De los riesgos y de las precauciones necesarias en la aplicación del principio de complementariedad por la Corte Penal Internacional: el estudio de la determinación nacional de las penas como objeto del análisis de admisibilidad

• Author: Héctor Olásolo Alonso
• Pages: 19-58

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DE LOS RIESGOS

Y DE LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO

DE COMPLEMENTARIEDAD POR LA CORTE

PENAL INTERNACIONAL: EL ESTUDIO

DE LA DETERMINACIÓN NACIONAL

DE LAS PENAS COMO OBJETO

DEL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

PR I M E R A A P R O X I M A C I Ó N A L PR IN CI PI O

D E C O M P L E M E N T A R I E D A D 1

LA R E L A C I Ó N entre los tribunales para la Antigua Yugoslavia (TP I Y ) y para

Ruanda (T P I R ) y las jurisdicciones nacionales se rigen por el principio de

primacía de los llamados tribunales ad hoc. Así, de acuerdo con el artículo

10 del estatuto del T P I Y y con el artículo 9 del estatuto del TP I R , la prima-

cía de los tribunales ad hoc se concreta en los siguientes elementos:2 1) la

concurrencia entre la jurisdicción de los tribunales ad hoc y las jurisdic-

ciones nacionales;3 2) la prohibición de que las jurisdicciones nacionales

realicen investigaciones o enjuiciamientos si los tribunales ad hoc ejercitan

su jurisdicción;4 3) la legitimación de las jurisdicciones nacionales para

investigar y enjuiciar si los tribunales ad hoc no ejercitan su jurisdicción;5

1 Este artículo fue publicado originalmente en IusCrim, vol. 67, São Paulo, Brasil, 2007,

pp. 59-107, y después en Casación Penal, vol. 7, Buenos Aires, 2008.

2 La exposición del contenido del principio de primacía del T P I R sobre las jurisdicciones

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ber) on the Defense Motion on Jurisdiction, The Prosecutor vs. Kanyabashi, Caso Núm.

ICTR-96-15-1, de 18 de junio de 1997, párrafo 32.

3 Report of the Secretary General pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution

808 (1993), U.N. Doc. S/25704, de 3 de mayo de 1993, párrafo 16.

4 V. Morris y M. P. Scharf, The International Criminal Tribunal for Rwanda, Transnatio-

nal Publishers, 1998, pp. 314-315.

5 V. Morris y M. P. Scharf, An Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal

for the Former Yugoslavia: A Documentary History and Analysis, Transnational Publishers,

1995, p. 126.

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL20

4) la legitimación de los tribunales ad hoc para requerir a las jurisdicciones

nacionales que se inhiban en favor de aquéllos antes de que el órgano na-

 6 y 5) la

facultad de los tribunales ad hoc para ejercitar su jurisdicción, incluso des-

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les no fueron independientes o imparciales, estuvieron dirigidas a proteger

al imputado frente a la responsabilidad penal internacional en la que había

incurrido o la causa no fue tramitada con la debida diligencia.7

La primacía de los TP I Y y TP I R es resultado de su creación mediante re-

solución del Consejo de Seguridad, actuando conforme al capítulo V I I de la

Carta de las Naciones Unidas. Ambos fueron establecidos ex post facto y ad

hoc como instrumentos de ultima ratio para el restablecimiento de la paz y

seguridad internacional en situaciones de crisis determinadas,8 y su prima-

cía sobre las jurisdicciones nacionales ha desempeñado un papel muy im-



remarcaba la necesidad de otorgar primacía a los tribunales internacionales

sobre las jurisdicciones nacionales.9

A diferencia de los tribunales ad hoc la Corte es una institución per-

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delitos que menoscaban más gravemente los valores superiores sobre los

que se construye la comunidad internacional.10 Para garantizar mejor su ca-

rácter permanente e independencia frente a otras entidades políticas como

los estados o los órganos de las Naciones Unidas, la Corte ha sido creada

por un tratado internacional en lugar de una resolución del Consejo de Se-

6

Idem.

