la Corte el 22 de noviembre de 2016[7]
  3. La Resolución emitida por la Corte el 30 de mayo de 2018 sobre el cumplimiento del reintegro realizado por el Estado al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (en adelante el “Fondo de Asistencia”)[8]
  4. Los siete informes presentados por el Estado entre abril de 2017 y junio de 2018[9], en respuesta a solicitudes efectuadas por la Corte o su Presidente mediante notas de la Secretaría del Tribunal.
  5. El escrito presentado el 13 de marzo de 2017 por los señores Alberto A. De Vita y Mauricio Cueto, representantes de cinco de las víctimas del caso[10].
  6. Los dos escritos presentados el 1 de mayo de 2017 y 11 de junio de 2018 por los defensores interamericanos Clara Leite y Gustavo Vitale, representantes de once de las víctimas del caso[11].
  7. El escrito de observaciones presentado el 17 de diciembre de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”).

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[12], la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso en el año 2014 (supra Visto 1). El Tribunal emitió una Resolución de supervisión de cumplimiento en noviembre de 2016 (supra Visto 2), en la cual declaró que Argentina dio cumplimiento total a la medida de reparación relativa a publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial de Argentina, y que estaban pendientes de cumplimiento dos reparaciones relativas al pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial y al reintegro de costas y gastos (infra Considerandos 4 y 6). En la Resolución de mayo de 2018 se declaró que Argentina había cumplido con el reintegro al Fondo de Asistencia Legal (supra Visto 3).
  2. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto[13]. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[14].
  3. Para determinar el grado de cumplimiento de las medidas pendientes, seguidamente, la Corte valorará la información presentada por Argentina respecto de los pagos realizados para tal efecto[15], así como las observaciones presentadas por la Comisión Interamericana (supra Visto 7)[16]. Asimismo, tomará en consideración que los defensores interamericanos Clara Leite y Gustavo Vitale expresaron en sus escritos que “no ten[ían] observaciones” y que “no presenta[ban] objeciones” a los informes estatales (supra Visto 6). Adicionalmente, se tendrá en consideración que, a pesar de haberse concedido plazos para presentar observaciones a los informes estatales (supra Visto 4), los señores Alberto A. De Vita y Mauricio Cueto, representantes de cinco de las víctimas del caso, y los señores Juan Carlos Vega y Christian Sommer, quienes representan a cuatro víctimas[17], no remitieron observaciones a los pagos realizados por el Estado.

  1. Medidas ordenadas por la Corte y supervisión realizada en la resolución anterior
  1. En el punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia, la Corte dispuso que, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia, el Estado debía:

i) pagar las cantidades fijadas en el párrafo 289[18] de la Sentencia, a favor de cada una de las veinte víctimas, por concepto de indemnización del daño inmaterial, y

ii) pagar a los representantes de las víctimas las cantidades fijadas en el párrafo 298[19] de la Sentencia por concepto de reintegro de costas y gastos.

  1. Además, en los párrafos 303 a 309 de la Sentencia se realizaron diversas disposiciones respecto a la modalidad de cumplimiento de los referidos pagos.
  2. En la Resolución de noviembre de 2016[20], este Tribunal hizo notar que el 15 de diciembre de 2015 había vencido el plazo de un año otorgado en la Sentencia para realizar los referidos pagos. Tomando en cuenta que Argentina había informado que emitiría un decreto ordenando el pago de las cantidades dispuestas en la Sentencia y los intereses moratorios, la Corte le solicitó que informara sobre su aprobación “y si ya [había] cumpli[do] con realizar los pagos correspondientes; o en el caso que no los h[ubiera] realizado, que indi[cara] una fecha estimada para ello […] aport[ando] los comprobantes correspondientes y soporte probatorio de otros datos relevantes sobre la modalidad de cumplimiento de los pagos”.

  1. Consideraciones de la Corte

i) Indemnizaciones por daño inmaterial

  1. Con base en la información y comprobantes aportados por el Estado, los cuales no han sido controvertidos por los representantes (supra Considerando 3), este Tribunal constata que en febrero de 2017 Argentina publicó el Decreto 89/2017 que dispuso la realización de los pagos ordenados en la Sentencia[21] y que, entre abril y noviembre de 2017, efectuó pagos por concepto de indemnización por daño inmaterial e intereses moratorios a trece de las veinte víctimas del caso[22], quedando pendiente el cumplimiento de dicha obligación respecto de siete víctimas, a saber: Julio César Allendes, Miguel Oscar Cardozo, Carlos Alberto Galluzzi, Ambrosio Marcial (fallecido), Horacio Eugenio Oscar Muñoz, Juan Italo Óbolo y Nicolás Tomasek
  2. En cuanto al pago correspondiente a la víctima fallecida Juan Italo Óbolo, el Estado señaló en su informe de agosto de 2017 que “la familia ha presentado una declaratoria de herederos” ante un juzgado de la Provincia de Córdoba, y que “la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se enc[ontraba] realizando las gestiones necesarias […] a los fines de efectivizar el depósito judicial correspondiente”. Los representantes de dichos familiares, los señores Vega y Sommer, no remitieron observaciones ni información al respecto (supra Considerando 3). Tomando en cuenta lo anterior, se solicita al Estado que remita información actualizada sobre las acciones que ha realizado para efectivizar el pago correspondiente.
  3. Respecto al pago correspondiente a las víctimas Julio César Allendes, Miguel Oscar Cardozo, Carlos Alberto Galluzzi, Ambrosio Marcial, Horacio Eugenio Oscar Muñoz y Nicolás Tomasek, en sus informes de agosto de 2017 y abril de 2018, Argentina explicó que sus indemnizaciones se encuentran “pendientes de cobro”, ya que “no se presentó ninguno de ellos ni en forma personal ni telefónica” ante la Tesorería General de la Nación a efecto de “cumplir los requisitos exigidos para […] proced[er] a transferir los fondos”. Asimismo, explicó las gestiones que habría realizado la Secretaría de Derechos Humanos para poner en conocimiento de sus representantes legales los requisitos que debían cumplir para efectivizar los cobros de su indemnización, los cuales “se encuentran a su disposición”. ...

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