Report IACHR. Case No. 12.730 (Guatemala)

CourtInter-American Comission of Human Rights
Case TypeCases in the Court
Alleged VictimSteven Edward Hendrix
Submitted Date25 November 2020
Respondent StateGuatemala
Case Number12.730

INFORME No. 194/20

CASO 12.730

INFORME DE FONDO


Steven Edward Hendrix

GUATEMALA





















Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2180 celebrada el 14 de julio de 2020
176 Período de Sesiones







OEA/Ser.L/V/II.176

Doc. 207

14 de julio 2020

Original: español

Citar como: CIDH, Informe No. 194/20, Caso 12.730. Fondo. S.E.H.. Guatemala. 14 de julio de 2020.


www.cidh.org
























































I. INTRODUCCIÓN 2

II. POSICIONES DE LAS PARTES 2

A. Parte peticionaria 2

B. Estado 3

III. DETERMINACIONES DE HECHO 4

A. normativo aplicable 4

B. Proceso de inscripción como Notario 6

C. Información adicional 8

IV. DETERMINACIONES DE DERECHO 9

1. Consideraciones generales 9

2. Análisis del presente caso 10

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18




































I.INTRODUCCIÓN


  1. El 5 de noviembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, la “Comisión” o la CIDH”) recibió una petición presentada por S.E.H. (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Guatemala (en adelante “el Estado guatemalteco”, “el Estado” o “Guatemala”) por la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) como consecuencia de decisiones administrativas y una decisión judicial que le impidieron el ejercicio de la profesión de notario, a pesar de contar con el respectivo título universitario obtenido en Guatemala, en razón de no ser nacional guatemalteco.


  1. La Comisión aprobó el informe de Admisibilidad No. 101/09 el 29 de octubre de 20091. El 20 de noviembre de 2009 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a disposición a fin de llegar a una solución amistosa sin que se dieran las condiciones para resolver el caso mediante dicho procedimiento. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.


II.POSICIONES DE LAS PARTES


  1. Parte peticionaria


  1. La parte peticionaria refirió que es nacional estadounidense y recibió el título de Doctor en Derecho de la Universidad de Wisconsin (EEUU) en el año 1987 y los títulos de Doctor en Derecho y Abogado de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Señaló que cursó estudios doctorales y de abogacía y notariado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y refirió que luego de realizar los exámenes respectivos, el 18 de septiembre de 2000 la Junta Directiva de la Facultad de Derecho de la USAC de Guatemala le confirió los títulos de “Abogado y Notario”.


  1. Expresó que el 22 de noviembre de 2000 presentó su solicitud de inscripción como Abogado y Notario ante el Colegio de Abogados y N. de Guatemala, sin embargo, el 6 de febrero de 2001 la Junta Directiva de dicho Colegio resolvió que únicamente procedía inscribirlo y juramentarlo como Abogado tomando en cuenta que la legislación nacional establece que todos los notarios deben ser guatemaltecos de origen.


  1. Refirió que apeló tal decisión ante la Asamblea de P.s de los Colegios Profesionales de Guatemala, la cual declaró sin lugar su recurso de apelación el 22 de abril de 2002. Subrayó que en vista de ello presentó una acción de amparo ante la S. Tercera de la Corte de Apelaciones la cual, el 25 de junio de 2002 declaró sin lugar el recurso al considerar que no se evidenció ninguna violación de las alegadas.


  1. Argumentó que, finalmente interpuso una apelación de amparo contra la resolución anterior ante la Corte de Constitucionalidad, la cual el 21 de abril de 2004 lo declaró con lugar, sin embargo, supeditó su inscripción como notario a que realizara un trámite de naturalización para optar a la nacionalidad guatemalteca. Indicó que el Estado no puede obligarlo a cambiar su nacionalidad para ejercer la profesión para la cual fue capacitado, entrenado, y juramentado en el país.


  1. Expresó que según el Estado la justificación para no permitir a un extranjero se relaciona con que el notario es un funcionario público y que se trata de un sistema de notariado latino por lo que no pueden invocarse precedentes del sistema sajón como el estadounidense. Al respecto, refirió que el notario en Guatemala ejerce una función pública, aunque no se trate de un funcionario público, y que los precedentes en Estados Unidos que prohíben restricciones en el acceso al ejercicio del notariado por origen nacional también aplican a sistemas de notariado latino en Estados Unidos como Puerto Rico y Luisiana que son miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino. Añadió que igualmente, la Comisión de las Comunidades Europeas ha declarado que un requisito de nacionalidad para ejercer como notario no aplica, aún en casos de países de historia de derecho civil en donde la función notarial incluye una función pública social.


  1. En cuanto al derecho, argumentó la violación al derecho a la nacionalidad dado que, a su criterio, la negativa de inscribirlo como notario por el Colegio de Abogados y N. consistió en un acto discriminatorio y arbitrario por cuestión de nacionalidad.


  1. Igualmente argumentó la violación al principio de igualdad. Al respecto refirió que no hay una justificación legítima ni razonable para que un extranjero que realizó los estudios correspondientes, no pueda ejercer el notariado en Guatemala. Añadió que las obligaciones internacionales de Guatemala, por formar parte del Sistema Interamericano, como de la Organización Mundial de Comercio, que prohíbe la no discriminación, superan cualquier requisito en el Código de Notariado que impide a extranjeros desempeñar tal profesión en el país.


  1. Por otra parte, la parte peticionaria continuó argumentando la violación de su derecho al trabajo. Al respecto, refirió que el derecho al trabajo debe garantizarse sin discriminación por nacionalidad, lo cual no ocurrió en el presente caso en el que se le impuso una restricción arbitraria para ejercer una profesión por no ser guatemalteco, o se le condicionó la posibilidad de ejercerla a que renunciara a su nacionalidad estadounidense.


  1. Finalmente, argumentó la violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno por la contradicción que a su criterio existe entre la normativa interna que impide el ejercicio del notariado a personas no guatemaltecas con las disposiciones internacionales.


  1. Estado


  1. El Estado refirió a modo de antecedentes, que el 18 de septiembre de 2000 le fueron otorgados a la presunta víctima los títulos de Abogado y Notario y con posterioridad procedió a solicitar su inscripción en el Colegio de Abogados y N. de Guatemala, sin embargo, en enero de 2002 la Junta Directiva de dicho...

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