Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Marzo de 1998. Caso de la ?Panel Blanca? (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Serie C No. 37

Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 1998
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la ?Panel Blanca? (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala
Acto:Fondo
Solicitante:Haití
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la “P.B.” (PaniaguaM. y otros) Vs. Guatemala

Sentencia del 8 de marzo de 1998

(Fondo)

En el caso P.M. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces(*):

H.S.P., Presidente

Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Máximo Pacheco Gómez, Juez

Alirio Abreu Burelli, J. y

E.E.L.S., J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

V.M.R.R., S. adjunto a.i.

de acuerdo con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), dicta la siguiente Sentencia sobre el presente caso.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

  1. El 19 de enero de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) que se originó en una denuncia (Nº 10.154) recibida en la Secretaría de la Comisión el 10 de febrero de 1988. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento entonces vigente(*). La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación por parte de Guatemala de la Convención como resultado de los “actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado de Guatemala contra once víctimas” durante 1987 y 1988 (caso conocido como el “caso de la panel blanca” debido al uso de un vehículo de ese tipo como parte del modus operandi). En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que Guatemala violó las siguientes normas:

    Artículo 4 de la Convención Americana (Derecho a la Vida) de las siguientes víctimas: A.E.P.M., J.S.G.A., W.O.G.R., P.C.B., M. de J.G.L. y E.L.C..

    Artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana y las obligaciones que establecen los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de A.E.P.M., J.S.G.A., W.O.G.R., P.C.B., M. de J.G.L., A.A.R., D.T.G., J.A.M., O.V. y M.A.M.L..

    Artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, los cuales han sido violados y continúan siendo violados en perjuicio de todas las víctimas de este caso.

    Artículo 1.1 (Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos) como consecuencia del incumplimiento señalado de las garantías consagradas en la Convención.

    Igualmente, la Comisión pidió a la Corte que exigiera al Estado identificar y castigar a los responsables de las violaciones antes mencionadas, indemnizar a las víctimas de las mismas de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención; pagar a éstas o a sus familiares las costas y los gastos en que incurrieron en la tramitación de este caso ante la Comisión y la Corte y el pago de un monto razonable por concepto de honorarios.

    II

    COMPETENCIA DE LA CORTE

  2. La Corte es competente para conocer del presente caso. Guatemala es Estado Parte en la Convención desde el 25 de mayo de 1978, aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987 y ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 29 de enero de 1987.

    III

    PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

  3. El caso 10.154 fue abierto por la Comisión Interamericana a raíz de una denuncia interpuesta el 10 de febrero de 1988, referente a la desaparición de A.E.P.M., ocurrida el día anterior.

  4. El 11 de febrero de 1988 la Comisión transmitió al Estado la petición en la cual se denunciaba el secuestro de la señora P.M. y le solicitó información. El 16 de febrero del mismo año, Guatemala confirmó la desaparición de la víctima y el hallazgo de su cadáver e informó que las autoridades competentes estaban investigando el caso.

  5. El 11 de febrero y el 2 de marzo de 1988 y el 13 de febrero de 1989 los peticionarios enviaron a la Comisión información adicional sobre las circunstancias del secuestro de la señora P.M.; en la última comunicación denunciaron el asesinato del joven estudiante E.L.C., ocurrido el 17 de febrero de 1988 y, con posterioridad, le solicitaron que incluyera a dicha víctima en el caso.

  6. El 23 de abril y el 11 de mayo de 1990 el Estado informó a la Comisión de algunos avances en la investigación del caso y presentó la excepción de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna; además, solicitó que se eliminara dicho caso de la lista de la Comisión contra Guatemala. La misma petición, basada en ese argumento, fue reiterada los días 3 y 15 de octubre de 1990.

  7. El 28 de septiembre de 1990 durante su 78º período de sesiones, y el 23 de septiembre de 1991, en su 80º período de sesiones, la Comisión celebró audiencias sobre el caso, con la presencia de representantes de ambas partes.

  8. El 28 de noviembre de 1990 el Estado informó a la Comisión que en el proceso judicial interno contra el señor O.A.D.U., ex Director de la Guardia de Hacienda, se había sobreseído definitivamente al imputado, por “no haber bases suficientes para enjuiciar[le] por el delito de abuso de autoridad”.

