Report IACHR. Case No. 12.868 (Venezuela)

• Submitted Date: 22 March 2021
• Case Number: 12.868
• Year: 2021
• Alleged Victim: Balbina Francisca Rodríguez Pacheco y familiares
• Case Type: Cases in the Court
• Respondent State: Venezuela
• Court: Inter-American Comission of Human Rights

P0ae

INFORME No. 332/20

CASO 12.868

INFORME DE FONDO

BALBINA FRANCISCA RODRÍGUEZ PACHECO Y FAMILIARES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 350

19 noviembre 2020

Original: español

Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2192 celebrada el 19 de noviembre de 2020

Citar como: CIDH. Informe No. 332/20. Caso 12.868. Fondo. B.F.R.P. y familiares. República Bolivariana de Venezuela. 19 de noviembre de 2020.

www.cidh.org

INFORME No. 332/20

CASO 12.868

FONDO

BALBINA FRANCISCA RODRÍGUEZ PACHECO Y FAMILIARES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

19 DE NOVIEMBRE DE 2020

I.INTRODUCCIÓN 2

II.ALEGATOS DE LAS PARTES 2

A.Parte Peticionaria 2

B.Estado 3

III.DETERMINACIONES DE HECHO 4

A.Antecedentes 4

1. Intervenciones quirúrgicas 5

2. Secuelas 7

B.Procesos internos 8

1. Denuncia ante Delegación del Estado Lara del Cuerpo Técnico de Policía Judicial 8

2. Otras denuncias interpuestas por la peticionaria 14

3. Otras acciones 16

C.Normativa interna 16

IV.ANÁLISIS DE DERECHO 17

A..... ....C. previa 17

B.Derechos a la integridad personal y el derecho a la salud, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. 18

1. El derecho a la integridad personal y a la salud, con énfasis en salud materna. 18

1.1. Consideraciones generales sobre el artículo 26 y el derecho a la salud. 18

2. Los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana 25

3. Análisis del caso concreto 26

3.2. Análisis de plazo razonable 31

4. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, específicamente lo relacionado con el contenido del Código Orgánico Procesal Penal venezolano sobre las normas que rigen la actuación del Ministerio Público. 34

C.El derecho a la integridad personal respecto de los familiares (Artículo 5 de la Convención Americana) 36

V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36

1. INTRODUCCIÓN

1. El 6 de mayo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la señora Aura de las M.P.B. (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado de Venezuela”, “el Estado” o “Venezuela”) en perjuicio de su hija, la señora B.F.R.P. (en adelante “la presunta víctima” o “la señora Rodríguez Pacheco”) por la alegada vulneración de los derechos contenidos en 1.1, 2, 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”).

2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 20/12 el 20 de marzo de 2012¹. El 4 de abril de 2012 lo notificó a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa, sin que el mismo se llevara a cabo. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.

2. ALEGATOS DE LAS PARTES

1. Parte Peticionaria

3. La peticionaria señora Aura de las M.P.B. alega que su hija, la señora Balbina Francisca Rodríguez Pacheco, habría sido víctima de tres actos de mala praxis médica practicados en el Centro Materno Infantil Policlínica La Concepción C.A. y que dichos actos constituirían el delito de lesiones personales gravísimas. Señala que denunció dichos actos, sin embargo, ha encontrado múltiples obstáculos para el acceso efectivo a la justicia.

4. Sobre los alegados actos de mala praxis indica que el primero fue una cesárea realizada el 13 de agosto de 1998 que presentó complicaciones porque “la placenta no se desprendió espontáneamente” y los médicos la habrían extraído “a tirones, rota y a pedazos”, produciéndole una “intensa hemorragia”, quedando su hija en “estado agonizante”. Indica que el mismo día se realizó el segundo acto de mala praxis porque le habrían realizado una “histerectomía parcial”, luego de la cual habría sido trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva “en sumo estado de gravedad” porque presentó “hemorragia interna […..] ligadura y perforación de ambos uréteres”, por lo que tuvo que ser sometida a una tercera operación en la madrugada del día siguiente cuando le realizaron una “resección de cuello uterino […], desligamiento de ambos uréteres, ureterotomía con paso de catéteres uretrales y ligadura de ambas arterias hipogástricas”. El tercer acto de mala praxis habría sido el 19 de agosto de 1998, cuando le retiraron los catéteres uretrales, sin que hubiese transcurrido el tiempo necesario para que “el tejido uretral dañado se regenerara”. Como consecuencia de ello, el 20 de agosto de 1998, su hija fue sometida a una cuarta intervención para colocarle nuevos catéteres uretrales, sin embargo el tejido uretral “no logr[ó] regenerarse en su totalidad”, por lo que necesitó una quinta operación el 8 de febrero de 1999, en la cual se le practicó una “aplasia”, reconstrucción de los uréteres, cierre de fístula en un riñón y fijación de la vejiga a músculopsoas de la pierna izquierda.

5. Comunica que su hija al momento de la cesárea tenía 31 años y 3 hijos, estaba casada y ejercía la profesión de médica cirujana. Alega que los hechos denunciados provocaron consecuencias permanentes en su vida porque además de varias intervenciones quirúrgicas y constante atención médica, tuvo que permanecer “casi un año completamente inválida y reducida a silla de ruedas”, y que si bien había recobrado la habilidad de caminar, debido a las “secuelas gravísimas, tanto físicas como psicológicas” que sufrió, su capacidad laboral se habría limitado de forma permanente.

6. Informa que el 18 de enero de 1999, su hija interpuso una denuncia contra el doctor J.C.Z.P., quien era su médico tratante, que dio inicio a un proceso penal. Señala que el 28 de junio de 1999, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Estado Lara habría dictado auto de sometimiento a juicio al doctor Z. por el delito de lesiones culposas gravísimas, pero con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (en adelante “el COPP”) en julio de 1999, la causa fue remitida al Ministerio Público, entidad que pasó a ejercer la titularidad de la acción penal y el proceso se habría retrotraído al inicio de la investigación. Afirma que el Ministerio Público no procedió a dictar en tiempo razonable el acto conclusivo de la fase preparatoria y en consecuencia la acción penal prescribió.

7. Indica que actuó como apoderada judicial de su hija tratando de impulsar el proceso con la presentación de querellas criminales contra los doctores J.Z., G.C., M.M. y A.M.L., la cual fue admitida el 31 de enero de 2000 por el Tribunal Séptimo de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Además, interpuso una serie de recursos con el objeto de que las autoridades judiciales resolvieran el caso, sin embargo, habría sido inútil porque su resultado dependía de la celeridad de sustanciación por parte del Ministerio Público y los jueces. Afirma que finalmente la causa fue enviada a la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, donde finalmente se decretó el sobreseimiento de todos los presuntos responsables por operar la prescripción de la acción penal. Señala que aunque presentó varios recursos en el desarrollo del proceso, en virtud de un...