Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 04-03-2019

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StateEcuador
Date04 March 2019
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 4 MARZO DE 2019

CASO HERRERA ESPINOZA Y OTROS VS. ECUADOR

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 1 de septiembre de 2016[1]. La Corte declaró la responsabilidad internacional de la República del Ecuador (en adelante “Ecuador” o “el Estado”) por la violación de los derechos a la integridad personal y a la libertad personal, por la tortura[2], la detención ilegal sin control judicial y la prisión preventiva arbitraria en perjuicio de los señores Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Luis Alfonso Jaramillo González, Emmanuel Cano y Eusebio Domingo Revelles. Tales violaciones ocurrieron entre agosto de 1994 y noviembre de 1998 en el marco de la investigación de presuntas actividades delictivas. Además, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales en perjuicio de la víctima Eusebio Domingo Revelles, pues no fue informado de las razones de su detención; no contó con un recurso judicial efectivo para el control sin demora de su privación de libertad; el proceso penal en su contra no se desarrolló en un plazo razonable, y la prisión preventiva se mantuvo por el tiempo que duró el proceso. También se transgredió su derecho de defensa en diversas formas y se vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Asimismo, su confesión, obtenida bajo coacción, no fue privada de valor. La Corte estableció que su Sentencia constituía por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado la adopción de medidas adicionales de reparación (infra Considerando 3)
  2. Los tres informes presentados por el Estado entre octubre y diciembre de 2017[3], en respuesta a solicitudes efectuadas por la Corte o su Presidente mediante notas de la Secretaría del Tribunal.
  3. Los escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”)[4] el 19 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018.
  4. El escrito de observaciones presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 18 de julio de 2018.

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[5], la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso en el año 2016 (supra Visto 1). En la Sentencia, el Tribunal dispuso cinco medidas de reparación (infra Considerandos 5, 9, 13 y 17)
  2. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”), “[l]os Estados Partes en la Convención, se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto[6]. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[7]
  3. En la presente resolución la Corte se pronunciará sobre las cinco medidas de reparación para valorar el grado de cumplimiento, y estructurará sus consideraciones en el siguiente orden:

A. Investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal en contra de las víctimas

B. Dejar sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se derivan del proceso penal seguido contra el señor Eusebio Domingo Revelles

C. Publicación y difusión de la Sentencia

D. Indemnizaciones por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos

  1. Investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal en contra de las víctimas

A.1. Medida ordenada por la Corte

  1. En la Sentencia, la Corte declaró, entre otros, que las cuatro víctimas de este caso, los señores Eusebio Domingo Revelles, Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Emmanuel Cano y Luis Alfonso Jaramillo González, fueron sometidos a actos violatorios de su integridad personal constitutivos de tortura, y determinó violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la falta de investigación de los mismos[8].
  2. En consecuencia, en el punto resolutivo décimo quinto y los párrafos 217 a 219 de la Sentencia se ordenó que “[e]l Estado, de acuerdo a su derecho interno, debe iniciar y conducir eficazmente, en un plazo razonable, una investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal declaradas en la […] Sentencia”, para “determinar, de ser procedente, las eventuales responsabilidades disciplinarias, penales o de otra índole y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”. Se dispuso que para ello “el Estado debe emprender con seriedad todas las acciones necesarias con el fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a [los] responsables de los actos que generaron las violaciones referidas […] en contra de [las cuatro víctimas]”.

A.2. Consideraciones de la Corte

  1. El Estado aportó un oficio de 18 de septiembre de 2017 de la “Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado” en el cual se indica que se resolvió “dar inicio a la fase de investigación previa[9], por la vulneración de [d]erechos [h]umanos en perjuicio de los señores Eusebio Domingo Revelles, Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Emmanuel Cano y Luis Alfonso Jaramillo González”[10]. Al respecto, Ecuador explicó que se resolvió dar inicio a dicha investigación, ya que, de acuerdo a su normativa interna, se consideró “que exist[ían] hechos constitutivos de infracción penal”. También indicó en su informe de octubre de 2017 que “se enc[ontraba] a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado” y que tan pronto contara con la información pertinente se pondría en conocimiento de la Corte. Tanto los representantes como la Comisión tomaron nota del inicio de la referida investigación penal y destacaron la importancia de que se avance en la misma “dentro de un plazo razonable”[11].
  2. Este Tribunal valora positivamente que se haya iniciado una investigación penal de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal sufridas por las cuatro víctimas de este caso. El Estado debe avanzar con dicha investigación previa, dentro de un plazo razonable, para dar inicio a las siguientes etapas del proceso penal. Asimismo, tomando en cuenta lo indicado por Ecuador (supra Considerando 6), debe remitir información actualizada y detallada sobre las gestiones y avances que se hayan dado en la referida investigación previa.
  3. En razón de lo anterior, la Corte considera que se encuentra pendiente de cumplimiento la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo décimo quinto de la Sentencia, relativa a la investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal declaradas en la Sentencia en perjuicio de las cuatro víctimas.

  1. Dejar sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se derivan del proceso penal seguido contra el señor Eusebio Domingo Revelles

B.1. Medida ordenada por la Corte

  1. En el punto resolutivo décimo sexto y los párrafos 224 y 225 de la Sentencia, la Corte, “atendiendo las violaciones establecidas en el presente caso, […] determin[ó] que el proceso penal seguido en contra del señor [Eusebio Domingo] Revelles no puede producir efectos jurídicos en lo que respecta a dicha víctima y, por ello, disp[uso] que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias en el derecho interno para dejar sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se deriven del indicado proceso penal, inclusive los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales”, o “de cualquier...

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