Medidas Provisionales de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de Febrero de 2018. Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C No. 160 Serie C No. 181

Fecha de Resolución 5 de Febrero de 2018
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoPenal Miguel Castro Castro Vs. Perú
ActoSolicitud de Medidas Provisionales
SolicitantePerú

SECCIÓN A: DATOS DEL CASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre del caso Víctima(s) Representante(s) Estado demandado # Petición/Caso ante la CIDH # Caso ante la Corte IDH Tipo(s) de sentencia(s) y fecha(s) S.C.P.M.C.C.V.P.R. delP.M.C. y sus familiares - Mónica Feria Tinta (Interviniente común) Perú 11.015 y 11.769 Serie C No. 160 Serie C No. 181 Fondo, R. y Costas. 25 de noviembre de 2006 Fondo, R. y Costas. 2 de agosto de 2008

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_181_esp.pdf

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El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la utilización excesiva de la fuerza que resultó en la muerte de decenas de presos, así como de numerosos heridos en el marco de un operativo en el centro penitenciario M.C.C.. Libertad de conciencia y religión; Crímenes de lesa humanidad; Derecho internacional humanitario; Garantías judiciales y procesales; Derecho a la honra y la intimidad; Dignidad; Derecho a la integridad personal; Libertad personal; Derechos de las mujeres; Personas Palabras claves privadas de libertad; Libertad de pensamiento y expresión; Protección judicial; Tortura; Trato cruel y degradante; Trato inhumano; Derecho a la vida; Agresión sexual Campo multimedia NA - Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos) - Artículo 4 (Derecho a la vida) - Artículo 5 (Derecho a la integridad personal) Convención - Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) Americana sobre - Artículo 8 (Garantías judiciales) Derechos - Artículo 11 (Protección de la honra y de la dignidad) Derecho(s) Humanos - Artículo 12 (Libertad de conciencia y de religión) - Artículo 13 (Libertad de expresión y de información) - Artículo 25 (Protección judicial) Otro(s) tratado(s) - Artículos 1, 6 y 8 (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura) interamericano(s - Artículo 7 (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ¨Belem do Pará¨) - Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión Otro(s) instrumento(s) - Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y S. de internacional(es) citado(s) Naciones Unidas - Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley SECCIÓN B: DESARROLLO DEL CASO

13. Hechos - Los hechos del presente caso se desarrollan en marco del conflicto armado en el Perú. Entre el 6 y 9 de mayo de 1992 el Estado peruano ejecutó un operativo denominado "Mudanza 1", cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal "M.C.C.", a centros penitenciarios femeninos. - La Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A utilizando explosivos. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron el control de los techos del penal abriendo boquetes en los mismos, desde los cuales realizaron disparos con armas de fuego. Asimismo, los agentes estatales, policía y ejército utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos. Finalmente, el ataque se produjo con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas. - La operación generó la muerte de decenas de internos, así como de muchos heridos. Los internos sobrevivientes fueron objeto de golpes y agresiones. Muchos de los heridos fueron mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos que fueron trasladados al hospital no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. 14. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Fechas de presentación de las peticiones (11.015 y 11.769): 18 de mayo de 1992 y 5 de junio de 1997 - Fecha de informe de admisibilidad (43/01): 5 de marzo de 2001 - Fecha de informe de fondo (94/03): 23 de octubre de 2003 15. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 9 de septiembre de 2009 - Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de “al menos 42” reclusos que fallecieron; la violación del artículo 5 de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos que habiendo resultado ilesos supuestamente fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante”; y por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. - Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron con lo alegado por la CIDH. Asimismo, alegaron la violación de los artículos 11, 12 y 13 de la Convención Americana; los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. - Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 26 y 27 de junio de 2006 16. Competencia y Admisibilidad

5. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 4 de junio de 1996. 17. Reconocimiento de responsabilidad internacional El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH. 18. Análisis de fondo I.V. del artículo 4 (Derecho a la vida) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma 236. Este caso se presentó en un contexto de sistemática violación a los derechos humanos, en el que hubo ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso, y dichas prácticas eran realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales (..). 237. La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas . 238. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad, situación que se ve agravada cuando existe un patrón de violaciones de los derechos humanos. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción . 239. Como se desprende de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, los cuerpos de seguridad estatales solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea “estrictamente inevitable para proteger una vida” y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas. 240. Como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles, utilizando la fuerza si es necesario. Al respecto, también ha establecido que al reducir alteraciones al orden público el Estado debe hacerlo con apego y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de protección de los derechos humanos aplicables a la materia. El poder estatal no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”. En casos que esta Corte ha conocido en los que el

Estado ha utilizado la fuerza para mantener el orden dentro de centros penales cuando se presenta un amotinamiento, cosa que no sucedió en el presente caso, el Tribunal ha analizado si existían elementos suficientes para justificar la magnitud de la fuerza utilizada. (…) 244. En el presente caso las fuerzas de seguridad, en una actitud coherente con el fin que tenía el “Operativo Mudanza 1”, no hicieron nada por utilizar otros medios que no fueran el uso de la fuerza letal (…). 247. Respecto de los...

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