Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30-05-2018

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StatePerú
Date30 May 2018
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*

DE 30 DE MAYO DE 2018

CASO BARRIOS ALTOS Y CASO LA CANTUTA VS. PERÚ

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR, JUZGAR Y, DE SER EL CASO, SANCIONAR

VISTO:

  1. La Sentencia de fondo y la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) en el caso Barrios Altos[1] y el caso La Cantuta[2], ambos contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), los días 14 de marzo de 2001 y 29 de noviembre de 2006, respectivamente. En la Sentencia del caso Barrios Altos, tomando en consideración el reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte determinó que era responsable de las violaciones al derecho a la vida de 15 personas y al derecho a la integridad personal de 4 personas que fueron heridas gravemente, una de ellas resultando incapacitada de manera permanente, en un inmueble del vecindario conocido como “Barrios Altos” [3], en noviembre de 1991 en Lima. Por otra parte, en la Sentencia del caso La Cantuta, tomando en consideración el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, el Tribunal declaró que el Perú era responsable por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992. Dos de ellos fueron ejecutados, y los restantes ocho fueron desaparecidos forzadamente. Las violaciones declaradas en ambos casos fueron resultado de acciones llevadas a cabo por agentes del “Grupo Colina”, que era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército, en el marco de un programa antisubversivo contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso. Asimismo, en ambos casos, la Corte declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de las referidas víctimas. El Tribunal ordenó al Estado, en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de los hechos (infra Considerandos 6 a 8)
  2. Las Sentencias de interpretación de las Sentencias emitidas en el caso Barrios Altos[4], y en el caso La Cantuta[5]
  3. Las ocho Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte y su Presidencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta[6]
  4. Los veintiún informes presentados por el Estado entre marzo de 2010 y noviembre de 2017, en relación con el cumplimiento de las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
  5. Los trece escritos presentados por los representantes de las víctimas entre junio de 2010 y julio de 2017 en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
  6. Los nueve escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) entre agosto de 2010 y abril de 2017, en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
  7. Los escritos de 25 y 26 de diciembre de 2017, mediante los cuales los representantes de las víctimas de ambos casos solicitaron la convocatoria de audiencias de supervisión por motivo de la concesión de un “indulto por razones humanitarias” a Alberto Fujimori (infra Visto 8).
  8. El informe presentado por el Estado el 26 de diciembre de 2017 en el caso Barrios Altos, mediante el cual comunicó que se emitió una Resolución Suprema que “concedió el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias” a Alberto Fujimori (infra Considerando 10).
  9. Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 27 de diciembre de 2017 que comunicaron la decisión del Presidente del Tribunal de convocar a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento conjunta para ambos casos (supra Visto 7 e infra Visto 13).
  10. La nota de Secretaría de 11 de enero de 2018, mediante la cual se comunicó que el Presidente del Tribunal declaró improcedente la solicitud formulada por Alberto Fujimori de permitir “a [su] defensa informar oralmente” en la referida audiencia pública de supervisión de cumplimiento[7].
  11. La nota de la Secretaría de 31 de enero de 2018, mediante la cual se comunicó que la Corte declaró “improcedente” la solicitud de reserva respecto a terceros[8] del expediente que sustentó el indulto y derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori[9], y se comunicó que el Presidente aprobó la designación de intervinientes comunes de los representantes de las víctimas[10].
  12. Los cinco informes presentados por el Estado[11] y tres escritos presentados por los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas[12] en enero y febrero de 2018, previo a la audiencia pública (infra Visto 13).
  13. La audiencia pública sobre supervisión de cumplimiento de sentencia conjunta para los casos Barrios Altos y La Cantuta, celebrada el 2 de febrero de 2018 en la sede del Tribunal[13], sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, ordenada en ambos casos, en relación con el indulto por razones humanitarias otorgados a Alberto Fujimori.
  14. Los nueve informes presentados por el Estado[14], los tres escritos presentados por los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas[15] y los dos escritos presentados por la Comisión[16], todos en febrero de 2018, con posterioridad a la audiencia (supra Visto 13).
  15. Los dieciséis escritos presentados entre enero y marzo de 2018 en calidad de amici curiae[17], y los escritos del Estado mediante los cuales presentó observaciones a cinco de ellos[18].
  16. El escrito de 19 de abril de 2018, mediante el cual los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas aportaron alegados “medios probatorios sobrevinientes” (infra Considerando 70) y los correspondientes escritos de observaciones de 4 de mayo de ese mismo año remitidos por el Estado (infra Considerando 70) y la Comisión Interamericana[19].
  17. Los escritos de 15 de mayo de 2018, mediante los cuales el Estado presentó una consulta respecto a la composición de la Corte que emitiría la presente Resolución y puso en conocimiento de la Corte una resolución emitida por el Colegiado B de la Sala Penal que ordenó “impedimento de salida del país de Alberto Fujimori”, así como la nota de Secretaría de 25 de mayo de 2018, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se dio respuesta a la consulta efectuada por el Perú.

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[20], la Corte ha venido supervisando la ejecución de las Sentencias emitidas en el caso Barrios Altos desde el 2001 y en el caso La Cantuta desde el 2006 (supra Visto 1). El Tribunal y su Presidencia han emitido ocho Resoluciones de supervisión de cumplimiento (supra Visto 3), en las cuales la Corte ha declarado que el Estado dio cumplimiento total a seis medidas de reparación[21] y cumplimiento parcial a otras tres medidas del caso Barrios Altos (infra punto resolutivo 2), así como cumplimiento total a dos medidas de reparación[22] y cumplimiento parcial a otras cinco medidas de reparación en el caso La Cantuta (infra punto resolutivo 3). En ambos casos, una de las medidas de reparación que ha presentado avances, según ha sido valorado por este Tribunal, es la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos de los hechos de los referidos casos (in...

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