Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30-11-2011

Date30 November 2011
CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StatePerú
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento
RESOLUCIÓN DE LA

Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos[*]

de 30 de NOVIEMBRE de 2011

Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Visto:

  1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 28 de febrero de 2003

  1. Las Resoluciones dictadas por la Corte Interamericana el 17 de noviembre de 2004, el 12 de septiembre de 2005, el 4 de julio de 2006 y el 3 de diciembre de 2008, en relación con la supervisión de cumplimiento de la Sentencia

  1. La Resolución emitida por la Corte el 24 de noviembre de 2009, mediante la cual declaró que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos pendientes de acatamiento

a) “realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas” (punto resolutivo sexto de la Sentencia de 28 de febrero de 2003), y

b) establecer “las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al derecho a la propiedad privada, […], en los términos de la legislación interna, por los órganos nacionales competentes” (punto resolutivo quinto de la Sentencia de 28 de febrero de 2003).

  1. Los informes de la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) relativos a los avances en el cumplimiento de la Sentencia, presentados los días 18 de marzo y 1 de septiembre de 2010.

  1. Las observaciones del representante de las víctimas (en adelante “el representante”) a los informes estatales así como los escritos relativos al cumplimiento de la Sentencia, presentados los días 27 de abril, 2 de julio y 10 de octubre de 2010, y 18 de enero y 11 de febrero de 2011.

  1. Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) a los informes estatales, presentadas los días 2 de junio de 2010 y 13 de abril de 2011.

Considerando QUE:

  1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.

  1. Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[1].

  1. La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida[2]. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado[3].

  1. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[4].

a) Sobre la obligación de “realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas” (punto resolutivo sexto de la Sentencia)

  1. El Estado indicó que “[e]n lo que atañe a las acciones penales, […], la propia Corte [ha] reconoc[ido] que éstas han sido agotadas” en su Resolución de supervisión de cumplimiento de 24 noviembre de 2009. En ese sentido, el Estado agregó que el que “el resultado de tales acciones no haya sido favorable a los denunciantes –pues no se ha determinado la comisión de delito alguno-, no enerva el hecho que las investigaciones se han llevado a cabo por los órganos competentes y que se han agotado los recursos que la legislación peruana establece”. Respecto a las acciones administrativas o disciplinarias, el Estado señaló que en la referida Resolución de 24 de noviembre de 2009 “es la primera vez que la Corte alude a e[s]e tipo de acciones, con lo cual, [para el Estado, se] está realizando una interpretación extensiva de los alcances de la […] Sentencia”. Según el Perú, la Sentencia y las resoluciones de supervisión de cumplimiento previas se refieren a “investigaciones que tienen por objeto sancionar a presuntos responsables de desacato, lo que implícitamente ha sido entendido por las partes y la propia Corte como llevar adelante acciones de carácter penal”.

  1. Sin perjuicio de ello, el Estado señaló que “[e]n este ámbito cabe distinguir dos campos: el propiamente administrativo, en la relación bilateral del Estado con el [a]dministrado, y el disciplinario, que deriva de, y corresponde a, la relación que vincula al Estado con sus funcionarios o servidores”. Respecto al primero, conforme al Estado, “no hay nada que hacer, ya que en el presente caso no están involucradas terceras personas a las que cupiera considerar administrados”. De esta manera, correspondería remitirse al ámbito disciplinario, concretamente al numeral 7 del artículo 239 de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444 sobre “Faltas Administrativas”, según el cual se sancionará al funcionario que “[d]ilat[e] el cumplimiento de los mandatos superiores o administrativo[s] o contrad[iga] sus decisiones”. El Estado indicó que “[r]especto a las acciones administrativas, ya no es posible llevarlas a cabo porque han prescrito”. Según el Perú, “a la fecha de expedición de la [Sentencia de] 28 de febrero de 2003, la acción para el inicio d[e un] proceso administrativo [disciplinario en el presente caso] se encontraba largamente prescrita”, según lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público[5], al haber transcurrido “casi 20 años” desde las supuestas omisiones de los funcionarios concernidos. De esta manera, el Estado indicó que “no está en posibilidad legal de iniciar [una] acción en dicho campo legal”, insistiendo en que para la época en que la Corte emitió la Sentencia “sólo cabían los procesos penales”.

  1. Por su parte, el representante indicó que “[e]l Estado no ha tomado medida alguna para investigar –a instancia suya y no de las víctimas- los hechos del presente caso. Por el contrario, de manera sistemática […], a lo largo de nueve años (entre 1995 y el 2004), ha desestimado las solicitudes de investigación y sanción planteadas por las víctimas, asegurando así impunidad a los responsables de los actos arbitrarios cometidos contra ellas, así como a quienes desacataron...

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