Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Septiembre de 2012. Caso Palma Mendoza y otros Vs. Ecuador. Serie C No. 247

Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoPalma Mendoza y otros Vs. Ecuador
ActoExcepcion Preliminar y Fondo
SolicitanteEl Salvador

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO PALMA MENDOZA Y OTROS VS. ECUADOR

SENTENCIA DE 3 SEPTIEMBRE DE 2012

EXCEPCION PRELIMINAR Y FONDO

En el caso P.M. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.; y

E.V.G., J.,

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte(( (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

I Introducción de la Causa y objeto de la Controversia 3

II Procedimiento ante la Corte 4

III EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE “CUARTA INSTANCIA” 5

IV Competencia 8

V Prueba 8

  1. Prueba documental, testimonial y pericial 8

  2. Admisión de la prueba documental 9

  3. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas y del dictamen pericial 9

    VI HECHOS 10

  4. Privación de la libertad y posterior muerte del señor P.M. 10

  5. Investigación de los hechos y hallazgo del cuerpo del señor P.M. y su posterior identificación …………………………………………………………………………………………………………………………………………11

    VII derechos a las Garantías y protección judiciales en relación con el derecho a la vida y las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciOnes de derecho interno (artículos 8, 25, 4, 1.1 y 2 de la convención americana) 24

  6. Obligación de garantizar el derecho a la vida (artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del tratado)…………………………………………………………………………………………………………………. 29

  7. Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación de investigar los hechos (artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del tratado) 29

    2.1. Consideraciones generales sobre el deber de investigar 29

    2.2. H. corpus presentados en el caso 30

    2.3. Investigación realizada luego de la privación de la libertad del señor Palma Mendoza ………………… 31

    2.4. hallazgo e identificación del cuerpo del señor P.M. 32

    2.5. determinación de autores y partícipes en los hechos 32

    2.6. deber de llevar a cabo la investigación en un plazo razonable 34

  8. Conclusión …………………….34

    VIII DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DEL SEÑOR PALMA MENDOZA EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS (ARTÍCULOS 5 Y 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) 35

    IX PUNTOS RESOLUTIVOS 36

    i

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  9. EL 24 DE FEBRERO DE 2011 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”) SOMETIÓ A LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 51 Y 61 DE LA CONVENCIÓN, EL CASO PALMA MENDOZA Y OTROS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “ECUADOR”). LA PETICIÓN INICIAL FUE PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997 POR LA COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CEDHU”). EL 22 DE OCTUBRE DE 2010 LA COMISIÓN ADOPTÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO NO. 119/10 (EN ADELANTE “INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO”), EN EL CUAL DECLARÓ LA ADMISIBILIDAD DEL CASO, Y CONCLUYÓ CON BASE EN CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE ECUADOR

    es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías y protección judiciales y vida consagrados en los artículos 5, 8 y 25 en relación [con el] artículo 4 de la Convención Americana, t[o]dos ellos en conexión con el incumplimiento de los artículos 1(1) y 2 del mencionado instrumento, en perjuicio de: L.B. […], L.P.B., N.P.M., R.P.B., Perfelita Mendoza Agua[ll]o, C.P., V.P. y P.P.P..

    Además, recomendó al Estado que realizara una investigación de los hechos denunciados a fin de “juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Marco Bienvenido Palma Mendoza” (en adelante también “señor Palma Mendoza” o “señor Palma”) y que adoptara las medidas pertinentes para reparar a los familiares del señor P., “tanto en el aspecto material como moral”. Debido a que las recomendaciones no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como D. a la señora L.P.M., en ese entonces C., y al señor S.A.C., entonces Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, L.C. y N.A., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

