Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económicopolítica.

AuthorFrancisco Sierra Caballero
Pages57-70

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Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económicopolítica

Francisco Sierra Caballero

Las condiciones estructurales de la globalización han redefinido las formas de definición y acción social de la ciudadanía trastocando y desplazando los intereses públicos de la comunicación y la cultura en el marco de desregulación e intensiva competencia de los mercados nacionales y las economías de escala que determinan las transformaciones tecnológicas y económicopolíticas de las industrias culturales. Tales procesos se manifiestan con especial intensidad en países y economías de lenta o tardía modernización. En España, por ejemplo, el proceso de cambio y transformación del sector informativo ha acentuado los desequilibrios y deficiencias estructurales del sistema de comunicación, caracterizado, al igual que otros países del sur como Italia, por un modelo de “pluralismo polarizado” basado en una forma peculiar de bipartidismo y duopolio mediático. En este marco, la historia y desarrollo del sistema nacional de comunicación viene lastrado por una lógica de desenvolvimiento autoritaria y paternalista. Las políticas liberalizadoras, lejos de atenuar o redefinir esta norma del sistema, han incidido y reforzado el modelo de “pluralismo polarizado”, cuyo efecto más visible y manifiesto en España es la llamada “guerra mediática”, reproduciendo así el mapa económicopolítico prefigurado durante la década de los ochenta en Europa, por el que las fuerzas políticas mayoritarias (el caso, por poner un ejemplo, conservador de Margaret Thatcher y el grupo Murdoch), realimentan, de forma simbiótica, sus comunes intereses en la distribución de los espacios de poder y de negocio políticoinformativo.

Un claro ejemplo de esta lógica es la Comunidad Autónoma de Madrid. Más de un año después de la concesión a treinta canales de la iniciativa privada por el gobierno de Esperanza Aguirre, ninguna de las empresas adjudicatarias han iniciado sus emisiones regularmente. La cesión discrecional a operadores sin experiencia en el sector, como el grupo creado por el propagandista de extrema derecha, Federico Jiménez Losantos, no sólo excluyó a empresas consolidadas por razones de interés partidista, como es el caso de Localia Televisión, sino que impidió además la incorporación y acceso de iniciativas sociales como Tele K, que acumulan en su trayectoria un amplio capital social y respaldo público. Similar situación, aunque con notorias diferencias y matices, se produce también en autonomías gobernadas por el PSOE. De tal manera que se viene polarizando un sistema concentrado, de adscripción mediáticopartidista, sin resquicio alguno para la divergencia, el pluralismo y la autonomía profesional.

Esta tendencia tiene, no obstante, lugar paralelamente a la formulación de decisivas iniciativas políticas, que por primera vez en la historia de nuestra joven democracia

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tratan de recomponer el campo de la comunicación nacional, estableciendo un marco idóneo de regulación, democratización y formalización institucional. El presente artículo se centra a este respecto en tres problemas estratégicos de las políticas nacionales de comunicación: La reforma de la radiotelevisión pública, la regulación de la función pública de los informadores y las políticas de Sociedad de la Información.

Para definir los ejes de discusión del presente diagnóstico, se ha recurrido a fuentes documentales y hemerográficas como las revistas especializadas Intermedios y Noticias de la Comunicación, bases de datos disponibles en Internet de centros de investigación nacionales y europeos especializados en la materia, y bibliografía académica específica sobre la estructura de la información y las políticas públicas en España. Las líneas de desarrollo que a continuación se exponen son, tan sólo, unos apuntes y un balance general de la materia sin ánimo exhaustivo ni hipótesis contrastadas empíricamente. Tómese pues la lectura de las siguientes páginas a modo de ensayo o evaluación global que el autor formula con la intención de trazar una visión o panorama crítico de las políticas públicas en el sector.

