El papel de España en la Conferencia de la Haya de 1899
| Author | Carlos Jiménez Piernas |
| Position | Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales - Universidad de Alcalá |
| Pages | 775-782 |
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El centenario de la Conferencia de Paz de La Haya es una ocasión propicia para analizar la contribución española a dicha Conferencia. Podemos anticipar que el papel desempeñado por España en esta Conferencia fue muy secundario1. No olvidemos que la iniciativa rusa dirigida a los representantes de las potencias acreditadas en San Petersburgo sobre la celebración de una Conferencia es de 12 de agosto de 1898, coincidiendo con la suspensión de las hostilidades entre España y los Estados Unidos2. En pleno auge del imperialismo y de la carrera de armamentos traducido en la relevancia de la política de poder en las relaciones internacionales, y tras la demostración de fuerza llevada a cabo por una potencia emergente (Estados Unidos) sobre otra potencia en decadencia (España)3, ésta se sentía aislada e insegura en medio dePage 776 un orden internacional oligocrático de cuyo núcleo decisorio había sido excluida hacía ya tiempo. La liquidación de los restos de su imperio colonial situaban a España, justo en 1898, ante la necesidad de asumir su papel de potencia de segundo orden en el concierto de las naciones, preocupada sobre todo por el mantenimiento de su propia seguridad e integridad territorial.
Por otra parte, los ideales pacifistas y humanitarios habían también prendido en ciertos medios, sobre todo intelectuales, de la sociedad europea al calor del progreso científico y del desarrollo del movimiento obrero. Los objetivos inmediatos del movimiento pacifista, sometido al imperio de la razón, eran la limitación de armamentos y el recurso al arbitraje para arreglar los litigios internacionales. España no fue ajena a estas incipientes tendencias, como lo prueba la consolidación universitaria del Derecho Internacional en las dos últimas décadas del siglo y el aumento apreciable de manuales y publicaciones de autores nacionales sobre esta materia4, casi coincidiendo en el tiempo con la creación del Institut de Droit international en 18735.
En medio, pues, de la tensión entre las realidades del imperialismo y los anhelos pacifistas, en un clima sin duda poco propicio6, el Ministro de Asuntos Exteriores del Zar Nicolás II, el Conde Mouravieff, remitió una primera nota muy retórica al cuerpo diplomático acreditado en San Petersburgo el 12 de agosto de 1898 convocando a una conferencia sobre paz y desarme, para debatir exclusivamente la reducción de armamentos en Europa como medio político de favorecer y asegurar la paz7. Pero las reservas que suscitó la propuesta en la mayor parte de las opiniones públicas y cancillerías europeas8, obligó al Gobierno ruso a remitir una segundaPage 777 nota a los mismos destinatarios el 11 de enero de 1899 ampliando el programa de trabajo de la futura conferencia, que abarcaría no sólo la reducción de armamentos sino también el arreglo pacífico de las controversias internacionales para evitar los conflictos armados y la mejora de la reglamentación de la guerra terrestre y marítima9. Todas las potencias aceptaron la invitación formulada en este segundo manifiesto10, si bien sólo asistieron a la Conferencia seis Estados no europeos (Estados Unidos, Méjico, China, Japón, Persia y Siam) sobre un total de veintiseis Estados participantes, como buena prueba del carácter eurocéntrico de la sociedad internacional y del D. I. vigente en aquellas fechas.
La Conferencia se reunió en La Haya entre el 18 de mayo y el 29 de julio de 1899 en un ambiente de nula apertura informativa ya que no se permitió asistir a los debates a los quince periodistas destacados ante la Conferencia11. La Conferencia creó tres comisiones para que se ocuparan de los tres grandes temas de su programa de trabajo, a saber, la limitación de armamentos y de medios de guerra, el Derecho de la guerra y el arreglo pacífico de las diferencias internacionales, a sabiendas de que los resultados serían mediocres y que el tema del desarme no contaba con el favor de las grandes potencias. No obstante, se logró la adopción de un Acta Final y -en actas separadas- de tres convenios y tres declaraciones sobre prohibición de ciertas armas de guerra12, que sólo firmaron por completo pocos Estados entre ellos España13. Aunque se esperaba el fracaso en materia de desarme, se lamentó más la mediocridad de los resultados alcanzados sobre el arbitraje; de las aspiraciones a la justicia obligatoria y permanente sólo quedó la frase siguiente del Preámbulo del Convenio para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, de 29 de julio de 1899:
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La institución permanente de una jurisdicción arbitral, accesible a todos..., puede contribuir eficazmente a extender el imperio del derecho y fortalecer el sentimiento de la justicia internacional.
El balance final de la Conferencia fue, en conjunto, insuficiente para los retos a que se enfrentaba la sociedad internacional de entonces; la Conferencia no estuvo a la altura exigida por la realidad de la vida internacional y el estallido de 1914 así lo confirmó14. No obstante, la Conferencia contribuyó al desarrollo del arbitraje facultativo codificando el Derecho consuetudinario arbitral con el Convenio para la resolución pacífica de los conflictos internacionales, ya citado, regulando el procedimiento arbitral y creando el Tribunal Permanente de Arbitraje15, con sede en La Haya. La Conferencia codificó también ciertas reglas del Derecho de la guerra. El logro mayor de la Conferencia fue crear un clima favorable al arbitraje como medio de arreglo de las controversias internacionales, impulsando todas sus modalidades (arbitraje ad hoc, tratados generales de arbitraje y cláusulas compromisorias)16. España en concreto celebró tratados generales de arbitraje con cierto número de Estados, sobre todo con Repúblicas iberoamericanas pero también con Francia y el Reino Unido.
Una vez recibida la segunda Nota circular del Conde Mouravieff, el Ministerio de Estado respondió prontamente mediante Nota Verbal dirigida al Embajador de Rusia en Madrid mostrando su acuerdo con el contenido general de la propuesta, manifestando en particular su interés porque la Conferencia se ocupara en sus trabajos de los buenos oficios, la mediación y el arbitraje como medios para prevenir los conflictos; aceptaba también la adaptación a la guerra marítima de las estipulaciones de la Convención de Ginebra de 1864 sobre la base de los artículos adicionales de 1868, puesto que ya había sido aplicada de facto -a propuesta del Gobierno suizo- en la guerra con Estados Unidos durante todas las hostilidades; además, el Gobierno español veía con buenos ojos la sugerencia rusa de que no fuera sede de la Conferencia la capital de una gran potencia17, como así ocurrió al ser designada La Haya como sede de «La Conferencia de la paz», denominación establecida por expreso deseo del Zar Nicolás II18. La invitación formal a participar en la Conferencia la extendió, por tanto, el Gobierno de los Países Bajos19.
El interés de España por el desarrollo de los medios pacíficos de arreglo, además de responder a una lógica aplastante tras el recientísimo desastre de Cuba y Filipinas, se alineaba con la posición de los Estados pequeños y menos poderosos, como los Países Bajos, favorables también a la creación de una jurisdicción arbitral permanente20.
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El Ministro de Estado nombró miembros de la Delegación española al Duque de Tetuán, y Presidente de la misma, y a los Embajadores en Bruselas (D. Wenceslao Ramírez de Villa Urrutia) y en La Haya (D. Arturo de Baguer), a los que se incorporó como experto castrense el Coronel Conde del Serrallo, destinado como Agregado militar en Bruselas. Fue una Delegación equilibrada por la presencia de un político, dos diplomáticos profesionales y un militar, que cumplió con diligencia sus obligaciones como lo prueba la profusión de telegramas y documentos remitidos al Ministerio de Estado durante los dos meses y medio que duró la Conferencia...
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