Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Abril de 2012. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Serie C No. 241

Fecha de Resolución27 de Abril de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoPacheco Teruel y otros Vs. Honduras
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteMéxico

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso PACHECO TERUEL Y OTROS Vs. HONDURAS

SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2012

(Fondo, R. y Costas)

En el caso P.T. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 63, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

ÍNDICE PÁGINA

  1. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 5

  3. COMPETENCIA 6

  4. PRUEBA 6

    A. Prueba documental, testimonial y pericial 6

    B. Admisión de la prueba 7

  5. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA 8

    A. El acuerdo de solución amistosa 8

    B. Consideraciones de la Corte 9

  6. CONTEXTO Y HECHOS DEL CASO 10

    A. El sistema penitenciario en Honduras 10

    B. Condiciones generales del Centro Penal de San Pedro Sula 12

    C. Condiciones particulares de la celda No. 19 13

    D. El incendio en la celda No. 19 14

    E. Causas del incendio 16

    F. Situación de los familiares de las víctimas 16

    G. Proceso judicial ante los tribunales nacionales 17

  7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE RESPECTO DE LOS ARTICULOS 4, 5, 7, 9, 8 Y 25, EN RELACION CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 18

    A. Los derechos violados 18

    B. Deber de Prevención en condiciones carcelarias 20

    C. Los familiares de las personas fallecidas 23

  8. REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana en el marco del acuerdo de solución amistosa) 24

    A. Parte Lesionada 25

    B. Beneficiarios del acuerdo de solución amistosa 26

    C. Medidas de reparación integral: garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción 27

    1. Garantías de no repetición 27

    2. Rehabilitación 35

    3. Satisfacción 36

    4. Otras medidas solicitadas 36

    D. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 37

    E. Fondo de oportunidades y compensación 38

    1. Daño material e inmaterial 38

    F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 39

  9. PUNTOS RESOLUTIVOS 40

    Voto Individual del Juez Eduardo Vio Grossi

    Anexo A: Lista de los internos fallecidos

    Anexo B: Lista de los internos en prisión preventiva

    Anexo C: Lista de familiares identificados por la Comisión

    Anexo D: Lista de internos fallecidos cuyos familiares no fueron identificados por la Comisión

    I

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 11 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso 12.680 contra el Estado de Honduras (en adelante “el Estado” u “Honduras”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 14 de julio de 2005 por las organizaciones Pastoral Penitenciaria, CARITAS Sampedrana y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación “ERIC” (en adelante los representantes). El 17 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 78/08 y el 22 de octubre de 2010 emitió el Informe de Fondo No. 118/10, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “informe de fondo”)[2]. Este último informe fue notificado a Honduras mediante una comunicación de 14 de diciembre de 2010, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión señaló que, luego de vencido el plazo sin que el Estado diera cumplimiento a las recomendaciones, sometió el caso al Tribunal en virtud de la necesidad de obtener justicia y una justa reparación. La Comisión Interamericana designó como delegados a los señores F.G., Comisionado, y a su S.E.S.A.C., y como asesores legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, L.C., I.M. y al señor A.P., abogados de la Secretaría Ejecutiva.

    De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por “la muerte de […] 107 internos privados de libertad[,] el 17 de mayo de 2004[,] en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula [como] resultado directo de una serie de deficiencias estructurales presentes en dicho centro penitenciario, las cuales eran de conocimiento de las autoridades competentes”. La Comisión indicó que las personas fallecidas eran “miembros de maras’’ a quienes se mantenían aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre”. Asimismo, la Comisión indicó que los hechos materia del presente caso “son en definitiva una consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas”. Además, el caso “se enmarca en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las organizaciones criminales denominadas maras. En ese sentido, las situaciones denunciadas […] son comunes a otros Estados centroamericanos”. Por otro lado, “el Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente”.

    La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Por otra parte, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de ciertas medidas de reparación.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado al Estado y a los representantes el 15 de junio de 2011. El 15 de agosto de 2011 las organizaciones representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento. Los representantes coincidieron, en general, con los alegatos de la Comisión Interamericana y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión. Finalmente, solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos. Por otra parte, los representantes señalaron que representan a 18 supuestas víctimas fallecidas y sus familiares, y que nunca habían mantenido contacto con los familiares de los demás 89 internos fallecidos. No obstante, refirieron que “ante una virtual ejecución de sentencia favorable de [la] Corte, podría[n] representar a posteriori y en el plano nacional a las víctimas y sus familiares que por diversos motivos no han sido incluidos en el documento de poder que se adjunt[ó]”[3].

    El 21 de octubre de 2011 Honduras presentó ante la Corte su contestación a los escritos de sometimiento del caso y de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación” o “contestación”). En dicho escrito, el Estado controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, y rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a la Convención Americana y las reparaciones solicitadas. El Estado designó a la señora E.D.E. y al señor R.R. como Agentes para el caso.

    Mediante Resolución de 27 de enero de 2012, el Presidente de la Corte ordenó, entre otros, recibir diversas declaraciones en el presente caso[4]. Asimismo, convocó a las partes a una audiencia pública, la cual fue celebrada el 28 de febrero de 2012 durante el 94 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, el cual tuvo lugar en la sede del Tribunal[5].

    Durante la audiencia pública del caso, el 28 de febrero de 2012, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos descritos en el Informe de Fondo de la Comisión y manifestó haber llegado a un acuerdo de solución amistosa con los representantes (infra párr. 14). En consecuencia, el Tribunal, mediante Resolución incidental de 29 de febrero de 2012, dejó sin efecto el plazo previsto para la remisión de los alegatos finales escritos de las partes y las observaciones finales de la Comisión, en vista del acuerdo de solución amistosa alcanzado entre los representantes y el Estado[6].

    III

    COMPETENCIA

    La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62.3 de la Convención Americana, en razón de que Honduras es Estado Parte de la Convención desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981.

    IV

    PRUEBA

    Con base en lo establecido en los artículos 46, 50, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos en diversas oportunidades procesales, las declaraciones de las presuntas víctimas y de los testigos, así como los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público y en la audiencia pública ante la Corte. Para ello, este Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente[7].

    Prueba documental, testimonial y pericial

    El Tribunal recibió documentos presentados por los representantes y el Estado (supra párrs. 1, 4, 5 y 7). Asimismo, durante la audiencia pública del caso, los...

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