La Reforma Radiotelevisiva

El primer punto de nuestro diagnóstico debe partir del reconocimiento de la labor del Consejo para la Reforma de los medios de titularidad pública. Los trabajos y propuestas, y especialmente la asunción por el gobierno de las iniciativas del Comité de Sabios, puede ser calificada de histórica, y, en general, cuando menos positivos. La iniciativa del gobierno socialista tras las elecciones generales de marzo de 2004 abre un proceso de democratización e institucionalización de las políticas públicas en comunicación sin precedentes en la historia de nuestro país. De acuerdo con el profesor Bustamante, “la voluntad política del gobierno de Rodríguez Zapatero, evidenciada en el consejo independiente para la reforma de los medios públicos estatales y en los tres proyectos de ley presentados, genera (en efecto) fundadas esperanzas de una regeneración del audiovisual español” (Bustamante, 2006: 357). No sólo por la constitución de órganos independientes de revisión y evaluación del audiovisual, previstos en la política del gobierno, sino sobre todo por la paulatina desgubernamentalización de las radios y televisiones públicas, sometidas en los últimos años del gobierno conservador a un estricto y totalitario control, según se puede constatar todavía en los entes públicos regionales de Madrid o Valencia. Hoy, de hecho, la RTVE acomete un proceso constituyente de Estatuto y Consejo de Redacción, siguiendo ejemplos como Canal Sur, que garantizaría la autonomía y profesionalidad de la actividad informativa en la misión de servicio público que ha de presidir y distingue a las empresas de radiotelevisión del Estado. El optimismo y valoración positiva de este proceso no puede, sin embargo, ocultar los claroscuros y lagunas que vienen acompañando el proceso de reforma de la radio y la televisión pública nacional.

En primer lugar, la dispersión normativa y la ausencia de una Ley General del Audiovisual que contemple las nuevas redes y soportes digitales constituye todavía una asignatura

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pendiente, junto a la democratización real y efectiva del sector. El boom del auge de la radiotelevisión local y el desarrollo de las redes privadas de cable y televisión digital terrestre auguran un importante crecimiento en torno a la industria audiovisual reformulando el papel de la televisión generalista y, desde luego, el sentido y peso específico del sector público, sin que por el momento el legislativo haya perfilado y puesto en orden el proceso de crecimiento y expansión del sector, bajo liderazgo de las empresas públicas. Antes bien, las decisiones del Ejecutivo a este respecto manifiestan una clara falta de confianza y voluntad de apoyo e impulso del sector estatal. No es casual, en este sentido, que, frente a la sugerencia que preveía el informe del comité de sabios sobre el papel de la RTVE, el gobierno haya concedido finalmente un menor número de canales digitales, limitando el papel de liderazgo de la empresa pública de radiotelevisión en el desarrollo de la TDT. Por otro lado, “los centros y los consejos territoriales no han sido recogidos en el proyecto legal, lo que puede amenazar la función de RTVE como vertebración estatal de las lenguas y las culturas de España” (Bustamante, 2006: 361).

Básicamente, la política de regulación y desarrollo de la TDT ha favorecido la modernización tecnológica del sector, impulsando la industria de fabricantes de equipos y componentes y la diversificación de contenidos, con la notoria ausencia de un modelo público definido, por la renuncia al fortalecimiento del dominio público y la calidad del sistema audiovisual de acuerdo a las necesidades del mercado y de los operadores privados. Como advierte Roman Gubern, “en vísperas del apagón analógico del año 2010, el sistema televisivo aparece gobernado por imperativos cuantitativos (propios de la lógica de los empresarios, de los economistas y de los ingenieros), más que por imperativos cualitativos (propios de los políticos responsables, de los planificadores culturales y de los pedagogos)” (Gubern, 2006: 373).

El Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrestre, la liberalización de la televisión por cable y el fomento de la pluralidad aprobado el pasado año no se ha visto quizás por lo mismo coronado con una Ley General del Audiovisual que ponga orden en el sector y defina un proyecto coherente de desarrollo de la industria de contenidos. Algunos analistas confían en asignar a la futura ley de cine la función de fortalecimiento del audiovisual nacional, no sólo protegiendo la producción independiente, como hasta ahora, sino también, en la medida de lo posible, tratando de articular medidas que contribuyan eficazmente a modificar las condiciones estructurales del mercado que dominan las majors estadounidenses, a fin de garantizar en condiciones más favorables la reconversión tecnológica y económica que debe abordar el sector, dada la desigual competencia en el mercado interior. Pero es improbable que la aprobación de esta nueva norma resuelva con garantías de éxito los problemas estructurales que padece la industria cinematográfica. En primer lugar, porque si trata de atajar el déficit comercial con las empresas norteamericanas, el Ejecutivo tendrá en contra al sector privado, representado por la UTECA, que sigue sosteniendo un criterio rentista y puramente mercantil del audiovisual, pese a la naturaleza pública de la prestación de servicio que ostentan. En este escenario, solo el Tribunal de Defensa de la Competencia parece poder establecer algunos límites a la voraz posición dominante de las majors estadounidenses,

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quedando, junto al poder judicial, como única instancia de referencia de los productores y...

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