Prólogo, por Ramón Ragués

• Pages: 17-18
• Author: Camilo Alberto Quintero Jiménez

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PRÓLOGO

Sentar a un ciudadano en el banquillo de los acusados es una de las deci-

siones más trascendentes que pueden tomar los poderes públicos en cualquier

país. Aunque, desde luego, no se trata de una decisión tan grave para los dere-

chos fundamentales como acordar la prisión, en modo alguno debe banalizarse

lo que supone enviar a alguien a juicio. Ser juzgado implica para cualquier

persona una experiencia vital traumática, que a menudo puede acarrearle, ade-

más, importantes costes económicos o el padecimiento de medidas cautelares

de diverso signo y que puede perjudicar su reputación en casos con exposición

mediática. Cada vez es más frecuente, asimismo, que en términos de responsa-

bilidad política se asocien a la mera apertura del juicio oral decisiones que no

parece aconsejable aplazar hasta la firmeza de una eventual condena, como,

por ejemplo, la renuncia a cargos electivos.

Por este motivo, sorprende la ligereza con la que, de modo demasiado fre-

cuente, se abren juicios orales sin importar el escaso acervo probatorio en el

que se basa la acusación, o sin un análisis preciso de la tipicidad de los hechos

imputados. A ello se añade en algunos países la imposibilidad de cuestionar

semejante decisión ante una instancia judicial distinta, así como la existencia

de todo un sistema de incentivos que impulsan al procesado a declararse ya

culpable para no tener que afrontar mayores riesgos de una severa condena en

el posterior juicio.

En el Derecho español —del que puedo hablar con mayor conocimiento de

causa— es frecuente leer frases en resoluciones judiciales como que «la con-

currencia de indicios del tipo objetivo de un delito es suficiente para abrir un

juicio y sobre el dolo ya se discutirá en el plenario», como si la necesaria concu-

rrencia de indicios sobre el tipo subjetivo no fuera un elemento relevante para

que prospere cualquier acusación. También es habitual observar decisiones de

audiencias resolviendo recursos contra autos que ponen fin a la instrucción

que se limitan a constatar, de modo genérico, que procede abrir juicio porque

«hay indicios», pero sin entrar a valorar su peso incriminatorio, ni la califica-

ción jurídica de los hechos imputados. Algo no funciona bien en un sistema en