Posición de la CMDPDH sobre el acuerdo que militariza la seguridad pública

Ciudad de México, 26 de junio 2020.

Dr. Paulo Abrão

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Presente.-

Asunto: Acuerdo que militariza la seguridad pública en México

Estimado Doctor Abrão:

Las organizaciones que firmamos la presente, nos dirigimos a usted y por su vía a la Ilustre

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), a fin de informar sobre

la inconvencionalidad del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada mexicana

permanente para llevar a cabo “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada,

fiscalizada, subordinada y complementaria” en México, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 11 de mayo del presente año y que entró en vigor el 12 de mayo.

A continuación, expondremos argumentos por los cuales consideramos que el Estado mexicano

incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como a las

recomendaciones emitidas y reiteradas por la CIDH y otros mecanismos internacionales,

relacionadas a la seguridad ciudadana.

I. Antecedentes y contexto

El 11 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el

que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de

manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Acuerdo según

uno de sus transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia

el 27 de marzo de 2024. No obstante, en su primer artículo el Acuerdo establece su vigencia

desde la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Guardia Nacional” publicado el 26 de marzo de 2019. Es decir, las tareas de las Fuerzas Armadas

en la seguridad pública se legalizaron, mediante el Acuerdo, de manera retroactiva a partir del 27

de marzo de 2019.

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La estrategia de seguridad militarizada en el país, como es del conocimiento de esta Ilustre

CIDH, ha dejado miles de víctimas en México. Este contexto incluso ha sido calificado por el

Gobierno actual como una “tragedia humana y social de dimensiones incalculables.”

1

Durante más de 13 años, la participación de militares en seguridad pública, ha incrementado el

uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de la

libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se

ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen su pertenencia a

organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas.

Tan solo a nivel federal, la Fiscalía General de la República ha reportado haber iniciado 13,560

investigaciones penales por el delito de tortura entre 2006 y 2019. 1,609 corresponden a

investigaciones en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 780

en contra de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

2

Por otro lado, de un total de 221 casos de tortura que se encuentran documentados en 190

recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2006

y junio de 2019, se han identificado 736 víctimas de este crimen. El Ejército es la autoridad a la

que se le han atribuido el mayor número de casos, tan solo en 97 recomendaciones que

comprenden 102 casos, fue señalada como autoridad responsable en los que se documentaron

actos de tortura en contra de 313 personas. Por su parte, en 48 casos, documentados en 36

recomendaciones, elementos adscritos a la SEMAR fueron señalados como responsables de

cometer tortura.

3

Sobre la Guardia Nacional, sabemos que desde su despliegue en junio de 2019 y hasta marzo de

2020, ha sido señalada como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de

derechos humanos en 211 quejas presentadas a la CNDH. De esas quejas, 27 corresponden a

actos de detención arbitraria, 17 a tortura o trato cruel y 2 están relacionadas con actos de

desaparición forzada.

4

DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. (16

1

de mayo de 2020) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019

FGR, solicitud de información folio: 0001700145920. Fecha de respuesta: de febrero de 2020.

2

Datos de la CMDPDH de la base de datos I-Doc. “The Investigation and Documentation System (I-DOC) of the

3

Case Matrix Network is made available to CMDPDH through funding by the European Union and Norwegian

Ministry of Foreign Affairs.”

CNDH, solicitud de información folio: 3510000043320.

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