Principio de eficiencia en la función pública Brasileña

AuthorEmerson Gabardo
ProfessionProfesor de Derecho Administrativo Pontificia Universidad Católica de Paraná (Brasil) Universidad Federal de Paraná (Brasil)
Pages143-167
143
PRINCIPIO DE EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA BRASILEÑA
Emerson Gabardo
Profesor de Derecho Administrativo
Pontificia Universidad Católica de Paraná (Brasil)
Universidad Federal de Paraná (Brasil)
1. EFICIENCIA Y REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL
CONTEXTO BRASILEÑO
1. El principio constitucional de eficiencia en la función pública es una
norma expresa contenida en el artículo 37, caput, de la actual Constitución
brasileña, promulgada en octubre de 1988. Originalmente, el texto constitu-
cional tenía sólo cuatro principios generales expresados en la Administración
Pública brasileña: legalidad, impersonalidad, publicidad y moralidad. La efi-
ciencia se incluyó como principio constitucional general de la Administración
Pública mediante la Enmienda Constitucional n.º 19 de 1998. Esta enmienda
constitucional fue una modificación resultante del proyecto de reforma del
aparato estatal llevado a cabo a partir del Plan para la Reforma del Aparato
del Estado en 1995. El Plan tenía como objetivo fundamental proponer un
cambio orgánico y funcional del Estado brasileño para implementar un modelo
de gestión que reemplazara el burocrático1.
2. La inclusión de la eficiencia como principio expresado en el texto de
la Constitución fue recibida con recelo por la doctrina administrativista brasi-
leña. Desde la década de 1990 hasta esta segunda década del siglo XXI, hay
un conjunto importante de administrativistas brasileños que tienen una posición
crítica con respecto a la ideología neoliberal de reforma administrativa origi-
1 Sobre el tema, véase el trabajo de Irene Patricia Nohara (Nohara, 2012).
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL FUTURO:
UNA REVISIÓN EN EUROPA E IBEROAMÉRICA
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nalmente implementada por el Plan2. Algunos juristas, por ejemplo, niegan el
carácter jurídico del principio de eficiencia; otros niegan que pueda ser un
principio compatible con el modelo del Estado Social.
3. En términos concretos, el Plan diseñó una estructura organizativa dife-
renciada para Brasil, basada en la estructuración de sectores, la definición de
objetivos, la elaboración de una estrategia de transición y la consolidación de
proyectos específicos. Los sectores fueron cuatro: núcleo estratégico, activi-
dades exclusivas, servicios y producción de bienes y servicios para el mercado3.
La definición de objetivos se produce precisamente debido a la división sec-
torial, además de la adopción de metas globales, que son la descentralización
(basada en el principio de subsidiariedad), el aumento de la eficacia y eficien-
cia del gobierno en la implementación de políticas públicas y la imposición
de límites a la acción estatal en funciones que no le son propias (los llamados
servicios no exclusivos están reservados para la propiedad pública no estatal
y la producción de bienes y servicios al mercado para empresa privada)4.
4. La estrategia de transición apuntaba a la adopción de tres dimensiones
complementarias: la institucional-jurídica (reforma del sistema jurídico, cons-
titucional e infraconstitucional); lo cultural (transición de la cultura burocrática
a la gerencial); y gestión (modernización de la estructura y la actividad mediante
la adopción de nuevos métodos basados en directrices y objetivos). Como la
modificación de la estructura de gestión es la pieza más importante en la
transformación del modelo burocrático al modelo gerencial, incluyó una serie
de proyectos, divididos en «básicos» y «adicionales». Los primeros fueron: 1.
«evaluación estructural» (dirigida a analizar la organización del Estado de
manera global); 2. la creación de organismos autónomos (a partir de la trans-
formación de autarquías y fundaciones que realizan actividades exclusivas del
Estado); y 3. el establecimiento de un programa de publicidad, especialmente
a través de organizaciones sociales (que son entidades de derecho privado que
2 Celso Antônio Bandeira de Mello, por ejemplo, rechazó expresamente su carácter jurídico
al tratar el tema poco después de la publicación de la Enmienda Constitucional (Mello, 2000:
92).
3 El núcleo estratégico corresponde a los poderes Legislativo y Judicial, y al Ministerio
Público. Además de parte del poder Ejecutivo, en relación a los ministros y sus asistentes, en
particular los responsables por la formulación de políticas públicas.
4 En el contexto de la reforma, el objetivo central del núcleo estratégico es la gestión de
la desburocratización, es decir, promover y supervisar el proceso de modernización. Ya de las
actividades exclusivas es sustituir la administración burocrática por la gerencial, mediante la
adopción de controles a posteriori. El objetivo central de los servicios no exclusivos es su
«publicidad», intercambiando en pequeñas formas, la «desnacionalización», con el manteni-
miento parcial de la financiación pública. Y finalmente, para el sector de producción de bienes
para el mercado, el objetivo fundamental es la privatización en sentido estricto.

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