Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 2005. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Serie C No. 135

Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Palamara Iribarne Vs. Chile
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Colombia
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Palamara Iribarne Vs. Chile

Sentencia de 22 de noviembre de 2005

(Fondo Reparaciones y Costas)

En el caso P.I.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.; y

M.E.V.R., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 13 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”), la cual se originó en la denuncia No. 11.571, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de enero de 1996.

  2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, en perjuicio del señor H. A.P.I.. Los hechos expuestos en la demanda se refieren a la supuesta prohibición, en marzo de 1993, de la publicación del libro del señor H.A.P.I., titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”, “en el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos”; la presunta incautación de los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía el texto íntegro y la matricería electroestática de la publicación, todo efectuado en la sede de la imprenta donde se publicaba el libro; así como la supuesta eliminación del texto íntegro del libro del disco duro de la computadora personal que se encontraba en el domicilio del señor P.I., y a la incautación de los libros que se encontraban en dicho domicilio. Según lo indicado por la Comisión “el señor P.I., oficial retirado de la Armada chilena, se desempeñaba en el momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile en la ciudad de Punta Arenas”. La Comisión indicó que al señor P. I. “lo sometieron a un proceso por dos delitos de desobediencia y fue condenado por ello”, y “dio una conferencia de prensa producto de la cual fue procesado y en definitiva condenado por el delito de desacato”.

  3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.

    II

    Competencia

  4. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Chile es Estado Parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte ese mismo día.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 16 de enero de 1996 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó una denuncia ante la Comisión.

  6. El 10 de octubre de 2001 la Comisión aprobó el Informe Nº 77/01, mediante el cual declaró admisible el caso. El 19 de octubre de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

  7. El 4 de marzo de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 20/03, mediante el cual recomendó al Estado:

  8. Restituir a H.P. en el goce de sus derechos vulnerados y reintegrar los libros incautados.

  9. Reparar adecuadamente a H.P.I. por las violaciones de los derechos humanos […] establecidas [en el informe].

  10. Impulsar las medidas conducentes para adecuar la legislación interna a las normas de la Convención Americana en materia de libertad de expresión, en particular la derogación del delito de desacato.

  11. El 13 de marzo de 2003 la Comisión transmitió el referido informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas.

  12. El 13 de marzo de 2003 la Comisión comunicó a CEJIL la aprobación del informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención y le solicitó que presentara, dentro del plazo de un mes, su posición sobre el sometimiento del caso a la Corte.

  13. El 14 de abril de 2003 CEJIL presentó un escrito en el que solicitó a la Comisión que, en el supuesto de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso a la Corte.

  14. El 16 de mayo de 2003 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar las observaciones al Informe de Fondo No. 20/03 emitido por la Comisión (supra párr. 7), la cual fue concedida por la Comisión hasta el 5 de junio de 2003.

  15. El 12 de junio de 2003 el Estado solicitó una nueva prórroga para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión en el referido informe No. 20/03 (supra párr. 7) y señaló que “renuncia expresamente a interponer una excepción preliminar respecto del cumplimiento del plazo previsto por el […] artículo 51.1 de la Convención Americana”, en el entendido que la prórroga suspende dicho plazo.

  16. El 7 de agosto de 2003 el Estado solicitó una nueva prórroga de dos meses para dar cumplimiento a las mencionadas recomendaciones de la Comisión emitidas en el referido Informe No. 20/03 (supra párr. 7), la cual fue otorgada hasta el 12 de octubre de 2003.

  17. El 7 de octubre de 2003 el Estado remitió información a la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Informe de fondo Nº 20/03 (supra párr. 7) y solicitó una prórroga de tres meses “para ponerle término a[l…] caso, debido al avance de las conversaciones y […] la disposición del señor P.” y del Estado. Dicha prórroga fue otorgada hasta el 12 de enero de 2004. El 5 de enero de 2004 el Estado solicitó otra prórroga para informar sobre las recomendaciones de la Comisión, la cual fue concedida hasta el 12 de abril de 2004.

  18. El 13 de abril de 2004, después de vencido el plazo para que el Estado presentara información sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión en su Informe de fondo 20/03 (supra párr. 7), la Comisión decidió someter el caso a la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  19. El 13 de abril de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores E.F.A., S.A.C. y E.B., y como asesoras legales a la señoras A.G. y L.C..

  20. El 20 de mayo de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.b) del Reglamento, la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre el plazo para contestarla y designar su representación en el proceso.

  21. El 20 de mayo de 2004 la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d) y e) del Reglamento, notificó la demanda al señor H.P.I., a sus representantes, abogados de CEJIL (en adelante “los representantes”), y les indicó el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  22. El 16 de junio de 2004 el Estado designó como Agente a la señora A.E.U. y al señor M.Á.G.M. como Agente alterno.

  23. El 19 de julio de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.

  24. El 16 de septiembre de 2004 el Estado presentó el escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, al cual no adjuntó prueba.

  25. El 12 de enero de 2005 la Secretaría remitió una nota a Chile, siguiendo instrucciones del P., con el propósito de comunicarle que, debido a que la J.C.M.Q., de nacionalidad chilena, se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte, el Estado tenía derecho a designar, en el plazo de treinta días, un juez ad hoc para que participara en la consideración de este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Convención Americana, el artículo 10.3 del Estatuto de la Corte y el artículo 18 de su Reglamento. El Estado no realizó tal designación.

  26. El 18 de marzo de 2005 el Presidente emitió una Resolución, mediante la cual requirió que los señores A.S.O., F.P.S., H.P.S. y R.P.S., propuestos como testigos por los representantes, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor C.P.G., propuesto como perito por la Comisión y por los representantes, y los señores C.R.R. y M.I.H., propuestos como peritos por los representantes, prestaran sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la ciudad de Asunción, Paraguay, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de ese país el día 9 de mayo de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas...

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