7

Sobre la aplicación del principio ne bis in idem por el T P I Y , véase Decision (Trial

Chamber) on non bis in idem, The Prosecutor vs. Dusko Tadic, Caso Núm. IT-94-1-T, de

14 de noviembre de 1995. Sobre la aplicación del principio ne bis in idem en el I C T R , véase

Decision (Trial Chamber) on the Application by the Prosecutor for a Formal Request for

Deferral, The Prosecutor vs. Bagasora, Caso Núm. ICTR-96-7-D, de 17 de mayo de 1997,

párrafo 33; y Decision (Trial Chamber) on the Formal Request for Deferral Presented by the

Prosecutor, The Prosecutor vs. Alfred Musema, Caso Núm. ICTR-95-5-D, de 12 de marzo

1996, párrafo 12.

8

Consejo de Seguridad, Resolución 827, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), de 25 de mayo

de 1993; y Consejo de Seguridad, Resolución 955, U.N. Doc. S/RES/855 (1994), de 8 de

noviembre de 1994.

9

Decision (Appeals Chamber) on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Ju-

risdiction, The Prosecutor vs. Dusko Tadic, I C T Y , Caso Núm. IT-94-1-T, de 2 de octubre de

1995 (en adelante decisión sobre jurisdicción en el caso Tadic), párrafos 55-60.

10 Véanse en el Estatuto de Roma (E R ) los párrafos 4 y 5 del preámbulo, y los artículos 1 y 5.

RELACIÓN ENTRE JURISDICCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 21

guridad.11 El origen distinto de la Corte y de los tribunales ad hoc ha pro-

vocado que sus relaciones con los estados se rijan por principios diferentes;

sin embargo, la relación entre la Corte y los estados se rige por el llamado

principio de complementariedad, previsto en los artículos 1, 17, 18, 19 y 20

del Estatuto de Roma (E R ),12 cuyo fundamento es un sistema de soberanía

compartida, entre la Corte y las jurisdicciones nacionales, que constituye

una nueva manifestación del fenómeno de jurisdicciones concurrentes.13

Conforme al principio de complementariedad, la Corte constituye una

jurisdicción de ultima ratio que sólo puede, primero activarse, y posterior-

mente ejercitarse, ante la inacción, la falta de disposición o la incapacidad

de las jurisdicciones nacionales. De esta manera se consagra el principio de

primacía formal de las jurisdicciones nacionales.14 Asimismo, los Estados

Partes, mediante el E R , han conferido a la Corte el poder para decidir sobre

el alcance de su potestad jurisdiccional, incluyendo el poder para decidir

sobre la inacción, la falta de disposición o la incapacidad de las jurisdiccio-

nes nacionales, es decir, su primacía material sobre estas últimas, en lo que

constituye sin duda la transferencia más importante de soberanía realizada

por medio del E R.15   

complementariedad está compuesto de dos elementos principales: la pri-

macía formal de las jurisdicciones nacionales sobre la Corte y la primacía

formal de la Corte sobre aquéllas.16

11 Desde el inicio del proceso de negociación se aceptó la idea de que la creación de la

Corte mediante una resolución del Consejo de Seguridad la convertía en un órgano subsi-

diario del Consejo, que podría disolverse en cualquier momento por resolución del Consejo,

cuya jurisdicción estaría limitada a las situaciones que el Consejo declarara amenazas a la

paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.

12 J. T. Holmes, “The Principle of Complementarity”, en R. S. Lee (coord.), The Inter-

national Criminal Court. The Making of the Rome Statute, Transnational Publishers, 1999,

pp. 41-78 (p. 73).

13 C. Escobar Hernández, “La progresiva institucionalización de la jurisdicción penal

internacional”, en M. García Arán y D. López Garrido (coords.), Crimen internacional y

jurisdicción universal (el Caso Pinochet), Tirant lo Blanch, 2000, pp. 225-273 (p. 257).

14 Ibidem, p. 258. Véase también S. A. Williams, “Article 17. Issues of Admissibility”, en

O. Triffterer (coord.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court,

Nomos, 1999, pp. 383-394 (p. 384).

15 H. Olásolo, Corte Penal Internacional: ¿dónde investigar?, Tirant lo Blanch, 2003,

pp. 228-230.

16 La misma opinión es sostenida por C. Escobar Hernández (op. cit., p. 260), J. Alcai-

de Fernández, (“La complementariedad de la Corte Penal Internacional y de los tribunales

 La

criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional, Consejo General del Poder

Judicial, 2000, pp. 383-433 y 416-417), J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto (“Análisis del