Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Enero de 1996. Caso de la ?Panel Blanca? (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Serie C No. 23

Fecha de Resolución25 de Enero de 1996
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
Casode la ?Panel Blanca? (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala
ActoExcepciones Preliminares
SolicitanteHaití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la “P.B.” (PaniaguaM. y otros) Vs. Guatemala

Sentencia de 25 de enero de 1996

(Excepciones Preliminares)

En el caso P.M. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces(*):

H.F.-Zamudio, Presidente

Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Máximo Pacheco Gómez, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, Juez

Edgar E. Larraondo Salguero, J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

de acuerdo con el artículo 31.6 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de la República de Guatemala (en adelante “el Gobierno” o “Guatemala”).

I

  1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) mediante nota del 18 de enero de 1995, recibida el día siguiente. Se originó en una petición (No. 10.154) contra Guatemala recibida en la Secretaría de la Comisión el 10 de febrero de 1988.

  2. Al presentar el caso ante la Corte, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión Interamericana sometió este caso para que la Corte determinara la responsabilidad de Guatemala por supuestos “actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado de Guatemala contra once víctimas” durante 1987 y 1988 (caso conocido como el de la “Panel Blanca” debido al uso de un vehículo de ese tipo como parte del modus operandi) y para que declare que Guatemala ha violado las siguientes normas:

    Artículo 4 de la Convención Americana (Derecho a la Vida) de las siguientes víctimas: A.E.P.M., J.S.G.A., W.O.G.R., P.C.B., M. de J.G.L. y E.L.C..

    Artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana y las obligaciones que establecen los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de A.E.P.M., J.S.G.A., W.O.G.R., P.C.B., M. de J.G.L., A.A.R., D.T.G., J.A.M., O.V. y M.A.M.L..

    Artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, los cuales han sido violados y continúan siendo violados en perjuicio de todas las víctimas de este caso.

    Artículo 1.1 (Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos) como consecuencia del incumplimiento señalado de las garantías consagradas en la Convención.

    Asimismo, la Comisión pidió a la Corte que exigiera al Gobierno identificar y castigar a los responsables de las violaciones antes mencionadas, indemnizar a las víctimas de las mismas de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención y pagar las costas y gastos de las víctimas y sus familiares incurridos en la tramitación de este caso ante la Comisión y la Corte y los honorarios razonables de sus abogados.

  3. La Comisión Interamericana designó delegado a C.G. y abogados a E.M.R., D.J.P., E.A.-Mershed y O.K.. Además, la Comisión nombró asistentes a las siguientes personas, que señaló como representantes legales de los peticionarios originales: M.M., V.K., A.D., M.M., J.M. y J.M.V..

  4. El 19 de enero de 1995 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) acusó recibo del facsímil de la Comisión de ese mismo día, mediante el cual sometió el caso a la Corte. En esa fecha, la Comisión acusó recibo de dicho escrito e indicó que sólo para efectos de registro, la transmisión de la demanda se inició en sus oficinas antes de la medianoche del 18 de enero de 1995 (hora de Costa Rica, país sede de la Corte). Por nota del 20 de enero del mismo año la Secretaría de la Comisión ratificó los términos de su escrito anterior e indicó que la primera hoja de la demanda había ingresado a la “01:52 horas y la última a las 3:17 horas (hora de Costa Rica) del día 19 de enero de 1995.” Por carta del 25 de enero de 1995, la Comisión aclaró que “el tiempo indicado en la cubierta del facsímil era el registrado por la máquina de fax de la Comisión y no del de la Corte” y que además, ese horario estaba una hora adelantado del real porque el Departamento de Recursos Materiales de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la O.E.A”) generalmente no ajusta esas máquinas durante el horario de invierno, por lo que, “como la hora de Costa Rica era una hora más temprano que la de Washington, D.C. [sede de la Comisión], eso significa que la Corte empezó a recibir el escrito de la demanda a las 11:52 (hora de Costa Rica).” Se presentó como anexo de dicha carta un memorando del Director del Departamento de Recursos Humanos de la O.E.A certificando el cambio de hora del facsímil de la Comisión.

  5. El Presidente de la Corte (en adelante “El Presidente”), después de haber realizado un examen preliminar de la demanda y una vez que la Comisión subsanó los defectos enumerados en la carta de la Secretaría del 9 de febrero de 1995, autorizó la tramitación del caso. Por nota del 6 de marzo de 1995 se notificó oficialmente la demanda al Gobierno y se le otorgó un plazo de dos semanas para nombrar agente y agente alterno; uno de tres meses para contestar la demanda y uno de treinta días para oponer excepciones preliminares y por otra comunicación de la misma fecha se le invitó a designar J. ad hoc.

