Postal desde Kampala.Los sindicatos hacen frente al cambio económico.

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KAMPALA , Uganda.- En mayo pasado, los representantes de los trabajadores se lanzaron a las calles de Kampala para denunciar que algunos de los principales hoteles del país pretendían obligar a los trabajadores de los establecimientos recién privatizados a trabajar horas extraordinarias no retribuidas. Idénticas acusaciones se vertieron contra las empresas textiles y de productos alimenticios de la ciudad oriental de Jinja, principal zona industrial de Uganda, cuyas relaciones laborales se han deteriorado como resultado de los reiterados anuncios de reducción de costes para incrementar los beneficios que han acompañado a la reestructuración de las empresas.

El antiguo Ministro de Trabajo, Paul Etiang, afirma que con unos sindicatos responsables es posible fomentar un clima favorable a la mejora de las relaciones laborales.

Aduce que "los empleadores tienen que adoptar una actitud positiva frente a los sindicatos, debido a que las malas condiciones de trabajo no se han erradicado aún totalmente, ni en este país ni en el resto del mundo."

Lo cierto es que, en Uganda, como en muchas otras naciones en desarrollo, la satisfacción de las necesidades de la población activa sigue constituyendo un problema acuciante, a pesar del crecimiento económico. En medio de una pobreza generalizada y de las ingentes necesidades de reestructuración, los bajos salarios y las difíciles condiciones de millones de trabajadores impiden que el descontento sobre la desigualdad y la injusticia social nunca estén completamente ausentes de la formulación de las políticas económicas.

Si bien existe un amplio consenso en considerar la privatización como uno de los factores determinantes del repunte del crecimiento económico, los líderes de la Organización Nacional de Sindicatos (NOTU) continúan denunciando la creciente explotación de los trabajadores en las empresas recién privatizadas.

Sólo en los dos últimos años, más de 50 empresas estatales se han vendido o transferido por otras vías a interesas privados, en el marco del esfuerzo por reducir la participación del Estado en la economía y aumentar la productividad.

Pérdida de empleos y prácticas laborales injustas.

Aunque pocos ugandeses impugnan la tendencia general de la política económica del Gobierno, muchos muestran una creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y las prácticas laborales injustas. Otros se quejan de que el país se adentra alegremente en la nueva economía de mercado e iniciativa privada sin haber actualizado sus instituciones ni su regulación legal del mercado de trabajo, en el marco, incluso, de una Ley sindical que data de mediados de la década de 1970, en la era de Idi Amín.

La mayoría de los ugandeses son conscientes de las carencias de la gestión pública de la economía y reconocen que la privatización ha extendido los horizontes de sectores clave, como el turismo, los textiles y la agricultura, que antes estaban mal gestionados. En algunos sectores, como el hotelero y el turístico, la privatización ha contribuido a la creación de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, dada la pobreza generalizada del país, serán precisos muchos más puestos de trabajo y fuentes de ingresos si se desea evitar los efectos traumáticos sobre el empleo que suelen acompañar a la privatización.

Las consecuencias de la privatización son sólo algunos de los problemas que afrontan los trabajadores de Uganda. En efecto, si las perspectivas de empleo en el nuevo sector privado son desalentadoras, en el decreciente sector público son aún peores. Los acuerdos concertados con el Banco Mundial y el FMI imponen a Uganda un control riguroso del gasto, lo que implica que, en la solución de cualquier conflicto laboral, el margen de maniobra es muy reducido, lo que no puede por menos que ahondar el desfase entre las reivindicaciones de los trabajadores y lo que el Gobierno puede ofrecerles. Esta situación amenaza con someter a los políticos y economistas a un verdadero fuego cruzado.

Hace dos años, los trabajadores de la sanidad fueron a la huelga en reivindicación de incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo. Aunque algunos pensaron que el objetivo real de la huelga era incomodar al Gobierno proyectando una imagen negativa de su política de salud pública, las autoridades aseguraron que no habría incrementos salariales en el corto plazo para los trabajadores de la medicina, debido a que el nivel global de ingresos era todavía muy bajo. Los trabajadores sanitarios están esperando todavía.

Otro sector del funcionariado permanentemente descontento es el del profesorado, que lleva largo tiempo quejándose de cobrar poco y tarde, de unas condiciones de trabajo desastrosas y, en general, de la negligencia del Ministerio de Educación. Los problemas de organización de los sindicatos contribuyen a exacerbar los problemas del profesorado.

Moses Nkalubo, profesor del Makerere College, uno de los más prestigiosos institutos de segunda enseñanza de Uganda, asegura que "en el caso de los profesores, la negociación es individual; no hay convenios colectivos."

Aunque en los tres últimos años se han producidos varios intentos infructuosos de registrar un sindicato de profesores, el enfrentamiento entre dos grupos rivales ha impedido a este sector hablar con una voz única, con el resultado de que el Gobierno ha declinado el reconocimiento del sindicato.

Las dificultades de los profesores no son únicas en Uganda, país en el que la representación sindical de los trabajadores suele ser inadecuada. En algunos casos, no existe representación sindical, bien por la resistencia de los empleadores, bien por la incapacidad de los sindicatos para organizarse. Algunos trabajadores ignoran, incluso, la naturaleza y las funciones de los sindicatos a que pertenecen.

El sindicalismo en su forma actual nació en Uganda con la promulgación del Decreto sindical de 1975. Hoy, en cambio, los derechos sindicales se reconocen en el artículo 40(3) de la Constitución, en el que se postula que "todo trabajador tiene derecho a constituir o afiliarse al sindicato de su elección para la promoción y protección de sus intereses económicos y sociales." Los trabajadores tienen igualmente derecho a la negociación colectiva, a la representación y a dejar el empleo. Un total de 17 sindicatos registrados integran la Organización Nacional de Sindicatos (NOTU).

Movilización de los trabajadores

El diputado Sam Lyomoki, reconocido defensor de los intereses de los trabajadores, asegura que éstos muestran muy escaso interés por afiliarse a las organizaciones sindicales. Asegura que "existe entre los trabajadores de este país una apatía y una ignorancia generalizadas acerca de la importancia de los sindicatos." Añade que "se tiene la sensación de que el Gobierno favorece a los empresarios y amenaza a los trabajadores cada vez que éstos se deciden a exponer sus reivindicaciones."

Sin embargo, el Dr. David Ogaram, Comisario de Trabajo, asegura que algunos sindicatos han abandonado su función tradicional de defensa de los intereses de los trabajadores para acumular capital político. Asegura que "los sindicatos cuyos miembros realizan actividades políticas no pueden reconocerse ni registrarse, y ésta es la razón de no haber accedido al registro del sindicato de la enseñanza, escindido en dos facciones rivales que parecen estar más interesadas en la política que en la representación de los intereses de los trabajadores".

Lyomoki tiene un punto de vista distinto: "Necesitamos políticos jóvenes y dinámicos que dirijan los sindicatos, y esto es lo que está ocurriendo y nos abre nuevos horizontes."

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