  10. De acuerdo con lo señalado por la Comisión el 16 de mayo de 1997 el señor P.M., a eso de las 9:30 de la mañana, cuando iba en su vehículo en compañía de su hijo de 11 años, en el Cantón de Manta, Provincia de Manabí, fue “interceptado por una camioneta blanca”, de donde se bajaron tres individuos armados, vestidos de civil y que llevaban pasamontañas. El señor P. fue conducido al interior de dicho automóvil, que partió con rumbo desconocido, y fue asesinado “cinco días después de su secuestro”. Así, los hechos alegados por la Comisión se refieren a que el Estado es supuestamente “responsable por no proveer una posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida en el caso, [ya que] los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares del señor P.M. fueron ineficaces para dar con su paradero”. Según la Comisión “las autoridades estatales se limitaron a librar órdenes que no tuvieron resultados ni ayudaron a prevenir el asesinato del señor P.”. Además, en lo que se refiere a la obligación de investigar y sancionar, la Comisión señaló que se “requiere que se castigue no sólo a los autores materiales [de los hechos violatorios de derechos humanos], sino también a los autores intelectuales de tales hechos y a los encubridores”. En el presente caso, “a pesar de que se dictó una sentencia condenatoria en contra de tres personas en calidad de autor[a]s de la retención y muerte del señor P., se alegan deficiencias en el deber de investigación del Estado Ecuatoriano, así como en el plazo razonable en el que se condujo [el] mism[o] y la impunidad parcial en que ha resultado el proceso”.

  11. La Comisión solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque incumplió con sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, todos ellos en conexión con el incumplimiento de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares del señor P.M., a saber: L.G.B. (en adelante también “L.B.” o “señora Bravo”), L.M.P.B. (en adelante también “L.P.B.”), N.J.P.M. (en adelante también “N.P.M.”), R.P.B., P.M.M.A. (en adelante también “Perfelita Mendoza Aguallo” o “señora Perfelita Mendoza”), C.A.P.M. (en adelante también “C.P.M.”), V.L.P.M. (en adelante también “V.P.M.”) y P.A.P.P. (en adelante también “P.P.P.”).

    ii

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  12. EL CASO FUE NOTIFICADO AL ESTADO Y A LOS REPRESENTANTES EL 20 DE MAYO DE 2011. EL 18 DE JULIO DE 2011 LA SEÑORA E.M. Y EL SEÑOR CÉSAR DUQUE, INTEGRANTES DE CEDHU, EN REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS (EN ADELANTE “LOS REPRESENTANTES”), PRESENTARON ANTE LA CORTE SU ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS (EN ADELANTE “ESCRITO DE SOLICITUDES Y ARGUMENTOS”). EN ESTE ESCRITO HICIERON ALUSIÓN A LOS HECHOS SEÑALADOS POR LA COMISIÓN AMPLIANDO LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MISMOS. NO SEÑALARON AL SEÑOR MARCO BIENVENIDO PALMA MENDOZA COMO PRESUNTA VÍCTIMA, COMO TAMPOCO LO HIZO LA COMISIÓN (SUPRA PÁRR. 3) Y, EN GENERAL, COINCIDIERON CON LAS VIOLACIONES ALEGADAS POR ÉSTA EN PERJUICIO DE FAMILIARES DEL SEÑOR PALMA[1]. NO OBSTANTE, NO SOLICITARON QUE SE DECLARE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. POR ÚLTIMO, SOLICITARON DIVERSAS MEDIDAS DE REPARACIÓN.

  13. El 21 de octubre de 2010 el Estado presentó su escrito de interposición de una excepción preliminar, contestación del sometimiento de caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación del caso”). El Estado se refirió a los alegatos de hecho y de derecho presentados por la Comisión y los representantes, y solicitó a la Corte que acepte la excepción preliminar planteada sobre “la llamada fórmula de cuarta instancia” y declare que el Estado no ha violado los artículos 8, 25 y 5 en relación con el artículo 4 de la Convención Americana y el artículo 1.1 de la misma. También se refirió a las medidas de reparación solicitadas y a la pretensión de costas y gastos. El Estado designó a E.R.G., Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, como Agente y al señor A.F., como Agente Alterno.

  14. Los días 2 y 6 de diciembre de 2011 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, y solicitaron a la Corte que la desestime y prosiga con el fondo del caso.

  15. Mediante Resolución de 25 de enero de 2012, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas rendidas ante fedatario público (affidávit). Además convocó a las partes a una audiencia pública, la cual fue celebrada el 1 de marzo de 2012 durante el 94 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede[2], para escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas propuestas por los representantes y de un perito propuesto por el...

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