Perú responsable por violación al principio de presunción de inocencia

• Published date: 11 May 2017

Comunicado

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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PERÚ RESPONSABLE POR VIOLACIÓN AL

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

San José, Costa Rica, 11 de mayo de 2017.- El Perú es responsable por la violación

al debido proceso, por infracciones a la presunción de inocencia, al deber de

motivar las resoluciones judiciales, al derecho a recurrir el fallo y a la protección

judicial, en perjuicio de Agustín Bladimiro Zegarra Marín, según concluyó la Corte

Interamericana en su sentencia emitida el 15 de febrero de 2017 y notificada el día

de hoy.

Zegarra Marín, quien fue Subdirector de Pasaportes de la Dirección de Migraciones

y Naturalización del Perú en 1994, fue condenado en 1996 por los delitos contra la

administración de justicia (encubrimiento personal), contra la fe pública

(falsificación de documentos en general) y corrupción de funcionarios. La condena

se dio como consecuencia de la supuesta expedición irregular de pasaportes.

Zegarra Marín interpuso un recurso de nulidad, pero la sentencia de primera

instancia fue confirmada.

Al conocer este caso, la Corte Interamericana examinó si conforme a los estándares

del debido proceso contenidos en la Convención Americana sobre Derechos

Humanos se respetó el principio de presunción de inocencia de Zegarra Marín, así

como si la sentencia fue debidamente motivada. En este sentido, la Corte

Interamericana reiteró que la presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y

un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la

subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Reiteró que en procesos

penales la carga probatoria recae en el Estado. En este caso en particular, en la

sentencia condenatoria se señaló expresamente que Zegarra Marín no había llegado

a desvirtuar en su totalidad las imputaciones en su contra, invirtiéndose de esta

manera la carga de la prueba en su contra. Además, la condena se basó en las

declaraciones de los coimputados, que no fueron corroboradas ni analizadas con la

prueba en su conjunto, a fin de determinar la responsabilidad penal más allá de

toda duda razonable. La Corte resaltó que las declaraciones de los coimputado

revisten valor indiciario y, por consiguiente, forman parte de la prueba indirecta,

debiendo valorar sus contenidos conforme a los principios de la sana crítica.

La Corte subrayó la relevancia de la motivación a fin de garantizar la presunción de

inocencia, principalmente en un proceso penal. Las sentencias deben reflejar las

razones por las que fue posible obtener la convicción sobre la imputación y la

responsabilidad penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar

cualquier hipótesis de inocencia y, sólo así, poder confirmar o refutar la hipótesis

acusatoria. En este caso, no se analizó la prueba, ni se señaló en qué se fundó la

culpabilidad, como tampoco se establecieron las circunstancias en las que

ocurrieron los hechos, ni la correspondencia de las conductas con los delitos

imputados. Esta omisión de motivación del fallo tuvo un impacto directo en el

ejercicio de los derechos a la defensa y a impugnar el fallo en perjuicio de Zegarra

Marín.