Report IACHR. Case No. 12.718 (Perú)

• Submitted Date: 30 September 2021
• Case Number: 12.718
• Year: 2021
• Alleged Victim: Comunidad de La Oroya
• Case Type: Cases in the Court
• Respondent State: Perú
• Court: Inter-American Comission of Human Rights

INFORME No. 330/20

CASO 12.718

INFORME DE FONDO

COMUNIDAD DE LA OROYA

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 348

19 noviembre 2020

Original: español

Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2192 celebrada el 19 de noviembre de 2020

Citar como: CIDH. Informe No. 330/20. Caso 12.718. Fondo. Comunidad de la Oroya. Perú. 19 de noviembre de 2020.

www.cidh.org

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 2

II. ALEGATOS DE LAS PARTES 2

A. Parte peticionaria 2

B. Estado 5

III. DETERMINACIONES DE HECHO 6

A. Sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya y el PAMA 6

B. Sobre las modificaciones del PAMA y cierre de la empresa metalúrgica 7

C. Estudios sobre afectaciones a la salud y otros derechos por las operaciones de la empresa metalúrgica en La Oroya 10

D. Situación de salud de las presuntas víctimas 13

E. Sobre la acción de cumplimiento y la decisión del Tribunal Constitucional 15

F. Sobre las acciones tomadas por el estado para remediar la contaminación y sus efectos en La Oroya en el marco de la decisión constitucional de 12 de mayo de 2006 17

1. Atención en salud 17

2. Calidad del aire 19

3. Estados de alerta ambiental 21

4. Proyectos de remediación ambiental 22

5. Fiscalización ambiental 23

G. Sobre los supuestos actos de hostigamiento de ciertas presuntas víctimas 23

IV. ANÁLISIS DE DERECHO 25

A. El derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud y acceso a la información, y los derechos a la vida e integridad personal 25

1. Estándares generales 25

2. Estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos 34

3. Análisis del presente caso 36

B. Los derechos de las niñas y niños 43

C. El derecho a la protección judicial en relación con el cumplimiento de los fallos internos 46

D. El derecho a las garantías judiciales y protección judicial en relación con supuestas amenazas y hostigamientos a ciertas presuntas víctimas 48

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50

1. INTRODUCCIÓN

1. El 27 de diciembre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (A., el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Earthjustice y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República del Perú (en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”) en perjuicio de un grupo de personas pobladores de la comunidad de La Oroya, como consecuencia de supuestos actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico en dicha comunidad1.

2. La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 76/09 el 5 de agosto de 20092. El 14 de agosto de 2009 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a disposición a fin de llegar a una solución amistosa, sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.

3. El 21 de noviembre de 2005, la parte peticionaria presentó una solicitud de medidas cautelares destinada a proteger el derecho a la vida, integridad personal y salud de 66 personas, a tal efecto adjuntó el listado respectivo. Tras solicitar información a las partes, el 31 de agosto de 2007 la Comisión otorgó las medidas en relación con las 65 personas solicitándole al Estado peruano que adoptara las acciones pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios; proveyera tratamiento médico especializado y adecuado para aquellas personas cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable para su integridad personal o su vida y; efectuara coordinaciones con la parte peticionaria y los beneficiarios para su implementación. El 3 de mayo de 2016 la CIDH decidió ampliar la medida a favor de 14 personas3. A la fecha de aprobación del presente informe, las medidas cautelares se encuentran vigentes.

2. ALEGATOS DE LAS PARTES

1. Parte peticionaria

4. A modo de antecedentes, la parte peticionaria refiere que la ciudad de La Oroya se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú y cuenta con una población aproximada de 30,533 habitantes. Indica que a partir de 1922 comenzó a operar en La Oroya un complejo metalúrgico privado que procesa concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico. Precisa que posteriormente el complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, año en que fue adquirido nuevamente por la empresa estadounidense llamada “Doe Run Company”.

5. Señala que la ausencia de sistemas adecuados de control, mediante un marco regulatorio claro, la falta de supervisión constante y la imposición de sanciones o acciones inmediatas para atender las situaciones de alerta, ha permitido que la empresa metalúrgica genere niveles de contaminación muy altos que han impactado en la salud de las presuntas víctimas, inclusive en factores genéticos que pueden estar relacionados a la exposición histórica de los pobladores de La Oroya a contaminantes.

6. En particular, subraya que existe para los pobladores un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición a las sustancias tóxicas existentes en el lugar. Expresa que si bien los efectos en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a los pobladores en diversos niveles. Alega, que no se han realizado estudios integrales que permitan evaluar el impacto en la salud de los habitantes de La Oroya y los síntomas y enfermedades que han resultado de la contaminación a la que se encuentran expuestos.

7. Describe que la mayoría de las presuntas víctimas, presentaron niveles de plomo por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (en adelante “OMS), y en algunos casos niveles superiores de arsénico y cadmio; estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos, problemas respiratorios o cardiacos, entre otros. De manera particular, indica que las y los niños...