Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 03-09-2019

CourtInter-American Court of Human Rights
Date03 September 2019
Case TypeSupervisión de cumplimiento
Respondent StateEl Salvador
Procedure TypeSolicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES Y

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR

VISTO:

  1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 25 de octubre de 2012[1]. El caso se refirió a las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío de El Mozote y otros lugares aledaños, en el Departamento de Morazán, en el marco del conflicto armado interno salvadoreño. En dichas masacres murieron aproximadamente mil personas[2], en su mayoría niñas y niños. Igualmente, se refirió a la aprobación de una ley general de amnistía y su posterior aplicación judicial a la investigación penal del presente caso de forma contraria a la obligación internacional del Estado de investigar graves violaciones a derechos humanos. La Corte declaró responsable internacionalmente a la República de El Salvador (en adelante “el Estado” o “El Salvador”) por la violación, entre otros, de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y a la libertad personal, en perjuicio de víctimas ejecutadas; por la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la violación del derecho a la vida privada, en perjuicio de las mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales en el caserío El Mozote; por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y el domicilio, y a la propiedad privada en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres; por la violación del derecho de circulación y de residencia, en perjuicio de personas que fueron forzadas a desplazarse dentro de El Salvador y hacia la República de Honduras; por la violación de los derechos a la integridad personal y a la propiedad privada en perjuicio de familiares de las víctimas ejecutadas; por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), en perjuicio de víctimas sobrevivientes de las masacres, así como de familiares de las víctimas ejecutadas. El Salvador efectuó una aceptación total de los hechos que configuraron las violaciones antes indicadas. En la Sentencia, el Tribunal dispuso, entre otras medidas de reparación, que el Estado debía cumplir con su obligación de investigar, identificar y, en su caso sancionar, así como asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no volviera a representar un obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación en este caso y respecto de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador (infra Considerandos 3 y 6)
  2. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitidas por la Corte Interamericana el 3 de mayo de 2016[3], el 31 de agosto de 2017[4], el 30 de mayo[5] y 28 de noviembre de 2018[6]
  3. La visita de supervisión de cumplimiento de la Sentencia realizada por una delegación de la Corte, los días 28 a 30 de agosto de 2018 en San Salvador, en el Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera, en El Mozote y en Arambala[7]
  4. Los escritos presentados por los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”)[8] entre febrero y marzo de 2019 en el marco de la supervisión de cumplimiento del presente caso, en los cuales expresaron, entre otros aspectos, sus observaciones respecto “a la existencia de un proyecto de ꞌLey de Reconciliación Nacionalꞌ”, que se encuentra en trámite ante la Asamblea Legislativa de El Salvador y que podría afectar la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, tales como la de este caso.
  5. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 15 de marzo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se solicitó al Estado que presentara información actualizada sobre el trámite legislativo de dicho proyecto de ley.
  6. El informe presentado por el Estado el 29 de marzo de 2019, en el cual únicamente indicó que se había creado una Comisión Ad-hoc que “a [esa] fecha se enc[ontraba] concluyendo un proyecto de ley relacionado a [dicha] temática”.
  7. La nota de la Secretaría de 22 de mayo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se realizó un pedido detallado de información al Estado sobre diversos aspectos relacionados con el referido proyecto de ley[9].
  8. El escrito de 24 de mayo de 2019 y sus anexos, mediante los cuales los representantes solicitaron, “con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 del Reglamento de [la Corte]”, “la adopción de medidas provisionales a favor de las víctimas reconocidas en la Sentencia” del presente caso (infra Considerandos 13 y 14).
  9. La nota de la Secretaría de 24 de mayo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se otorgó un plazo hasta el 27 de mayo de 2019, para que el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentaran sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.
  10. El escrito presentado por El Salvador el 27 de mayo de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.
  11. El escrito presentado por la Comisión Interamericana el 27 de mayo de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.
  12. La Resolución de medidas urgentes y supervisión de cumplimiento de Sentencia emitida por el Presidente de la Corte Interamericana el 28 de mayo de 2019 (infra Considerandos 16 a 19)[10].
  13. Los informes presentados por El Salvador el 31 de mayo, el 14 y 19 de junio de 2019, en respuesta a las solicitudes efectuadas por el Presidente de la Corte en el marco de la supervisión de cumplimiento y en la referida Resolución de 28 de mayo de 2019 (supra Vistos 7 y 12), y el informe de 15 de julio de 2019, mediante el cual remitió información adicional sobre la solicitud de medidas provisionales.
  14. El escrito presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador el 19 de junio de 2019[11], el cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal fue recibido como “otra fuente de información”, distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte en el proceso, en los términos de lo dispuesto en los artículos 27.8 y 69.2 del Reglamento de la Corte[12].
  15. Los escritos presentados por los representantes de las víctimas el 27 de junio y 23 de julio de 2019, mediante los cuales remitieron sus observaciones a los informes estatales (supra Visto 13) y el escrito presentado el 26 de julio de 2019, mediante el cual remitieron sus observaciones al escrito de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (supra Visto 14).
  16. El escrito presentado por la Comisión Interamericana el 21 de agosto de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a los informes estatales (supra Visto 13).

CONSIDERANDO QUE:

I. Solicitud de Medidas Provisionales

  1. En la presente Resolución la Corte se pronunciará sobre la solicitud de medidas provisionales presentada el 24 de mayo de 2019 por los representantes de las víctimas, “en favor de las víctimas del caso”, para que la Corte “ordene al Estado de El Salvador interrumpir el trámite legislativo de la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional en comento y se abstenga de aprobar cualquier normativa similar” (supra Visto 8 e infra Considerandos 13 y 14). Al respecto, el Presidente del Tribunal emitió una Resolución el 28 de ese mismo mes (supra Visto 12 e infra Considerandos 16 a 19), en la cual adoptó medidas urgentes “hasta que el Pleno de la Corte Interamericana conoc[iera] y se pronunci[ara] sobre esta solicitud de medidas provisionales” y requirió información adicional al Estado a fin de que el Pleno del Tribunal contara con mayores elementos para pronunciarse al respecto.
  2. La Corte estructurará la presente Resolución en el siguiente orden:

A) Obligación de...

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