El conflicto entre Argentina y la República Oriental del Uruguay por el establecimiento de plantas de celulosas sobre el Río Uruguay

Autor:María Teresa Ponte Iglesias
Páginas:1084-1090

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Para guiar al lector en su aproximación a este conflicto, el primer hecho que debemos resaltar es la estrategia de producción forestal, centrada en la plantación de eucaliptos con miras a la producción de celulosa, promovida y fomentada en varias zonas de América de Sur, con el respaldo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo durante los años 80, y fundamentalmente a partir de la década de los 90. Esta estrategia ha conducido a que alrededor de un 40 por 100 de los 10 millones de hectáreas de plantaciones de árboles de rápido crecimiento existentes en el mundo corresponda a las plantaciones localizadas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Actualmente, Argentina cuenta con 1,0 millones de pinos y eucaliptos -concentrados principalmente en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones- con 10 plantas de celulosa y una producción que ronda los 0,8 millones de toneladas. Por su parte, Uruguay tiene unas 800.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos con la previsión de alcanzar a medio plazo los 3 millones de hectáreas. La explotación forestal en Uruguay se ha convertido en una cuestión Page 1085 económica de interés creciente, sobre todo, desde el 2 de diciembre de 1987, fecha en la que el Gobierno adoptó la Ley de forestación con fines industriales.

En 1990, la Empresa Nacional de Celulosas de España (en adelante ENCE) se establece en Uruguay a través de su filial Eufores, quien en 1997 adquiere la estancia M'Bopicuá, construyendo en 1999 un complejo de transporte -la Terminal Logística M'Bopicuá S. A.-, emplazado a la altura del km 108 del río Uruguay, a 12 kms, río arriba de la ciudad de Fray Bentos.

Tras quince años de actividad, ENCE decidió emprender la construcción de una planta de fabricación de pasta de celulosa -denominada «Celulosa M'Bopicuá (en adelante "CMB")»- en los alrededores de la ciudad de Fray Bentos. A tal efecto, en julio de 2002, ENCE comunica a la Dirección Nacional de Medio Ambiente el proyecto de instalación de la planta para producir 500.000 toneladas de pasta anuales. En octubre de 2003, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente concede a ENCE la autorización ambiental previa, después de que la empresa española realizara una serie de estudios sobre impacto ambiental y el Gobierno uruguayo convocase una audiencia pública para que la población de Fray Bentos planteara las preocupaciones ambientales suscitadas por la instalación de la referida planta.

Ese mismo mes de octubre, la Empresa finlandesa Oy Metsä AB (en adelante «Botnia») anuncia la instalación de otra planta de fabricación de pulpa de celulosa a 4 Km de Fray Bentos, con una estimación de producción cifrada en un 1 millón de toneladas al año. Al igual que en el caso anterior, Botnia comunica a la Dirección Nacional de Medio Ambiente el proyecto, obteniendo año y medio después la correspondiente autorización previa.

Ambos proyectos suponen una inversión total de 1.800 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial financiará hasta 400 millones. Su puesta en funcionamiento -estimada para CMB en junio de 2008 y para Botnia en agosto de 2007-, supondrá para Uruguay el incremento del 1,8 de su PIB. Las dos inversiones crearán unos 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Ante la imposibilidad de realizar aquí un análisis exhaustivo de todos los ingredientes medulares de este conflicto, lo primero que me interesa destacar desde la vertiente del Derecho Internacional es el hecho de que nos encontramos ante la construcción en territorio uruguayo, cerca de la ciudad de Fray Bentos -fronteriza con la ciudad argentina de Gualeguaychú- de dos plantas de fabricación de pasta de celulosa sobre un curso de agua internacional: el río Uruguay, que en buena parte de su recorrido marca la frontera entre Argentina y Uruguay, conformando así un espacio transfronterizo que requiere, un tratamiento compartido e integrado que garantice la utilización óptima y sostenible del río dentro de un espíritu de buena vecindad, cooperación y concertación a nivel central, regional y local.

Sin embargo y contrariamente, se ha generado un conflicto diplomático y social entre ambos países, calificado como «la guerra de la celulosa», que ha llevado a la República Argentina a presentar una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (en adelante TIJ), reclamando por la instalación de las referidas plantas, en violación de las disposiciones comunes que regulan la utilización y aprovechamiento del río Uruguay, y a la República Oriental del Uruguay a recurrir primero al sistema arbitral del MERCOSUR para plantear la presunta violación argentina del derecho de libre circulación en contravención de la normativa MERCOSUR, y más tarde a presentar una demanda contra Argentina ante el TIJ, por las acciones y movilizaciones llevadas a cabo por movimientos organizados de la población de Gualeguaychú, que han provocado el constante bloqueo y corte de las rutas y de tres de los cuatro puentes internacionales que unen a Argentina con Uruguay con la evidente pasividad del Gobierno argentino.

A la vista de un...

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