Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20-02-2012

CourtInter-American Court of Human Rights
Date20 February 2012
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento
Resolución de la

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 20 DE FEBRERO DE 2012

CASO GARIBALDI VS. BRASIL

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 23 de septiembre de 2009 (en adelante “la Sentencia”), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), así como la Resolución del Tribunal de 22 de febrero de 2011, mediante la cual declaró que mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de los siguientes puntos

a) conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación y cualquier proceso que se llegare a abrir, como consecuencia de ésta, para identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los autores de la muerte del señor G.. Del mismo modo, el Estado debe investigar y, si es el caso, sancionar las eventuales faltas funcionales en las que podrían haber incurrido los funcionarios públicos a cargo de la investigación, en los términos establecidos en la Sentencia (punto resolutivo séptimo de la Sentencia);

b) pagar a I.G., D.G., V.G., F.G., I.G., I.G. y A.G., los montos fijados en los párrafos 187 y 193 de la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial […] conforme a las modalidades especificadas en los párrafos 200 a 203 del Fallo (punto resolutivo octavo de la Sentencia), y

c) pagar a I.G. el monto fijado en el párrafo 199 de la Sentencia por reintegro de costas y gastos […] conforme a las modalidades especificadas en los párrafos 200 a 203 del Fallo (punto resolutivo noveno de la Sentencia).

  1. Los escritos de 21 de junio y 8 de noviembre de 2011 y sus anexos, mediante los cuales la República Federativa de Brasil (en adelante también “el Estado” o “Brasil”) remitió información en relación con la supervisión de cumplimiento de la Sentencia emitida por la Corte en el presente caso

  1. Los escritos de 8 de agosto de 2011 y de 4 de enero de 2012, mediante los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones a los informes de cumplimiento de la Sentencia presentados por el Estado

  1. Los escritos de 17 de agosto de 2011 y de 18 de enero de 2012, mediante los cuales los representantes de las víctimas (en adelante también “los representantes”) remitieron sus observaciones a la información presentada por el Estado.

CONSIDERANDO QUE:

  1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.

  1. Brasil es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 25 de septiembre de 1992 y, de acuerdo con el artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.

  1. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[1].

  1. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.

  1. La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida[2]. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado[3].

  1. Los Estados Partes en la Convención Americana deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[4].

  1. Los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Estas obligaciones incluyen el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto[5].

a) Obligación de investigar los hechos del caso y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables

  1. En relación con la obligación de conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación y cualquier proceso que llegare a abrir, como consecuencia de ésta, para identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los autores de la muerte del señor G., establecida en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia, el Estado informó que el 25 de abril de 2011 el expediente de la investigación fue remitido al poder judicial para apreciación del Ministerio Público y de la jueza competente. Añadió que el Ministerio Público informó que desistiría de la realización de diligencias pendientes, las cuales no resultan indispensables, para que “el expediente pueda finalmente concluirse”. Además, el 30 de junio de 2011, la Fiscal Titular de la municipalidad de Loanda “presentó una denuncia contra [el señor] Morival Favoreto”. La Procuraduría General del Estado de Paraná requirió el trámite con urgencia del caso y la realización de algunas diligencias por parte de la policía civil. La audiencia de instrucción y juzgamiento fue fijada para el 22 de noviembre de 2011.

  1. Sobre la averiguación de eventuales faltas funcionales de autoridades a cargo de las investigaciones, Brasil indicó que:

a) la Corregedoria Geral de la Policía condujo una investigación preliminar respecto de tres funcionarios policiales, de la que no se desprendieron evidencias de faltas disciplinarias durante la investigación sobre la muerte del señor G.. Sin embargo, el corregidor afirmó que quedó demostrado que un servidor policial “utilizó el arma aprendida, efectuando un disparo para arriba, en un lugar propenso a conflicto”, en contravención a los artículos 210. V, 212, 213.XII y XLI de la Ley LC 14/82 que prevén penas de advertencia, reprensión o suspensión y dimisión. Las infracciones disciplinarias prescriben en dos y cinco años y, en particular, “la práctica de [una] posible contravención de disparo de arma de fuego […] estaría prescripta”. Por otra parte, el Ministerio Público solicitó el archivo de dicha investigación administrativa por falta de prueba de autoría;

b) respecto de los fiscales que actuaron en el caso, se realizaron dos procedimientos administrativos de investigación, uno por parte de la Corregedoria Geral del Ministerio Público del Estado de Paraná, y otro por parte de la Corregedoria Nacional del Consejo Nacional del Ministerio Público. La primera de ellas, en el año 2006, concluyó que el fiscal actuó en el caso “siguiendo su propia conciencia y también en vista del ordenamiento jurídico vigente”, de modo que archivó el procedimiento. Respecto del segundo procedimiento de averiguación, iniciado por el Consejo Nacional del Ministerio Público en virtud de la Sentencia de la Corte, archivó la denuncia en función de la “inexistencia de pruebas que lleven a la conclusión de alguna infracción disciplinaria cometida por el miembro del Ministerio Público del Estado de Paraná”, y

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