  6. Por nota del 20 de marzo de 1995 el Gobierno designó a los señores A.V.M. y V.A.S. como agente y agente alterno respectivamente y el 19 de abril del mismo año, nombró Juez ad hoc a E.E.L.S.. El 29 de agosto de 1995, el Gobierno nombró al señor A.N.A. como J. ad hoc en sustitución del señor L.S.. La Corte, por resolución del 11 de septiembre de 1995 decidió “[n]o admitir la pretendida sustitución del J. ad hoc E.E.L.S. por el Licenciado A.N.A.”.

  7. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Gobierno presentó el 3 de abril de 1995 un escrito en el cual interpuso excepciones preliminares (véase infra párr. 23).

  8. En ese mismo escrito el Gobierno solicitó a la Corte que, por el carácter de las excepciones preliminares, decidiera expresamente la suspensión del procedimiento sobre el fondo. Al respecto, la Corte por resolución del 17 de mayo de 1995, declaró improcedente dicha solicitud y continuó con la tramitación del caso en sus distintas etapas procesales debido a que la suspensión solicitada no respondía a una “situación excepcional” y no se presentaron argumentos que la justificaran.

  9. La Secretaría, de conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento, notificó las excepciones preliminares y otorgó a la Comisión un plazo de treinta días para que presentara sus alegatos. La Comisión los presentó el 4 de mayo de 1995, en escrito mediante el cual refutó las excepciones “por carecer de fundamento de hecho y de derecho”.

  10. El Presidente, por resolución del 20 de mayo de 1995, y de acuerdo con el artículo 31.6 del Reglamento, convocó a las partes a una audiencia pública a celebrarse el 14 de septiembre de 1995 para conocer sus puntos de vista sobre las excepciones preliminares opuestas. La Comisión solicitó la posposición de dicha audiencia y el Presidente, mediante resolución del 30 de junio de 1995, acogió la solicitud y señaló el 16 de septiembre de 1995 para la realización de dicha audiencia.

  11. El 2 de junio de 1995 el Gobierno presentó su contestación de la demanda.

  12. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte el 16 de septiembre de 1995, a la cual comparecieron:

    por el Gobierno de la República de Guatemala:

    A.V.M., agente

    V.A.S., agente alterno

    D.A.M., asistente

    R.O.J., asistente

    A.N.A., asistente

    C.M.S., asistente;

    por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

    C.G., delegado

    D.J.P., abogado

    E.A.-Mershed, abogada

    M.M., asistente

    A.D., asistente

    M.M., asistente.

    II

  13. En los siguientes párrafos, y de acuerdo con la demanda presentada ante la Corte con sus anexos, se resumen los hechos, circunstancias y trámite de este caso ante la Comisión.

  14. Según la demanda, en cada uno de los delitos que se alegan en ella el “modus operandi” era el siguiente: miembros de la Guardia de Hacienda de Guatemala, fuertemente armados, detenían por la fuerza a personas y las obligaban a subir a una panel (camioneta) blanca. Estos secuestros tuvieron lugar en la ciudad de Guatemala entre fines de diciembre de 1987 y febrero de 1988, con excepción de un secuestro y ejecución ocurridos en junio de 1987. En todos los casos alegados, agentes de la Guardia de Hacienda detuvieron a las personas sin ninguna orden judicial. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y torturados; otros fueron ejecutados después de ser torturados y sus cuerpos abandonados pocos días después de su detención en las calles de la ciudad de Guatemala y sus alrededores.

  15. El 11 de febrero de 1988, la Comisión transmitió al Gobierno las partes pertinentes de la petición en la que se denunciaba el secuestro de A.E.P.M. y le solicitó información. El 16 de febrero del mismo año, el Gobierno contestó confirmando la desaparición de la víctima y el hallazgo de su cadáver e informó que las autoridades competentes estaban investigando el caso, pero que la familia había rehusado brindar información para contribuir a encontrar a los responsables del crimen.

  16. El 13 de febrero de 1989, los peticionarios enviaron a la Comisión información adicional sobre las circunstancias del secuestro de A.E.P.M. y denunciaron el asesinato del joven estudiante E.L.C., ocurrido el 17 de febrero de 1988 y con posterioridad le solicitaron que incluyera a dicha víctima en el caso.

    17 . El 28 de septiembre de 1990, durante su 78º...

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