Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18-05-2009

Date18 May 2009
CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StateRepública Dominicana
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento
RESOLUCIÓN DE LA

Resolución de la Presidenta de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos

18 de mayo de 2009

Caso de las Niñas Yean y B.....V.. República Dominicana

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Visto:

1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) emitida en el presente caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 8 de septiembre de 2005.

2. La Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia emitida por la Corte Interamericana el 28 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró:

1. Que el Estado ha cumplido con el pago de la indemnización ordenada por concepto de daño inmaterial a favor de Dilcia Yean y V.B., así como con el pago de costas y gastos ordenados a favor de T.B.C. y L.O.Y., de conformidad con los puntos resolutivos noveno y décimo, respectivamente, de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de septiembre de 2005 en el presente caso.

2. Que la Corte mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento, a saber:

a) la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional en la República Dominicana, al menos por una vez, tanto la Sección denominada “Hechos Probados”, sin las notas de pie de página correspondientes, así como los puntos resolutivos de la Sentencia (punto resolutivo sexto de la Sentencia);

b) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas Dilcia Yean y V.B., y a L.O.Y., T.B.C. y T.T.M., con la participación de autoridades estatales, de las víctimas y sus familiares, así como de los representantes y con difusión en los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) (punto resolutivo séptimo de la Sentencia); y

c) la adopción por el Estado en su derecho interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento (punto resolutivo octavo de la Sentencia).

[…]

3. Los escritos de 21 de enero y 7 y 14 de abril de 2008, mediante los cuales la República Dominicana (en adelante “el Estado” o “República Dominicana”) informó sobre el estado del cumplimiento de la Sentencia.

4. El escrito de 4 de septiembre de 2008, mediante el cual los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”) presentaron sus observaciones a los informes remitidos por el Estado.

5. La comunicación de 27 de agosto de 2008, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones a los informes remitidos por el Estado.

6. La comunicación de 22 de febrero de 2008, mediante la cual el Estado solicitó una prórroga de seis meses para la presentación del informe estatal ordenado en el punto resolutivo segundo de la Resolución de la Corte de 28 de noviembre de 2007 (supra Visto 2), cuyo plazo para su remisión vencía el 4 de abril de 2008. La comunicación de 5 de marzo de 2008, a través de la cual la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”), informó al Estado que no era posible conceder la prórroga. La comunicación de 7 de abril de 2008, mediante la cual el Estado solicitó nuevamente una prórroga de 60 días para la presentación del referido informe, contados a partir del 4 de abril de 2008. La comunicación de 11 de abril de 2008 de la Secretaría, en respuesta a la anterior solicitud, en la cual, siguiendo instrucciones de la Presidenta, concedió al Estado una prórroga hasta el 4 de junio de 2009 para presentar dicho informe. La nota de 14 de abril de 2008, a través de la cual el Estado informó que en vista de que se desestimó la concesión de la prórroga solicitada el 22 de febrero de 2008, el informe estatal lo remitió dentro del plazo originalmente concedido.

7. La comunicación de 3 de noviembre de 2008 de la Secretaría, mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidenta, solicitó al Estado la presentación, a más tardar el 15 de enero de 2009, de un informe que contenga una relación pormenorizada de las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a los puntos resolutivos sexto, séptimo y octavo de la Sentencia, que aún se encuentran pendientes de acatamiento. Las comunicaciones de 14 de enero y 9 de febrero de 2009, mediante las cuales el Estado solicitó las prórrogas de un mes y cuatro meses, respectivamente, para la presentación del informe estatal. Las comunicaciones de 16 de enero y 13 febrero de 2009 de la Secretaría, mediante las cuales se concedió al Estado las extensión del plazo para la presentación del informe, siendo que en la última comunicación, la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, concedió al Estado un plazo improrrogable hasta el 29 de mayo de 2009, para la presentación del informe requerido.

Considerando:

1. Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.

2. Que la República Dominicana es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 19 de abril de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999.

3. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.

4. Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes o funciones del Estado.

5. Que en aras de cumplir el mandato de supervisar el cumplimiento del compromiso contraído por los Estados Partes según el artículo 68.1 de la Convención, la Corte primero debe conocer el grado de acatamiento de sus decisiones. Para ello el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables efectivamente cumplan las reparaciones ordenadas por el Tribunal.

6. Que los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la sentencia en su...

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