Los procesos civiles en España y su digitalización

• Pages: 135-171
• Author: Marta Lozano Eiroa

Los procesos civiles en España

y su digitalización

Marta Lozano Eiroa

Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal UNED

Sumario: Primera Parte: Principios del proceso civil y procesos declarativos de la ju-

risdicción civil española. 1. Introducción. 2. Los principios del proceso civil.

2.1. Principios inherentes a la estructura del proceso: contradicción, au-

diencia e igualdad. 2.2. Principio referente al objeto procesal: Principio dis-

positivo y de aportación de parte. 2.3. Principios referentes a la valoración

de la prueba: prueba libre y prueba tasada. 3. Los procesos declarativos de

la jurisdicción civil española. 4. Los procesos declarativos ordinarios: El

procedimiento ordinario y el juicio verbal. 4.1. El procedimiento ordinario:

Ámbito de aplicación y estructura. 4.2. El juicio verbal: Ámbito de aplica-

ción y estructura. 5. Los procesos especiales. 5.1. Los procesos especiales

con regulación propia e independiente. 5.1.1. Los procesos no dispositivos.

5.1.2. Los procesos dispositivos. 5.2. Los procesos especiales con regulación

por remisión a los procesos ordinarios. 6. Los procesos sumarios. Segunda

Parte: La digitalización del proceso civil español tras el RDL 6/2023, de 19

de diciembre.1. Introducción. 2. Acceso digital a la Administración de Jus-

ticia. 3. La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. 3.1. La

digitalización de las actuaciones judiciales y actos de comunicación por vía

electrónica en la LEC tras la reforma operada por el RDL 6/2023. 4. Actua-

ciones automatizadas, proactivas y asistidas. 5. 5.La celebración de los actos

procesales a través de medios telemáticos. 5.1. Las vistas telemáticas en la

LEC tras la reforma operada por el RDL 6/2023. 5.2. Especial referencia a

los puntos y lugares de acceso seguro. 6. Conclusiones 7. Bibliografía.

136 Marta Lozano Eiroa

Primera parte:

PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL Y PROCESOS

DECLARATIVOS DE LA JURISDICCION CIVIL ESPAÑOLA

1. INTRODUCCIÓN

En esta primera parte se procederá al estudio de los principios fundamen-

tales que rigen el proceso civil, pilares esenciales para garantizar la equidad, la

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. A continuación, se realizará una

aproximación general a los distintos procesos declarativos de la jurisdicción

civil española, que representan el núcleo del sistema procesal civil español y

reflejan la diversidad y complejidad de las relaciones jurídicas que pueden dar

lugar a litigios.

2. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL

Cabe identificar tres categorías diferentes de principios por los que se rige

el proceso civil: los principios inherentes a la estructura del proceso, los princi-

pios referentes al objeto procesal y los principios relativos a la valoración de la

prueba.

2.1 Principios inherentes a la estructura del proceso: contradicción,

audiencia e igualdad de armas

Se trata de los principios de contradicción, audiencia e igualdad de armas

que pueden ser considerados como consustanciales a la idea misma de proceso

y alcanzan una dimensión constitucional por encontrarse implícitos en los de-

rechos a la obtención de una tutela judicial efectiva sin que se produzca indefen-

sión (art. 24.1 CE) y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).

El principio de contradicción resulta clave para la objetividad y equilibrio

en la resolución de conflictos judiciales, asegurando que todas las partes, de-

mandante y demandada, tenga la misma oportunidad de ser escuchadas a fin

de, poder hacer valer, sus respectivas pretensiones y defensas ante un tercero

imparcial, el Juez, quien debe tener una visión completa y contrastada del con-

flicto antes de adoptar una decisión. Dicho de otro modo, las partes tienen el

derecho, primero, a conocer y, después, a responder, las pretensiones, pruebas

y argumentos de la contraparte lo que garantiza que nadie pueda ser condena-

do o afectado en sus derechos sin haber tenido la oportunidad de defenderse y

cuestionar las afirmaciones en su contra.

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El primer presupuesto que se deriva del principio de contradicción es la

garantía del libre acceso al proceso que implica la necesidad de poner en cono-

cimiento del demandado la existencia del proceso, a cuyo efecto es fundamental

que se proceda a su citación personal. Además, no basta con acceder al proceso,

sino que las partes deben de tener la posibilidad de actuar plenamente lo que

exige que, con carácter general1, las partes tengan oportunidad de ser escucha-

das antes de dictarse la resolución que, de una manera u otra, pueda afectarles.

Adviértase, no obstante, que el principio de contradicción exige otorgar una po-

sibilidad de audiencia y defensa al demandado, pero no una obligación como

tal. Por ello, en el proceso civil el demandado podrá optar por no comparecer y

colocarse, en consecuencia, en situación de rebeldía.

El principio de contradicción está íntimamente ligado al principio de igual-

dad de armas, toda vez que para que la contradicción sea efectiva, debe garan-

tizarse que las partes procesales, actor y demandado, dispongan de los mismos

medios para defender sus respectivas posiciones en el proceso, con idénticas

posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.

Señala Gimeno Sendra2 que se atenta al principio de igualdad de armas

cuando se otorga a determinadas personas o categorías de personas privilegios

procesales carentes de justificación objetiva y razonable, o con una justificación

espuria (como procurar su impunidad o atender meros intereses corporativos);

o también cuando, dentro del proceso, se conceden a una de las partes determi-

nadas posibilidades de alegación, prueba o impugnación que, en cambio, se le

niegan injustificadamente a la parte contraria.

Con todo, caben excepciones a esta regla que la jurisprudencia ha admiti-

do de modo expreso3. Así, no se opone al principio de igualdad de armas que,

1 La LEC contempla algunas resoluciones que pueden ser adoptadas inaudita parte.

Como ejemplos más destacados cabe mencionar: a) La adopción de medidas cautelares sin au-

diencia del demandado (inaudita parte), prevista en el artículo 733 LEC para los supuestos en los

que el solicitante acredite urgencia en la adopción de la medida cautelar, o riesgo de que la previa

audiencia al demandado pueda frustrar la finalidad que se pretende alcanzar con ella. b) procedi-

mientos civiles sumarios, que son procesos de cognición limitada en los que, por motivos de po-

lítica legislativa, se hace primar la tutela rápida de los derechos del actor por encima de la discu-

sión exhaustiva de la cuestión controvertida. Como es lógico, en estos procesos las posibilidades

de alegación y prueba de las partes se reducen de forma considerable. Ello no supone vulneración

del principio de audiencia, en la medida en que lo que se decida en la sentencia del proceso suma-

rio será sin efectos de cosa juzgada (artículo 447.2 y 3 LEC) y, por lo tanto, no impedirá que, llega-

do el caso, las partes puedan volver a litigar sobre la misma cuestión en el proceso declarativo que

corresponda, esta vez con plenas posibilidades de alegación y prueba y sin más límites en cuanto

a las facultades de cognición del Juez que los que derivan del deber de congruencia.

2 Gimeno Sendra, V. en CALAZA LÓPEZ, Sonia; DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel; y GIMENO SEN-

DRA, Vicente, Introducción al Derecho Procesal, Coordinado por Manuel Díaz Martínez, Ed. Tirant

lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2024, pág. 305.

3 Cfr. Entre otras, STC 32/2019, de 28 de febrero de 2019 en la que el Alto Tribunal ana-

liza la constitucionalidad de ciertos aspectos del procedimiento de desahucio y la posibilidad de