Recientes desarrollos en la práctica española sobre arbitrajes de inversiones: el caso renta 4

AuthorFrancisco José Pascual Vives
Pages545-550

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  1. El 20-3-2009 un tribunal constituido en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE), formado por J. Paulsson, T.T. Landau y Ch.N. Brower, dictó el laudo sobre las objeciones preliminares en el Caso Renta 4 y otros c. Federación Rusa (Caso CCE N.º 24/2007). Este litigio enfrenta a una serie de entidades y fondos de inversión españoles (Renta 4 SVSA; Ahorro Corporación Emergentes FI; Ahorro Corporación Eurofondo FI; Rovime Inversiones SICAV SA; Quasar de Valors SICAV SA; Orgor de Valores SICAV SA; y GBI 9000 SICAV SA) con la Federación Rusa, a propósito de la expropiación de la petrolera Yukos llevada a cabo por el Gobierno ruso entre 2003 y 2004. La presente nota tiene comoPage 546objeto examinar el contenido de dicho laudo y ponderar su trascendencia como precedente en la materia.

    El Caso Renta 4 está llamado a convertirse en un referente para la práctica española, pues por vez primera se invoca el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) celebrado por España con la Unión Soviética, posteriormente sucedida por la Federación Rusa (BOE 17-12-1991). Asimismo, como reconoció el propio árbitro Ch.N. Brower en el pár. 1 de su Opinión Separada al laudo, este litigio también debe producir repercusiones en la práctica internacional, puesto que aborda cuestiones de capital importancia como la protección de las inversiones indirectas (porfolio investments) y el alcance de la «doctrina Maffezini». Antes de iniciar nuestro análisis interesa realizar un breve resumen de los hechos que suscitaron la controversia.

  2. Tras la desintegración de la Unión Soviética, el Gobierno de la Federación Rusa emprendió una política de privatizaciones de las hasta entonces múltiples empresas públicas dedicadas al sector petrolífero. Yukos fue fundada en 1993 y en los años sucesivos gran parte de su accionariado pasó a manos de un grupo de inversores extranjeros. Bajo la nueva administración Yukos se convirtió en una de las mayores productoras mundiales de petróleo y gas a principios de la actual década. Entre 2001 y 2003, con el objeto de atraer capital privado adicional que consolidara el crecimiento de la empresa, Yukos decidió negociar una parte de sus acciones en los mercados financieros internacionales.

    Sin embargo, desde mediados de 2003 Yukos se vio inmersa en una serie de investigaciones judiciales, que culminaron con diversas detenciones de altos cargos de la empresa acusados de delitos económicos, incluido su máximo dirigente Mikhail Khodorkovsky. Como medida cautelar las autoridades rusas embargaron un porcentaje mayoritario de las acciones de Yukos y, como resultado de los procedimientos de inspección y comprobación iniciados, le impusieron sanciones pecuniarias multimillonarias. Tras fracasar los intentos por llegar a un acuerdo amistoso con la administración para hacer frente al pago de tales sanciones, el Gobierno ruso procedió a ejecutar gran parte de los activos previamente embargados e inició su subasta pública. A resultas de todo ello, el valor de las acciones de Yukos se redujo considerablemente, causando importantes pérdidas a los hasta entonces propietarios mayoritarios de Yukos, así como a múltiples inversores internacionales que habían adquirido pequeñas participaciones en la empresa principalmente mediante los denominados American Depositary Receipts (ADRs); un instrumento financiero que permite a los bancos norteamericanos adquirir y comercializar acciones de empresas extranjeras.

    Importa señalar que los anteriores accionistas mayoritarios de Yukos han iniciado varios arbitrajes de inversiones contra la Federación Rusa en el marco del Tratado de la Carta de la Energía (BOE 17-5-1995). Asimismo, los inversores particulares afectados por la expropiación también han iniciado distintas acciones judiciales en el ámbito interno e internacional. Por ejemplo, en 2005 varias personas físicas y jurídicas residentes en los Estados Unidos de América interpusieron un procedimiento civil ante un Tribunal del Distrito de Columbia (asunto 1:05CV02077). Por otra parte, en 2005 una empresa radicada en el Reino Unido inició un arbitraje de inversiones ante el Instituto de Arbitraje de la CCE [(RosInvest c. Federación Rusa (Caso CCE N.º 79/2005)]. Algunos de los inversores afectados tienen nacionalidad española y el 25-3-2007 solicitaron la constitución de un tribunal arbitral en la CCE, sobre la base del artículo 10.2 del APPRI celebrado por España y la Federación Rusa.

    La competencia de un tribunal arbitral se asienta sobre unos criterios de naturaleza subjetiva y objetiva, así como por la observancia de una serie de condiciones de admisibilidad. En primer lugar, las partes deben manifestar su consentimiento al arbitraje...

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