Prohibición de la tortura

Autor:Emilio Ginés Santidrián
Páginas:85-91
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Prohibición de la tortura
Emilio Ginés Santidrián
I. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (10 DE DICIEMBRE DE 1984).1
PROTOCOLO FACULTATIVO, MECANISMOS NACIONALES DE PREVENCIÓN
La tortura es totalmente inaceptable y es objeto de una prohibición absoluta
en derecho internacional. Las normas que prohíben la tortura pertenecen a la
categoría de normas de carácter imperativo, es decir normas aceptadas por toda
la comunidad internacional y que no admiten derogación ni restricciones y obli-
gan a todos los Estados, independientemente, de que las hayan suscrito o no.
El carácter absoluto de esta prohibición le ha dado una dimensión moral; la
práctica de la tortura se ha convertido en «impensable». Así este principio es un
elemento que ilumina la lucha para la protección de los Derechos Humanos y se
refleja en los mecanismos que se han creado para proteger a las personas deteni-
das o privadas de libertad y para que éstas sean tratadas humanamente. Esto
aparece claramente recogido en los Tratados de Naciones Unidas, las Convencio-
nes de DIH, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio para la
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
Estas normas y principios, han sido seriamente vulneradas desde septiembre
del 2001. El gobierno norteamericano ha introducido técnicas de interrogatorio
que violan claramente la prohibición internacional de la tortura, algunas de ellas
tan brutales como la humillación religiosa o sexual, utilización de perros, privación
del sueño o la técnica conocida del waterboarding (submarino), que consiste en
mantener al detenido sometido a un chorro continuo de agua, técnica inquisitorial
que los norteamericanos aprendieron hace 100 años de los españoles en Filipinas.
La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984, comienza con la
definición del concepto de «tortura» en el Art. 1:
1. A los efectos de la presente Convención se entenderá por el término «tortura» todo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia úni-
camente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
1. Ratificada por España: BOE de 21 de octubre de 1987.
Derecho_Internacional.pmd 18/09/2009, 13:2885

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