Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 2006. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C No. 160

Ponente:García Ramírez
Fecha de Resolución:25 de Noviembre de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

VOTO RAZONADO DEL JUEZ S.G.R.

CON RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN EL CASO CASTRO Y CASTRO,

DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006

  1. En este Voto me referiré a dos cuestiones que analiza la Corte Interamericana en la Sentencia dictada en el Caso Castro Castro (Perú), del 25 de noviembre de 2006, que es, por cierto, una fecha simbólica en el compromiso general de combatir toda forma de violencia contra la mujer. Una de esas cuestiones, de la que me ocuparé en primer término y con mayor amplitud, corresponde a la aplicación, por parte del Tribunal, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del 9 de junio de 1994, bien conocida bajo el nombre de la población en la que se suscribió: Convención de Belém do Pará. La otra concierne al frecuente, intenso y doloroso tema de la vida en reclusorios y la relación que existe, a propósito de la persecución penal --en términos amplios--, entre el poder público y los particulares, penalmente responsables o no, sobre los que aquélla se ejerce.

    APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ

  2. La tutela de los derechos humanos requiere instrumentos de alcance general y específico que integran, conjuntamente, el “escudo de protección” requerido por grandes sectores de la población. Evidentemente, no ha bastado con las declaraciones y los pactos en los que se enuncian y garantizan los derechos y las libertades de los seres humanos en general, a veces acogidos como “derechos del hombre” --la más antigua denominación-- y actualmente, con la mayor frecuencia, como “derechos humanos o fundamentales”. Si bastara con aquellos, en tanto aluden a derechos que todos compartimos bajo la condición de seres humanos, y si fuese suficiente la proclamación de la igualdad y la no discriminación, que poseen carácter universal, no sería necesario contar con ciertos instrumentos de alcance más específico, referentes a derechos y libertades de esos grandes sectores de la población.

  3. Ha sido necesario --más aún, indispensable-- disponer de declaraciones y tratados específicos, que abarcan hipótesis de enorme importancia cualitativa y cuantitativa. Destaca la protección de los derechos de la mujer, vulnerable por diversos motivos, acosada por riesgos, restricciones y vulneraciones que poseen identidad característica y enlazan no sólo con las condiciones derivadas de la biología, sino también, y acaso sobre todo, en circunstancias culturales que no ha sido posible contrarrestar, suprimir, disipar --y en ocasiones ni siquiera moderar--, no obstante el esfuerzo realizado en este sentido por sucesivas generaciones. El requerimiento de medidas específicas de protección se observa y atiende tanto en el plano internacional como en los órdenes nacionales.

  4. Esta corriente ha predominado en América. Cuando se planteó, en la Conferencia sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz (Conferencia de Chapultepec, México, 1945) el establecimiento de un régimen de tutela de los derechos humanos, que incluyese una jurisdicción especializada, surgió la propuesta --que no era insólita-- de que el correspondiente instrumento declarativo --y preceptivo-- abarcase, explícitamente, a hombres y mujeres. Así, el presidente de la delegación de Uruguay en dicho encuentro solicitó, en un discurso del 22 de febrero de 1945, la expedición de una “nueva Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer”. En suma, se reiteró --como antes, durante y después-- la pertinencia, la urgencia inclusive, de amparar con referencias y figuras especiales a esa mitad de la humanidad que solía quedar --y suele quedar-- en la penumbra cuando se trata de trasladar a la realidad los enunciados generales de protección de los seres humanos.

  5. No es mi propósito emprender en este Voto la relación de los trabajos conducentes a consolidar aquel propósito, en los diversos espacios en que se han manifestado: mundial y regionales. Me concentro en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de 1969 se ha construido, gradualmente, un corpus juris hemisférico sobre derechos humanos, que hoy abarca sendos protocolos y tratados, entre los que figura la aludida Convención de Belém do Pará, una suerte de “carta magna específica” de los derechos de la mujer --o mejor: de las mujeres-- que constituye capítulo separado y sustancial en el corpus juris pleno que constituye el estatuto del ser humano contemporáneo, apoyado en el doble cimiento que le proporcionan el orden de los derechos humanos a escala mundial y el orden de la misma especialidad en la dimensión continental.

  6. Hasta hoy, la Corte Interamericana no había recibido consultas o litigios que tuviesen como personaje principal --o, al menos, como uno de los personajes principales, de manera específica--, a la mujer. Obviamente, la Corte ha abordado temas en los que se proyecta la cuestión de la igualdad a propósito del género (como la Opinión Consultiva OC-4/84, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, resuelta el 19 de enero de 1984), e igualmente ha debido conocer de casos que atañen a mujeres a título de víctimas de violaciones de derechos humanos o personas en riesgo, cuya situación amerita medidas provisionales de carácter cautelar y tutelar. Sin embargo, en estos casos la violación o el riesgo no ponía a la vista, necesariamente, consideraciones vinculadas directa e inmediatamente con la condición femenina de la víctima.

  7. No corresponde a la Corte --que carece de la potestad de atracción y rechazo de cuestiones contenciosas, y tampoco puede sugerir formalmente temas para consulta-- suscitar el envío de demandas o solicitudes de opinión sobre asuntos específicos, independientemente de la mayor o menor relevancia que éstos pudieran tener para la formulación de la jurisprudencia interamericana. La selección de casos incumbe solamente a quienes han sido investidos de legitimación procesal para proponerlos a la consideración de la Corte, sujetos a sus propios ordenamientos y dotados de autonomía --que la Corte no puede cuestionar-- para formular el planteamiento, suscitando así el desempeño jurisdiccional. De ahí que la Corte no se hubiese ocupado de ciertos extremos concernientes a derechos de las mujeres, aunque lo hubiera hecho a propósito de otros grupos de población, también relevantes y vulnerables, de muy diversas características: menores de edad, miembros de comunidades indígenas, trabajadores migrantes, detenidos, desplazados, etcétera.

  8. En el caso al que corresponde la Sentencia que acompaño con este Voto se ha planteado, por primera vez, la aplicabilidad de la Convención de Belém do Pará, acerca de la cual no existe pronunciamiento anterior de la Corte. Los había, en cambio, en otros casos referentes a la aplicabilidad y aplicación de instrumentos del corpus juris americano de los derechos humanos diferentes de la CADH: Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este camino se hallaba, pues, suficientemente transitado; en cambio, aquél estaba pendiente de planteamiento, análisis y solución. Había sido, hasta hoy, un “tema inexplorado”, sin definición. Ya no lo es, gracias a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el C.C.C..

  9. La materia sugiere por lo menos dos consideraciones. Ante todo, resulta claro --a la luz de los desarrollos del Derecho nacional e internacional de los derechos humanos, pero sobre todo a la sombra de una realidad tenaz y lacerante-- la necesidad de afirmar la protección específica que requieren los derechos y libertades de las mujeres, afirmación que constituye una pieza indispensable para la construcción integral del sistema de protección de los derechos humanos y su vigencia...

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