Breve repaso histórico del tratamiento jurídico de la prostitución en el Estado Español contemporáneo (Siglo XIX hasta la transición política)
| Author | Gemma Nicolás |
| Pages | 258-264 |
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Este texto es una síntesis del trabajo de investigación con título Evolución del tratamiento jurídico de la prostitución en el Estado español contemporáneo. De la reglamentación del siglo XIX al semiprohibicionismo de la Dictadura franquista, con el que adquirí, conjuntamente a otros dos trabajos, el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) el año pasado, 2004. He querido incluirlo en este libro homenaje a mi querido Profesor Bergalli porque constituyó para mí la primera recompensa académica tras finalizar la licenciatura e iniciarme en el mundo de la investigación. Sin duda debo su realización, tanto formalmente, por apoyarme en la solicitud de las diversas becas que he obtenido para cursar mi Doctorado, como en su contenido, por lo aprendido junto a él y por los comentarios concretos que me hizo sobre algunos capítulos, a Roberto Bergalli. A él y a Iñaki Rivera les agradeceré siempre el haberme abierto las puertas de un mundo desconocido para mí, el haberme permitido aprender de ellos y el haberme hecho un hueco en su familia universitaria. Han sido tres años de andadura y aprendizaje. Sólo puedo decir, para concluir esta introducción, que espero de corazón que sean muchísimos más.
Los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y su dignidad han sido históricamente violados por los poderes públicos contemporáneos. Los motivos que solieron justificar esta discriminación tenían su origen en criterios de salud pública, respecto al control higiénico de la transmisión de enfermedades venéreas, y de orden público, sobre la represión de conductas atentatorias de la moral. La regulación estatal decimonónica y de la primera mitad del siglo XX, ya sea reglamentarista o semiprohibicionista, controló, reprimió y estigmatizó a las mujeres prostitutas, mientras que ninguna de las intervenciones estatales se dirigió nunca contra los hombres, participantes necesarios de la prostitución. La actividad del Estado en el intercambio de sexo por dinero se ha centrado siempre en la oferta, a diferencia de otras políticas públicas, como las de drogas, que focalizan su operación en la demanda (consumidores, drogodependientes, pequeños traficantes consumidores, etc. más que en los grandes traficantes).
La reglamentación1decimonónica de la prostitución, que se generalizó en el Estado español en la segunda mitad del siglo mediante reglamentos locales o provinciales, vulneraron gravemente los derechos humanos y la dignidad de las prostitutas y de
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todas las mujeres (Alcaide, 2000; Carboneres, 1876; Castejón-Bolea, 2001; Gureña, 2003; Lidón, 1982; Vázquez y Moreno, 1996). Los exámenes ginecológicos obligatorios, el registro administrativo de las mujeres, las restricciones a la libertad deambulatoria en las ciudades y a la libertad de expresión en la calle, el confinamiento en burdeles, el internamiento y el tratamiento obligatorios, la fuerte y constante estigmatización, las dificultades para abandonar la profesión y la brutalidad y la arbitrariedad policial son algunas de las agresiones de las que fueron víctimas las mujeres trabajadoras sexuales durante el siglo XIX. Todas las mujeres eran víctimas de este sistema represivo e intrusivo. Cualquiera de ellas podía ser considerada prostituta y ser objeto de exámenes médicos obligatorios y ser registrada como trabajadora sexual.
El llamado "neo-reglamentarismo", que se materializó en el Reglamento estatal de 1908, supuso una racionalización y sistematización del sistema reglamentarista que también justificó la intrusión en los cuerpos y vidas de las prostitutas con argumentos de profilaxis de enfermedades venéreas (Castejón-Bolea, 2001; Gureña, 2003; Lidón, 1982; Vázquez y Moreno, 1996). Pese a separarse y priorizarse los aspectos sanitarios de los policiales-represivos, el sistema de control de las mujeres no dejó de ser discriminatorio y vulnerador de sus derechos humanos.
Cuando fue evidente que la reglamentación había fracasado en cuanto al control de enfermedades venéreas, la mayoría de los Estados pasaron a prohibir la prostitución,2 aunque dijeran que optaban por sistemas abolicionistas.3La Segunda República derogó por primera vez, en 1935, la reglamentación de la prostitución y declaró la instauración en el Estado español de un sistema abolicionista (Gureña, 2003; Lidón, 1982). No se puede llegar a saber si en la práctica se implementó un sistema semiprohibicionista ya que la Guerra Civil estalló el año siguiente.
La Dictadura franquista reprimió a todas las mujeres y vulneró los derechos de las prostitutas en las dos etapas del tratamiento jurídico de la prostitución que pueden diferenciarse. Hasta 1956 el gobierno sublevado restableció la reglamentación y continuó con los controles médicos obligatorios, con el control policial, con el confinamiento de las mujeres en burdeles, etc. Tras el Decreto-Ley de 1956, el Estado español se declaró abolicionista, pese a instaurar de facto un sistema prohibicionista que perseguía, criminalizaba y encarcelaba a las mujeres autónomas (Caro-Patón, 1956; Gureña, 2003; Lidón, 1982; Núñez, 2003; Núñez, 1995). Tanto el Código penal, como la Ley de Vagos y Maleantes hasta 1970 o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social después de esa fecha legitimaban la persecución...
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