Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 09-02-2017

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StatePerú
Date09 February 2017
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 9 DE FEBRERO DE 2017

CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante ‘‘la Sentencia’’) emitida en el presente caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 25 de noviembre de 2006[1]. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por la República del Perú (“el Estado” o “el Perú”) en el presente caso, la Corte determinó que el Estado era internacionalmente responsable por violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal por la masacre, ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro, durante el denominado “Operativo Mudanza 1”[2], contra las internas y los internos que se encontraban en los Pabellones 1A y 4B[3], acusados o sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria, entre quienes se encontraban mujeres embarazadas. El Tribunal estimó que el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante el referido “Operativo”[4], así como con posterioridad a éste, demuestran que se trató de una masacre, y que dichas acciones tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en dichos pabellones. Asimismo, la Corte encontró al Perú responsable de violaciones al derecho a la integridad personal perpetradas contra las internas que sobrevivieron la masacre cuando fueron llevadas al Hospital de la Policía y trasladadas a otros centros penales. Tres internas fueron víctimas de violaciones adicionales por la falta de atención médica pre y post natal, una interna fue víctima de violación sexual y seis internas fueron sometidas a violencia sexual. Adicionalmente, la Corte determinó que el Estado había incurrido en violaciones a la integridad personal de determinados familiares de los internos por el tratamiento que recibieron por las autoridades cuando se encontraban en búsqueda de información sobre lo ocurrido. Asimismo, el Tribunal declaró la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial[5]. La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación

  1. La Sentencia de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 2 de agosto de 2008[6] (en adelante “la Sentencia de Interpretación”)

  1. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 28 de abril de 2009[7], el 31 de marzo de 2014[8] y el 17 de abril de 2015[9] (infra Considerando 1)

  1. El escrito presentado por la víctima Miguel Oswaldo Cuicapusa Martel[10] el 25 de junio de 2015.

  1. El informe presentado por el Juez Titular del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante “el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales”) el 26 de junio de 2015, en respuesta al pedido de información realizado por el Tribunal en la Resolución de 17 de abril de 2015, de conformidad con el artículo 69.2 del Reglamento de la Corte.

  1. Los tres informes presentados por el Estado entre agosto de 2015 y agosto de 2016[11].

  1. Los tres escritos presentados por Mónica Feria Tinta, víctima e interviniente común de los representantes de las víctimas (en adelante “la interviniente común Feria Tinta”), entre agosto y octubre de 2015[12].

  1. Los dos escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) el 22 de septiembre de 2015 y el 3 de octubre de 2016.

  1. Los dos escritos presentados por la víctima Joaquín Rodríguez León los días 19 de mayo y 22 de agosto de 2016.

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[13], la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso hace más de diez años (supra Visto 1). Ha emitido tres resoluciones de supervisión en los años 2009, 2014 y 2015 (supra Visto 3), mediante las cuales declaró que el Estado no había dado cumplimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia (infra Considerandos 3 y 30), lo cual constituía “un grave incumplimiento de las obligaciones convencionales”[14].

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto[15]. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[16].

  1. Esta Resolución tiene por objeto evaluar el cumplimiento de las medidas de reparación relativas al pago de un monto para la atención médica o psicológica de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, que se encuentran pendientes de acatamiento. Para ello valorará, en la medida de lo pertinente, lo expuesto por el Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales respecto de las referidas medidas. Ello será valorado por la Corte como “otra fuente de información” que le permita apreciar el cumplimiento de lo ordenado, conforme lo dispuesto en el artículo 69.2 de su Reglamento, ya que ese informe es distinto al que brinda el Estado en su carácter de parte de este proceso de supervisión de cumplimiento. Asimismo, el Tribunal se pronunciará puntualmente sobre las medidas de reparación relativas a la entrega de los restos de la víctima Mario Vásquez Aguilar Vega a sus familiares, así como la publicación y difusión de la Sentencia (infra Considerandos 19 y 25) y, de manera general, se referirá al estado de cumplimiento de las demás medidas de reparación (infra Considerando 30), considerando que han transcurrido más de diez años desde la emisión de la Sentencia del presente caso. Finalmente, la Corte hará referencia a la solicitud formulada por la interviniente común Feria Tinta relativa a que la Corte ordene al Estado cubrir los costos y gastos de representación durante la etapa de supervisión (infra Considerando 40). El Tribunal estructurará sus consideraciones en el siguiente orden:

A. Pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior y pago de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales

B. Entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares

C. Publicación y difusión de la Sentencia

D. Estado de cumplimiento de las demás medidas de reparación

E. Solicitud formulada por la interviniente común Feria Tinta

A. Pago del monto relativo a atención médica y psicológica para las víctimas que residan en el exterior y pago de las indemnizaciones por daños ...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT