Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23-06-2016

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StateColombia
Date23 June 2016
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*

DE 23 DE JUNIO DE 2016

CASO 19 COMERCIANTES VS. COLOMBIA

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. La Sentencia de excepción preliminar (en adelante “la Sentencia de excepción preliminar”) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “este Tribunal”) el 12 de junio de 2002[1] y la Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) emitida por el Tribunal el 5 de julio de 2004[2]. La Corte declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) por la desaparición forzada de 19 personas[3], por parte de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá que tenía estrechos vínculos con la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, así como por la impunidad respecto de la participación de miembros de la Fuerza Pública, la investigación de los hechos en la jurisdicción penal militar, el desconocimiento del principio del plazo razonable en los procesos penales ordinarios y no haber realizado una búsqueda seria de los restos de las víctimas. Los hechos sucedieron el 7 de octubre de 1987, cuando miembros de dicho grupo paramilitar, con el apoyo y colaboración de miembros de la Fuerza Pública, detuvieron a 17 comerciantes, quienes se dedicaban a comprar y transportar mercancías en la frontera colombo-venezolana para la venta en las ciudades de Bucaramanga, Medellín e intermedias, porque presuntamente vendían armas a grupos guerrilleros y, posteriormente a su detención, les dieron muerte, los descuartizaron y lanzaron sus cuerpos a un río. Dos semanas después de estos hechos, cuando los familiares recorrían la zona en búsqueda de los desaparecidos, dos de ellos fueron igualmente detenidos y desaparecidos por el grupo paramilitar. Al determinar las causas de responsabilidad internacional del Estado, este Tribunal destacó que Colombia emitió el marco normativo que propició la creación de “grupos de autodefensa”, los cuales derivaron en grupos “paramilitares”. La Corte indicó que la Sentencia emitida en el presente caso constituye, per se, una forma de reparación y, además, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1)

  1. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 2 de febrero de 2006, 10 de julio de 2007, 8 de julio de 2009 y 26 de junio de 2012[4]

  1. Los informes presentados por el Estado el 22 de noviembre de 2012 y 10 de diciembre de 2013

  1. Los cuatro escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas presentados entre agosto de 2012 y mayo de 2014[5].

  1. Los escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) el 14 de enero de 2013 y 12 de marzo de 2014.

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[6], la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso en julio de 2004 (supra Visto 1). El Tribunal ha emitido cuatro resoluciones de supervisión de cumplimiento entre los años 2006 y 2012 (supra Visto 2), mediante las cuales ha declarado que el Estado ha dado cumplimiento total y parcial, respectivamente, a tres[7] y cuatro[8] medidas de reparación, quedando pendientes de cumplimiento nueve medidas[9].

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.

  1. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[10].

  1. En la presente Resolución, este Tribunal se pronunciará sobre la medida de reparación en memoria de las víctimas (infra Considerando 5), la cual estima ha sido cumplida por el Estado, con base en las consideraciones que se exponen en esta Resolución. Con relación a las demás reparaciones pendientes de cumplimiento (supra Considerando 1), se solicitó al Estado un nuevo informe escrito[11]. En una posterior resolución esta Corte se pronunciará sobre esas reparaciones.

  1. Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resolución anterior

  1. En el punto resolutivo séptimo y en el párrafo 273 de la Sentencia, la Corte dispuso una reparación en memoria de las víctimas, la que tenía varios componentes:
  • el Estado debía “erigir un monumento en memoria de las víctimas” y la elección del lugar donde se colocaría debía ser “acordada entre el Estado y los familiares de las víctimas”;
  • en ese mismo lugar, el Estado debía colocar “una placa con los nombres de los 19 comerciantes y la mención expresa de que su existencia obedece al cumplimiento de la reparación ordenada” en la Sentencia, y
  • la placa debía instalarse “mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas”.

En dicha Sentencia, la Corte indicó que esta medida se ordenaba para “contribui[r] a despertar la conciencia [y] evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso, [así como] conservar viva la memoria de las víctimas”. En el párrafo 286 de la Sentencia se dispuso que la reparación debía ser cumplida en el plazo de un año a partir de su notificación (supra Visto 1).

  1. En la Resolución de supervisión de 26 de junio de 2012, el Tribunal valoró que el Estado adoptó “las medidas necesarias para la elaboración de la obra artística, en consenso con los familiares de las víctimas” y que ésta hubiese sido finalizada[12]. Sin embargo, la Corte también se pronunció sobre el “traslado y almacenamiento de la obra artística en una instalación militar”. El Tribunal indicó que “no considera razonable ni necesario someter a las víctimas a una situación que sienten revictimizante e indignante, en tanto el monumento en memoria de sus familiares fue almacenado en las instalaciones de uno de los cuerpos de seguridad estatal que señalan como responsable de las violaciones cometidas en su perjuicio […]”[13]. En razón de ello, la Corte ordenó al Estado trasladar y almacenar la obra, a la brevedad, en una “institución civil, en condiciones que garanti[zaran] su conservación y seguridad hasta tanto [fuera] posible su instalación definitiva en el lugar acordado por las partes”. También señaló que el lugar de almacenamiento temporal debía ser acordado entre el Estado y los familiares de las víctimas[14]. Si bien la Corte tomó nota de las “disculpas ofrecidas por el Estado” en razón de los retrasos para el cumplimiento de dicha medida, también indicó que era “imperioso que el Estado avance en el cumplimiento de esta medida […] a la mayor brevedad, dado el valor simbólico real que ésta reviste para los familiares de las víctimas y como garantía de no repetición de hechos similares en el futuro”[15].

  1. Consideraciones de la Corte

  1. La Corte emitió la Resolución de junio de 2012 (supra Considerando 6) con base en la información que había recibido de las partes a esa fecha. Fue recién después de que el Tribunal dictara esa decisión que el Estado informó que en diciembre del año anterior había procedido a retirar el monumento[16] de la Quinta Brigada del Ejército y a colocarlo en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, que fue el lugar acordado por las partes para ello[17], hecho que no fue controvertido por los representantes de las víctimas.

  1. En lo que respecta a colocar en el monumento una placa con los nombres de los 19 comerciantes durante una ceremonia pública con presencia de los familiares, fue informado a esta Corte que, en enero de 2012, los familiares de las víctimas interpusieron una acción de tutela por considerar “vulnerados [sus] derechos fundamentales a la reparación integral, la tutela judicial efectiva y la dignidad humana” pues, si bien el monumento había sido retirado de la instalación militar, aún no se había cumplido con la totalidad de la reparación ordenada. Dicha acción fue resuelta de forma definitiva...

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