Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Noviembre de 2009. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Serie C No. 209

Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2009
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoRadilla Pacheco Vs. México
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteNicaragua

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sentencia de 23 de noviembre de 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso R.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (en adelante “los representantes”). El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 65/05[2], mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 60/07[3], en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de Fondo, y al considerar que “el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores F.M., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, M.C.P., M.B. y M.C.R., especialistas de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión.

Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor R.R.P., que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho “se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos”. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, “[a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de R.R.P.. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los siguientes familiares del señor R.P.: V.M.N. (fallecida), Tita, A., R., R., E., R., A., A.M., C., P., Victoria y J., todos de apellido R.M.. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno). Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias.

El 19 de junio de 2008 los señores M.S.B., H.G.R. y M.S.B.-Ahuja, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la señora T.R.M. y el señor J.M.M., de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. En dicho escrito coincidieron con lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda y, además, alegaron la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada” o “CIDFP”).

Los representantes solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos II y XI de la CIDFP, en perjuicio del señor R.R.P.. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los siguientes familiares del señor R.P.: V.M.N. y Tita, A., R., E., Rosa, A., A., M. delC., M. delP., J., Victoria y R., todos de apellido R.M., así como de la “comunidad” a la que pertenecía el señor R.R.P.. Por otra parte, solicitaron declarar al Estado responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en concordancia con los artículos I, inciso b), y IX de la CIDFP, en perjuicio del señor R.R. y “de sus familiares”. Además, solicitaron al Tribunal que declarara la violación del artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), en relación con los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), todos de la Convención Americana, en concordancia con el artículo I, incisos a) y b) de la CIDFP, en relación con "el derecho a conocer la verdad”, en perjuicio de “los familiares” del señor R.R.P. y la sociedad mexicana en su conjunto. Finalmente, solicitaron a la Corte que declare que “[e]l Estado mexicano es responsable por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para la obtención de justicia y verdad, violando el artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo III de la [CIDFP]”, y que “[s]ea declarada nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la [CIDFP] por ir en contra del objeto y fin de [la misma]”.

El 21 de septiembre de 2008 el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). Así, el Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares: i) incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana; ii) incompetencia ratione temporis para aplicar la CIDFP debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México; iii) incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso, y iv) incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones al artículo 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana en perjuicio del señor R.R.P.. “Ad cautelam”, respecto del fondo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio del señor R.P. y sus “familiares”. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio del señor R.P.. De igual modo, se allanó a la alegada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en perjuicio de “los familiares” del señor R.P.. Por otro lado, México negó la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), en perjuicio de R.R.P.; 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor R.P.; 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) en perjuicio de sus familiares, y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), todos ellos de la Convención Americana. Finalmente, el Estado indicó estar dispuesto a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite ante la Comisión Interamericana. El Estado designó a la señora M.C.O.M., Embajadora de México en Costa Rica, como Agente en el presente caso, designación que fue posteriormente sustituida por la de la señora Z.G. y R., Embajadora de México en Costa Rica al momento de emitirse la presente Sentencia.

El 7 y 10 de noviembre de 2008 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.II

Procedimiento ante la Corte

Durante el proceso ante este Tribunal, las partes...

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