Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 02-09-2015

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StatePerú
Date02 September 2015
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*

DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CASO DE LA CRUZ FLORES VS. PERÚ

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 18 de noviembre de 2004 en el caso De La Cruz Flores Vs. Perú. En dicho fallo se estableció que María Teresa De La Cruz Flores, médica de profesión, fue condenada por un tribunal “sin rostro” mediante sentencia de 21 de noviembre de 1996, a 20 años de prisión por el delito de colaboración con el terrorismo, en aplicación del artículo 4 del Decreto Ley Nº 25.475[1]. El 20 de junio de 2003, el proceso y la mencionada condena fueron declarados nulos e insubsistente la acusación fiscal, “sin que ello vari[ara] su situación jurídica[2]. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, el Fiscal a cargo del caso emitió un dictamen considerando que “había mérito para ir a juicio”. La víctima estuvo privada de su libertad desde el 27 de marzo de 1996 hasta el 9 de julio de 2004[3]. La Corte determinó la responsabilidad de la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) por la violación, entre otros derechos, al principio de legalidad y de irretroactividad[4], en perjuicio de la señora De La Cruz Flores, debido a que en la sentencia condenatoria de 1996: se tomó en cuenta como elementos generadores de responsabilidad penal la pertenencia a una organización terrorista y el incumplimiento de la obligación de denunciar, aplicando un artículo que no tipificada dichas conductas; no se especificó cuál o cuáles de las conductas establecidas en el artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475 fueron las cometidas por la presunta víctima para ser responsable del delito; se penalizó el acto médico, acto esencialmente lícito y deber de un médico el prestarlo; y se le impuso como médica la obligación de denunciar posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la información que obtuviera en el ejercicio de su profesión[5]. Adicionalmente, la Corte consideró que la detención de la señora De La Cruz Flores, originada por un proceso que culminó en una condena violatoria del principio de legalidad, fue ilegal y arbitraria[6]. El Tribunal también concluyó que durante su detención, la señora De La Cruz Flores fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes[7]. La Corte dio por probado que dicha detención y las condiciones de la misma conllevaron a la violación del derecho a la integridad personal de determinados familiares de María Teresa De La Cruz Flores[8]. Por último, la Corte indicó que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1)

  1. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Sentencia, emitidas por el Tribunal el 23 de noviembre de 2007[9] y el 1 de septiembre de 2010[10]

  1. La Resolución emitida por la Corte el 25 de octubre de 2012, en la cual desestimó una solicitud de medidas provisionales y dispuso incorporar al expediente de supervisión de cumplimiento de sentencia la información remitida por la representante de la víctima en el marco de esa solicitud[11]

  1. Los once escritos presentados por el Estado[12] entre enero de 2011 y octubre de 2014 y sus respectivos anexos, mediante los cuales remitió información en relación con el cumplimiento de la Sentencia.

  1. Los quince escritos presentados por la representante de la víctima[13] entre enero de 2011 y agosto de 2014, mediante los cuales presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado, además de información adicional sobre el cumplimiento de la Sentencia.

  1. Los cuatro escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[14] (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre mayo de 2011 y marzo de 2014.

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[15], la Corte ha supervisado la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso desde el 2004 (supra Visto 1). El Tribunal ha emitido dos resoluciones de supervisión de cumplimiento en los años 2007 y 2010 (supra Visto 2), en las cuales declaró:

a) que El Perú dio cumplimiento total a las siguientes medidas de reparación:

(i) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos (puntos dispositivos tercero, cuarto, décimo, décimo primero y décimo segundo);

(ii) reincorporar a la señora De La Cruz Flores a las actividades que como médico profesional venía desarrollando en instituciones públicas al momento de su detención (punto dispositivo sexto),

(iii) publicar en un diario de circulación nacional tanto la sección denominada “Hechos Probados” como los puntos resolutivos primero a tercero de la parte declarativa de la Sentencia (punto dispositivo noveno), y

(iv) publicar en el Diario Oficial tanto la sección denominada “Hechos Probados” como los puntos resolutivos primero a tercero de la parte declarativa de la Sentencia (punto dispositivo noveno).

b) que se encuentran pendientes de cumplimiento las siguientes reparaciones:

(i) observar el principio de legalidad y de irretroactividad y las exigencias del debido proceso legal en el nuevo proceso que se le sigue a la señora De La Cruz Flores (punto dispositivo primero);

(ii) proporcionar atención médica y psicológica a la víctima mediante los servicios de salud estatales, incluyendo la provisión gratuita de medicinas (punto dispositivo quinto);

(iii) proporcionar a la señora De La Cruz Flores una beca que le permita capacitarse y actualizarse profesionalmente (punto dispositivo séptimo), y

(iv) reinscribir a la señora De La Cruz Flores en el correspondiente registro de jubilaciones (punto dispositivo octavo).

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”[16]. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto[17]. Asimismo, deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[18].

  1. Seguidamente, la Corte valorará la información presentada por las partes respecto de las cuatro medidas de reparación pendientes de cumplimiento (supra Considerando 1.b), y considerará, por separado, lo alegado por la representante en relación a una medida ya declarada cumplida por la Corte (infra Considerando 51). La presente Resolución se estructura en el siguiente orden:

A. Observar el principio de legalidad y de irretroactividad y las exigencias del debido proceso legal en el nuevo proceso que se le sigue a la señora De La Cruz Flores

B. Proporcionar atención médica y psicológica a la víctima mediante los servicios de salud estatales, incluyendo la provisión gratuita de medicinas (punto...

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