  9. El 30 de diciembre de 1991 los peticionarios remitieron a la Comisión una lista ampliada de las víctimas de conformidad con la posición planteada previamente, de que el caso involucraba un número indeterminado de víctimas. Se indicó que “otras cinco personas habían sido secuestradas y asesinadas; otras cinco habían sido secuestradas y detenidas ilícitamente. Todas las personas adicionales nombradas habían sido previamente identificadas como víctimas en la investigación policial y judicial en Guatemala”.

  10. El 14 de mayo de 1992 las partes pertinentes de esta comunicación fueron transmitidas al Estado. No obstante dos solicitudes de prórroga para enviar nueva información sobre el caso, el Estado nunca lo hizo ni envió sus observaciones finales.

  11. El 23 de julio y, luego, el 5 de agosto de 1993 la Comisión se puso a disposición de las partes con el propósito de llegar a una solución amistosa en el asunto. Tanto el Estado como los peticionarios expresaron su interés para llegar a un acuerdo y realizaron varias gestiones en este sentido, el primero incluso solicitó que le fuese suministrada información sobre los eventuales beneficiarios. Sin embargo, a partir de mayo de 1994 el Estado dejó de responder favorablemente a los intentos de solución amistosa ofrecidos por la Comisión y el 28 de julio de 1994 los peticionarios informaron a la Comisión que consideraban cerrado el procedimiento de solución amistosa.

  12. El 11 de septiembre de 1994, cinco días antes de celebrarse la audiencia final sobre este caso ante la Comisión, el señor O.V. -quien era víctima y testigo en este caso- y su hijo fueron asesinados.

  13. El 16 de septiembre de 1994 durante el 87º período ordinario de sesiones de la Comisión, a solicitud de los peticionarios, se celebró otra audiencia sobre el caso a la que asistieron representantes de ambas partes. Según la Comisión, en el transcurso de esta audiencia se presentó “la última comunicación escrita del Gobierno relativa a los méritos del caso”.

  14. Con respecto al procedimiento ante la Comisión, ésta señaló que “en ningún momento el Gobierno disputó que hayan tenido lugar los delitos sobre los que se basa este caso”, limitándose a afirmar que los recursos internos habían funcionado y que el proceso respectivo se encontraba en la etapa de sumario.

  15. El 28 de septiembre de 1994 la Comisión aprobó el Informe 23/94, en cuya parte dispositiva resolvió lo siguiente:

  16. Admitir el presente caso.

  17. Declarar que el Gobierno de Guatemala no ha cumplido sus obligaciones de respetar los derechos y libertades contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de garantizar su ejercicio, según lo dispone el Artículo 1 de dicho instrumento.

  18. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los derechos humanos de las víctimas en el presente caso, consagrados en los Artículos 4.1, 5.1 y .2, 7, 24 y 25 de la Convención Americana.

  19. Recomendar al Gobierno de Guatemala que adopte las siguientes medidas:

    a. investigar las violaciones que ocurrieron en el presente caso, juzgar y sancionar a los responsables;

    b. adoptar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de estas violaciones en el futuro;

    c. pagar una justa compensación a los parientes próximos de las víctimas.

  20. Transmitir este informe al Gobierno de Guatemala y otorgarle un término de 60 días para implementar las recomendaciones aquí contenidas. El plazo de 60 días se inicia a partir de la fecha de remisión del presente informe. Durante este plazo, el Gobierno no está autorizado para publicar este informe, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión.

  21. Remitir este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que el Gobierno de Guatemala no ponga en ejecución todas las recomendaciones contenidas en el presente informe.

  22. Dicho informe fue transmitido por la Comisión al Estado el 20 de octubre de 1994, con la solicitud de que informara sobre las medidas adoptadas para resolver la situación denunciada, dentro de un plazo de sesenta días. El Estado no respondió dicha solicitud, ni envió sus observaciones con respecto al Informe 23/94 y tampoco solicitó su reconsideración.

  23. El 13 de diciembre de 1994 los peticionarios enviaron a la Comisión una solicitud de medidas precautorias para proteger a siete miembros de la familia de O.V.. Ese mismo día, la Comisión solicitó al Estado que tomara todas las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de los miembros de la familia V. nombrados en la solicitud.

    IV

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  24. De acuerdo con la decisión adoptada durante su 87º período ordinario de sesiones (supra, párr. 15, aparte 6), la Comisión...

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