Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de Junio de 2005. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Serie C No. 126

Fecha de Resolución20 de Junio de 2005
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoFermín Ramírez Vs. Guatemala
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteHaití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso F.R. Vs. Guatemala

Sentencia de 20 de junio de 2005

(Fondo, R. y Costas)En el caso F.R.,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte Interamericana" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.; y

A.A.H.S., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la siguiente Sentencia.I

Introducción de la causa

  1. El 12 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") sometió a la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante "el Estado" o "Guatemala"), la cual se originó en la denuncia No. 12.403, recibida por la Secretaría de la Comisión el 9 de junio de 2000.

  2. La Comisión presentó la demanda, en aplicación del artículo 61 de la Convención Americana, para que la Corte decidiera si el Estado incumplió "con sus obligaciones internacionales y por lo tanto, […] incurri[ó] en la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial efectiva), 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y/o 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana […], mediante la imposición de la pena de muerte a F.R. sin que hubiera tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa, en relación tanto al cambio de los hechos imputados en la acusación como de su calificación jurídica, los cuales tuvieron lugar al momento de que las autoridades judiciales guatemaltecas profirieron en su contra sentencia condenatoria el 6 de marzo de 1998.” Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adopte varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias.II

    Competencia de la Corte

  3. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Guatemala ratificó la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  4. El 9 de junio de 2000 el Instituto de la Defensa Pública Penal presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. En la misma fecha, el peticionario solicitó medidas cautelares a favor de la presunta víctima, lo cual reiteró posteriormente.

  5. El 9 de octubre de 2002, en el marco de su 116º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 74/02, en el que declaró admisible el caso y decidió continuar con la consideración del fondo del mismo.

  6. El 9 de febrero de 2004 se comunicó al Estado la decisión de la Comisión Interamericana de otorgar medidas cautelares a favor del señor F.R..

  7. El 11 de marzo de 2004, en el marco del 119º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 35/04, en el cual concluyó que:

    […] Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el presente informe, la Comisión reitera sus conclusiones de que el Estado de Guatemala es responsable de lo siguiente:

    a. El Estado es responsable de la violación del derecho de F.R. consagrado en el artículo 8(2)(b) de la Convención Americana por que las autoridades judiciales guatemaltecas se abstuvieron de comunicarle previa y detalladamente los hechos en los que se fundó la sentencia condenatoria a la pena de muerte.

    b. El Estado es responsable de la violación del derecho de F.R. consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana por que las autoridades judiciales guatemaltecas le impidieron ejercer el derecho de ser oído sobre los hechos y circunstancias que se le imputaron en la sentencia condenatoria.

    c. El Estado es responsable de la violación del derecho de F.R. consagrado en el artículo 8(2)(c) de la Convención Americana por que mediante la inclusión de nuevos hechos imputados en la sentencia y el cambio brusco de la calificación jurídica en la sentencia condenatoria impidieron que la defensa técnica orientara su actividad de manera razonable, con el tiempo y los medios adecuados para su preparación.

    d. El Estado es responsable de la violación de derecho de F.R. consagrado por el artículo 25 de la Convención Americana por imponer la sentencia de pena de muerte en un procedimiento penal que no se ajustó a las reglas del debido proceso y porque las autoridades judiciales guatemaltecas se abstuvieron de ejercer una tutela efectiva de los derechos que el fueran conculcados durante dicho proceso.

    e. El Estado es responsable de la violación del derecho consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento por la eventual ejecución de la pena de muerte impuesta a F.R. en un proceso penal en el que se incurrió en violaciones de los derechos al debido proceso legal y a la tutela judicial efectiva.

    Con base en el análisis y en las conclusiones del Informe, la Comisión recomendó al Estado que:

  8. Otorg[ara] a F.R. una reparación que incluy[era] dejar sin efecto la pena impuesta y la realización de un nuevo juicio con la pl[e]na observancia del debido proceso legal.

  9. Adopt[ara] las medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos que dieron origen a las violaciones establecidas en [dicho] informe.

  10. El 12 de marzo de 2004 la Comisión remitió al Estado el Informe de fondo No. 35/04 y le solicitó que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo, dentro de dos meses contados a partir de la fecha de envío. Mediante nota de la misma fecha, la Comisión informó al peticionario que había aprobado el Informe No. 35/04, y le solicitó que le suministrara la información a que se refiere el artículo 43.3 de su Reglamento, en relación con su posición sobre la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana.

  11. El 31 de marzo de 2004 los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión de 12 de marzo de 2004, en la cual indicaron que era pertinente someter el caso a la Corte Interamericana, ya que ello podía evitar que primara el criterio de la jurisprudencia interna según el cual no se requiere de advertencia previa por parte del Tribunal para cambiar la calificación jurídica del delito, y que se violara el derecho de defensa de los procesados en los casos de asesinato, mediante la exigencia a los tribunales de imputación, prueba y discusión sobre la peligrosidad del autor condenado a fin de imponerle la pena de muerte.

  12. El 9 de septiembre de 2004 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte “ante la falta de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones del informe”.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  13. El 12 de septiembre de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1).

  14. La Comisión designó como delegados a la señora S.V. y al señor S.A.C., y como asesores legales a los señores A.D., V.H.M. y a la señora M.C.P..

  15. El 7 de octubre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc que participara en la consideración del caso.

  16. El 7 de octubre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), a saber: el Instituto de Defensa Pública Penal de Guatemala y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

  17. El 26 de noviembre de 2004 el Estado, luego de otorgada una prórroga, designó al señor A.S. Garrido como juez ad hoc. Ese mismo día, el Estado designó al señor H.E.M.C. como Agente y al señor L.E.C.R. como Agente Alterno.

  18. El 3 de diciembre de 2004 los representantes presentaron sus solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “solicitudes y argumentos”).

  19. El 9 de diciembre de 2004 el señor A.S.G., quien había sido designado como juez ad hoc, señaló que, “en cumplimiento del artículo 19 del Estatuto de la Corte[, tenía] el deber de excusar[se] de conocer [dicho caso como juez ad hoc] y solicit[ó] se acept[ara] la […] excusa”.

  20. El 10 de diciembre de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., de conformidad con los artículos 10 y 19 del Estatuto y las atribuciones que le confieren los artículos 4 y 29.2 del Reglamento, invitó de nuevo al Estado a designar, de acuerdo con la práctica del Tribunal, un J. ad hoc para que participara en la consideración del caso, dentro de los 30 días siguientes.

  21. El 17 de enero de 2005 el Estado designó como juez ad hoc al señor A.A.H.S..

  22. El 11 de febrero de 2005 el Estado presentó su contestación de la demanda y sus observaciones a las solicitudes y argumentos.

  23. El 23 de febrero de 2005 del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina (INECIP), representado por el señor D.B. y la señora S.R., presentó un amicus curiae en el presente caso.

  24. El 7 de marzo de 2005 el señor E.R.Z. presentó un amicus curiae en el presente caso.

  25. El 28 de abril de 2005 el P. dictó una Resolución mediante la cual, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento, requirió que el señor F.R., propuesto como testigo por los representantes, y que los señores E.M.L. y A.M.B., propuestos como peritos por la Comisión, y los señores A.E.Á., C.B.P. y R.F.K.R., propuestos como peritos por...

To continue reading

Request your trial